Empresarios señalaron que un Código de Conducta en el Congreso del Estado ayudaría a controlar el comportamiento de los legisladores, sin embargo ante la falta de sanciones de forma interna, consideraron difícil que pueda aminorarse los conflictos y escándalos, de los que también han sido protagonistas en esta legislatura. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO-ServyTur), Alejandro Pérez Rodríguez indicó que con la falta de consecuencias y castigos para quienes ostentan una actitud perniciosa, seguirán en esa línea. “Si hubiera una forma de que ellos hicieran una ley, donde un consejo ciudadano pueda estarlos castigando, o quitando, o retirándolos de su diputación, o de alguna manera controlando su trabajo, como ciudadano puedas estar vigilándolos, podrían cambiar las cosas”. Aparte, El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Jaime Chalita Zarur señaló que no sería viable ya que la credibilidad no se rescata con códigos o con leyes, sino con la buena conducta que demuestren. “La Legislatura pasada, tiene una serie de denuncias en contra de la llamada ‘Ecuación Corrupta’ y no hay resultados, y el Código que pretenden hacer, aun cuando tuviera castigos ejemplares, que es lo que necesitamos para quienes delinquen, si ellos no quieren cumplir, no lo van a cumplir, están en la libertad de su ejercicio de representación, aquí habría que recurrir a la cultura cívica”. También el presidente de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI), Ricardo Pérez Castillo consideró que el Código de Conducta podría mantener la estabilidad y evitar cualquier tipo de escándalo. “Los servidores públicos son más los que son elegidos por votación, en este caso, como es el caso del Congreso, si deben de acatar a este tipo de circunstancias, estos les permitiría que ellos tuvieran ya señalado, y tuvieran mucha precaución, cuidado en incurrir en conductas que ante los ojos de la ciudadanía pueden ser mal vistos”. Señaló que los legisladores al ser funcionarios públicos deben de aceptar las regulaciones, con el fin de evitar que ante los ojos de la ciudadanía  se perciba a los representantes con desinterés en la actividad legislativa.