Tras reunirse con Efraín Arriola Ortiz, presidente del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, el Gobernador del Estado Juan Manuel Carreras López, aseguró que contra la corrupción su administración ha puesto toda la voluntad y empeño, por ello ha imnpulsado e implementado una serie de acciones y medidas inéditas que le den solidez a esta política pública.

Desdtacó que como muestra de lo anterior, él como mandatario estatal fue el primer servidor público en San Luis Potosí (desde su toma de protesta) en presentar y hacer pública su declaración 3 de 3 (patrimonial, fiscal y de no conflicto de intereses), creó la fiscalía anticorrupción, impulsó la eliminación del fuero y ha respaldado que seamos la administración más auditada en la histortia de la entidad.

Al término de la reunión de trabajo, el Contralor General del Estado Gabriel Rosillo Iglesias, destacó que el Gobierno del Estado se integra con voluntad y disposición para impulsar una política estatal anticorrupción de la mano con el Comité Ciudadano y demás instituciones del Comité Coordinador, con el compromiso de promover mejores medidas en la materia y retomando la experiencia de otras entidades donde ya se han creado sistemas similares.

“El objetivo es que se cuente con una política estatal anticorrupción para corregir las cosas que no estén funcionando, innovar en los mecanismos que permitan avanzar en temas que le interesan a la sociedad, como son las adquisiciones, obra pública, corrupción que pueda haber en trámites”, puntualizó.

Rosillo Iglesias destacó que el objetivo que se ha trazado el nuevo Sistema Estatal Anticorrupción está enfocado en reducir a la mínima expresión cualquier acto de corrupción, tanto en el ámbito municipal, los tres poderes del estado y organismos autónomos.

El Contralor General dio a conocer que ya se ha establecido comunicación con la Unidad de Vinculación con el Sistema Nacional Anticorrupción de la Secretaría de la Función Pública, a efecto de que se imparta a las instituciones integrantes del SEA un taller de inducción para tener bases sólidas que permitan articular y desarrollar las políticas estatales anticorrupción.