La incidencia delictiva que se ha presentado en San Luis Potosí, durante los primeros días del año, seguramente es una cuestión que debe preocupar y ocupar a nuestras autoridades. Aunque también hay que señalar que este fenómeno, no es privativo del territorio potosino, pues es una situación que se está viviendo de manera alarmante a nivel nacional. Es claro que todo lo que se refiere al tema de la inseguridad genera incertidumbre en una sociedad que está viendo perdida su tranquilidad, sin embargo, no podemos permitir que en nuestro San Luis Potosí, el tema de la “Seguridad Pública” se tome como bandera política y se busque aprovechar con el único fin de sacar raja política de cara a los procesos electorales que estaremos viviendo este 2018. Todos debemos estar conscientes de lo que significa, el contribuir a generar un clima adverso para nuestra sociedad, tomando en cuenta que uno de los principales riesgos que enfrenta una entidad ante una delincuencia incontrolable, es la perdida de inversiones y como escalada se puede venir, la falta de empleos que también truncará el desarrollo de San Luis Potosí. No pretendemos, defender a nadie, porque en el tema de la seguridad pública, existen autoridades que son responsables de garantizar este derecho consagrado en la Constitución en favor de los ciudadanos y que en ningún momento, autoridad alguna puede estar exenta de sus obligaciones. Lo cierto es que el único propósito de esta opinión, es el generar conciencia sobre lo que se puede perder, si no se actúa con responsabilidad en un tema tan delicado como es la seguridad pública y que no sólo, roba la tranquilidad, sino las conciencias y la pérdida de confianza de quienes por alguna circunstancia son víctimas de la delincuencia. San Luis Potosí, conoce muy bien sobre los riesgos de perder inversiones por cuestiones de inseguridad, sin embargo, es claro que lejos de colores o ideologías partidistas es necesario impulsar la suma de voluntades para generar un voto de confianza a nuestras autoridades, porque nunca es tarde para recobrar la tranquilidad que por casi una década se nos ha robado a todos los potosinos. Ya lo han dicho los que saben, no es con varitas mágicas o con buenos deseos como se puede recobrar la tranquilidad de los potosinos de la noche a la mañana, sino que se requiere del esfuerzo, coordinación y la convicción. Contrario a lo que se piense, el gobernador Juan Manuel Carreras, está trabajando en busca de recobrar la tranquilidad de los potosinos, y ha dejado de manifiesto que existe confianza en el nuevo titular de seguridad Jaime Pineda, quien también ha pedido un voto de confianza para dar los resultados esperados en un corto tiempo.                                                              APUNTES

PUNTO A FAVOR.- Resulta muy positivo que agentes ministeriales de la Procuraduría General de Justicia capturarán en flagrancia a un hombre relacionado con los recientes hechos en la zona metropolitana, apodado GAFE, luego de que atacará con disparos a los elementos de la corporación policial. A esta persona se le investiga por su probable participación en varios eventos delictivos ocurridos en la zona metropolitana de la entidad potosina. PSEUDO TAXISTA.- Luego de las últimas manifestaciones de supuestos taxistas que encabeza un tal Chema, que ni siquiera es taxista, ni concesionario, familiares del centro de rehabilitación que él representa, se quejaron de que saca a las personas que están en tratamiento para que se manifiesten, poniendo en riesgo su integridad física, ojalá la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) investigue esta situación. ESPERANZA.- Todo se encuentra listo, para que el próximo 29 de enero, los integrantes del Congreso del Estado, sometan a consideración el proceso de selección de quienes podrían ocupar la titularidad de las fiscalías especiales en materia electoral y anticorrupción, en base a las ternas que les fueron enviadas por el Ejecutivo. Sin duda, aún queda la esperanza de que los partidos políticos, privilegien el interés de San Luis Potosí, y se pueda sacar adelante, dicha designación, lo cual, permitiría generar una mayor certidumbre sobre el fortalecimiento del nuevos sistema estatal anticorrupción.