En días pasados se aprobó en el Senado de la República reformas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y al Código Penal Federal, para implantar la “muerte civil” como un castigo elemental a funcionarios corruptos. Esta legislación deberá ser homologada en San Luis Potosí y por tanto las penas contempladas se aplicarán también a funcionarios potosinos a los que se les comprueben actos de corrupción o faltas administrativas. El senador potosino Primo Dothé Mata dijo que se trata de una ley general, por lo que tiene vigencia nacional y, una vez aprobada en la Cámara de Diputados, se dará un plazo para que sea homologada en los estados y consideró que en San Luis Potosí servirá de mucho, dado que hay múltiples “monumentos” a la corrupción en diversas partes del estado. El Senador señaló que uno de estos monumentos es un rancho ubicado en la Huasteca potosina, el cual fue “sínicamente” nombrado “Rancho 2833”, en alusión a que su construcción fue gracias a desvío de recursos de los ramos 28 y 33 que reciben los ayuntamientos. Otro de los “monumentos a la corrupción”, mencionados por Primo Dothé, es la obra de sustitución del Hospital Central, la cual actualmente se encuentra siendo investigada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por presunta simulación de una licitación para favorecer a un constructor determinado. ¿EN QUÉ CONSISTEN LAS SANCIONES? La ley aprobada en el Senado contempla inhabilitaciones para funcionarios públicos que hayan incurrido en actos de corrupción, las cuales dependen del monto de daño al erario provocado por dicho acto. Cuando en los daños causados no exista lucro o beneficio, la inhabilitación irá de 3 meses a un año, cuando la afectación sea menor a las 200 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir alrededor de 168 mil pesos, la inhabilitación será de 1 a 10 años y cuando el daño exceda las 1 mil 500 UMA’s, es decir más de 1 millón 267 mil pesos, la inhabilitación será definitiva. Si el servidor público confiesa su falta administrativa, la falta puede reducirse entre un 50 y un 70 por ciento, cuando se trata de inhabilitaciones temporales y entre un 30 y un 50 por ciento cuando es una inhabilitación definitiva por faltas de particulares. Las faltas administrativas graves de los servidores públicos son: cohecho, peculado, desvío de recursos públicos, utilización indebida de información, abuso de funciones, conflicto de interés, contratación indebida, enriquecimiento oculto, tráfico de influencias, encubrimiento, desacato y obstrucción de la justicia. En 12 años, la Secretaría de la Función Pública (SFP) impuso 112 mil sanciones económicas con un monto global por 14 mil millones de pesos a 9 mil 537 funcionarios, es decir que en promedio a cada servidor público se le multó con 1 millón 467 mil 966 pesos, sin embargo, solo en 28 de estos casos, procedió la inhabilitación del servidor público, por lo que se busca que con esta ley esta cifra incremente.