Las leyes de ingresos 2018 de 15 municipios potosinos contemplan cobros excesivos para los ciudadanos, al momento en que estos hacen una solicitud de información a los ayuntamientos, al grado de que pueden llegar a cobrar hasta 400 pesos por entregar información vía USB, declaró Jorge Andrés López Espinosa, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), en entrevista para Imagen Informativa. El pasado 22 de enero, la CEDH promovió una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de las leyes de ingresos de 15 municipios, debido a los cobros que se realizan para entregarle información pública a los ciudadanos, ya que esto contraviene al artículo 17 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información y al artículo 6° de la Constitución, que hablan de que el acceso a la información debe ser gratuito o con cobros asequibles para los ciudadanos. Comentó que en algunos municipios cobran hasta 241 pesos para enviar la información vía correo electrónico, 100 pesos por darla en un disco compacto u 83 pesos por entregar una copia certificada, lo cual consideró que son costos inalcanzables para la población, considerando que muchos de estos municipios son los que tienen más bajo poder adquisitivo de sus pobladores en toda la entidad. Los municipios que están incluidos en esta acción de inconstitucionalidad están: Alaquines, Charcas, Ciudad Fernández, Ébano, Real de Catorce, San Ciro de Acosta, Matehuala, San Luis Potosí, Soledad, Tanlajás, Tanquián de Escobedo, Rioverde, San Antonio, Tamazunchale y Tamuín. Dijo esperar que la SCJN, dentro de su análisis de este recurso, contemple las consideraciones constitucionales respecto de que el acceso a la información debe ser gratuito y con ello declare inconstitucionales estas leyes de ingresos, con el fin de que se pueda revertir el cobro de estas cantidades.