A sólo siete sesiones de concluir el periodo ordinario y con otro puente vacacional en puerta, el Senado acumula 65 nombramientos pendientes en su agenda. Pese al rezago, los 128 integrantes de la Cámara alta tomarán un descanso entre el 17 y 21 de noviembre, con motivo del Aniversario de la Revolución. Hasta ahora, el Senado no ha sido capaz de procesar 32 propuestas para magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 8 del Tribunal Agrario, 18 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, uno de sala especializada, dos fiscales especializados, el titular de la PGR, el Gobernador del Banco de México y tres consejeros de la CNDH. Además, a pesar de tener un acuerdo entre cuatro de las cinco fuerzas políticas representadas en la Cámara alta, los legisladores no han logrado poner en marcha el proceso para designar al nuevo Fiscal Especializado en la Atención de Delitos Electorales. Aunque el proyecto de convocatoria contemplaba que el registro de los aspirantes iniciara este martes 14 de noviembre, las acusaciones de Morena y la indisciplina del resto de las bancadas para lograr que sus integrantes se presenten en el Pleno para votar mantienen en suspenso el arranque del procedimiento. Según el proyecto, los aspirantes deberán comparecer ante la Comisión de Justicia y luego someterse a un acuerdo cupular de la Junta de Coordinación Política para llegar a la final. De cumplirse los plazos inicialmente contemplados, el sucesor de Santiago Nieto deberá quedar electo, por mayoría calificada, entre el 11 y el 15 de diciembre, es decir, casi al límite de concluir el periodo ordinario de sesiones. Por otro lado, la falta de acuerdos en el Senado también tiene en el aire el futuro de la Fiscalía General de la República. Los senadores decidieron mantener congelada la Ley Reglamentaria de la nueva institución, cuya aprobación y declaratoria de entrada en vigor de la autonomía suponía un pase automático para el titular de la PGR. Tras meses de señalamientos y exigencias de la sociedad civil, los legisladores no lograron destrabar el proceso de discutir y aprobar una reforma integral que eliminara el pase automático y garantizara una Fiscalía General autónoma, independiente y eficaz. Al arrancar el periodo ordinario de sesiones, el conflicto se trasladó a la Cámara de Diputados, donde ahora está atorado el proceso de reforma integral al artículo 102 de la Constitución y el 16 transitorio de la reforma política del 2014. Adicionalmente, sin reformas aprobadas ni acuerdos cercanos, el Senado también tiene pendiente la elección del Fiscal Anticorrupción. Aunque ya corrió el proceso parlamentario en dos ocasiones, con comparecencias y hasta fallidos comités ciudadanos de acompañamiento, los perfiles no les han llenado el ojo a los legisladores, quienes, al paso del tiempo, tampoco aceptan el marco legal que le dieron al encargado de perseguir a funcionarios y particulares corruptos. Esta Fiscalía Especializada, cuyo periodo de vigencia duraría hasta finales del sexenio, también depende ahora de las reformas estancadas en San Lázaro. Para completar el panorama, Raúl Cervantes renunció el pasado 16 de octubre al cargo de Procurador General de la República. Hasta el momento, el Presidente Enrique Peña Nieto no ha enviado ningún nombramiento para sustituir al senador priista con licencia. En caso de que lo hiciera, el Senado tendría que ratificarlo con el voto de las dos terceras partes, lo que se sumaría a la lista de pendientes de esa Cámara.

Los magistrados El pasado 25 de abril, a sólo cinco días de concluir el periodo ordinario de sesiones, el Presidente envió al Senado los nombramientos de 18 aspirantes a magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa especializados en combate a la corrupción. Se trata de tres candidatos a ocupar posiciones en la tercera sección de la Sala Superior del Tribunal y 15 para las cinco salas especializadas en materia de Responsabilidades Administrativas. En mayo, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción objetó las propuestas, a través de una moción, por considerar que la selección de los aspirantes no cumplió con los criterios de transparencia, gobierno abierto y máxima publicidad. La bancada de Morena se pronunció en contra de ratificar a los 18 magistrados y demandó regresarlos al Ejecutivo para que envíe un nuevo listado de aspirantes, tras asegurar que las designaciones fueron acordadas con el PRI y el PAN. En cualquier caso, los nombramientos se encuentran atorados en comisiones en espera de ser procesados. Otro pendiente del Senado es la elección de 18 nuevos magistrados electorales, con sede en 15 de las 30 entidades federativas que tendrán comicios el próximo año. La intención es concretar el relevo de los juzgadores que fueron designados en el 2014 para un periodo de tres años. Sin embargo, de acuerdo con la Cámara alta, los nuevos magistrados podrán permanecer en el cargo durante siete años, es decir, hasta el 2024. Se trata de los integrantes de los tribunales electorales de los estados de Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí, Tabasco, Yucatán y la Ciudad de México. Los aspirantes entregaron su documentación el 13 de octubre, la Junta de Coordinación Política hizo una primera revisión y turnó el caso a la Comisión de Justicia, donde tampoco ha sido procesado el tema. En teoría, los miembros de ese órgano tenían hasta el 6 de noviembre para entregar a la Junta de Coordinación Política el listado con los candidatos que resultarían elegibles.

Los otros En este mes, el Senado recibirá la propuesta del Presidente para designar al nuevo Gobernador del Banco de México, ante la anunciada salida de Agustín Carstens. El coordinador del PRI, Emilio Gamboa, no dio certeza sobre la fecha en la que llevará la candidatura impulsada por el Ejecutivo, mientras que los legisladores aún no saben si será un integrante de la Junta de Gobierno del banco central o un externo. Entre los nombres que se han manejado entre los senadores está el del Secretario de Hacienda, José Antonio Meade, quien también es mencionado como el principal presidenciable del PRI para el 2018. Los legisladores han llegado a comentar, incluso, la posibilidad de que el senador del PAN, ex Secretario de Hacienda y presidente del Senado, Ernesto Cordero, sea propuesto para el cargo. Finalmente, a la lista de pendientes del Senado se suma la elección de tres vacantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Las propuestas de aspirantes serán recibidas esta semana, el 15 y 16 de noviembre, con la intención de que, un día después, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara alta emita un dictamen para someterlo a la consideración del Pleno.