Hace ya un año que se aprobó por el Congreso del Estado la llamada “Ley Uber”, que obligaba a los choferes de esta aplicación a registrarse ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para poder operar, además de prohibirles cobrar en efectivo. A 12 meses de distancia, sin embargo, nada ha cambiado. Uber sigue cobrando en efectivo, que es además el método de pago más común, y sus socios y choferes jamás acudieron a registrarse ante la SCT. En los primeros meses, los choferes estaban preocupados de que los obligaran, pero conforme pasó el tiempo se les olvidó, porque nunca hubo presión real de parte de las autoridades estatales. La mayor presión ocurrió durante la Feria Nacional Potosina, donde a insistencia de los taxistas, se impidió a choferes de la plataforma operar en los alrededores del recinto ferial e incluso se presentaron connatos de bronca. Ahora los taxistas vuelven a exigir medidas contundentes contra los operadores de Uber. Este martes se reunieron con el gobernador, quien les prometió mayor número de operativos para el decomiso de unidades. Si los operativos no se llevan a cabo, lo más probable es que la violencia contra operadores de Uber regrese, porque los taxistas afirman que la piratería de Uber ya subió de nivel. No solo operan con la plataforma, sino que contactan a sus usuarios a través de WhatsApp. Según expertos, la “Ley Uber” no es la solución para regular este nuevo sistema de transporte, pero eso no se puede saber cuando a un año de distancia ni siquiera se ha aplicado, es letra muerte, como comúnmente se les nombra a las leyes que nunca se aplican. La realidad es que la autoridad nunca ha mostrado interés en resolver este problema de fondo, más bien ha optado por “nadar de a muertito”, con graves consecuencias, incluso para la paz social en SLP.