El diputado de Morena Hugo Rafael Ruiz Lustre utilizó su cargo como presidente de la Comisión de Derechos Humanos de San Lázaro para gestionar la entrega de recursos públicos que aún no han "bajado" a algunos municipios. Por escrito y en papel membretado, el legislador federal envió un oficio a los llamados "superdelegados" del Gobierno federal para que atiendan las peticiones. En el documento, incluso designó a los gestores y enlaces para la entrega de los recursos y explicó que las autoridades municipales ya fueron "asesoradas técnicamente" por el "Colegio Mexicano para el Desarrollo", una supuesta institución académica de la que no se tiene registro público. Según la misiva, dirigida a los coordinadores de los programas sociales, el legislador solicita la colaboración de los funcionarios para "reforzar la gestión a las solicitudes de proyectos" municipales. "Durante los últimos meses, autoridades municipales han acudido buscando el apoyo y acompañamiento para llevar a cabo sus procesos de solicitud para la obtención que no han sido otorgados por falta de orientación respecto a las especificaciones técnicas y a la falta de reglas de operación de los distintos programas federales", indica. "Por tal motivo se le refirió al colegio mexicano para el desarrollo con objeto de auxiliarles en el llenado de sus expedientes técnicos y llevar a cabo la gestión correspondiente". El diputado designó como enlace de su comisión con los "superdelegados" a Gerardo Alcántara y como enlace externo e interlocutor a Ramsés Villalpando. "A quienes encomiendo tratar los asuntos relacionados con los municipios", expresó. Con la llegada del nuevo Gobierno, el Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que se pondría fin a las gestiones presupuestales de legisladores federales, ya que, en el pasado, esas acciones fomentaron el uso de "moches" o pago de comisiones a los diputados por "bajar" los recursos a las comunidades. En ese marco, el Ejecutivo incluso eliminó del proyecto del Presupuesto de Egresos el llamado "fondo de moches", tras advertir que todos los recursos bajarán directamente a las autoridades locales y, en el caso de los programas sociales, a la población. -- Reforma