La propuesta de reforma para regular la subcontratación del Ejecutivo plantea modificar el artículo 108 del Código Fiscal para evitar la simulación de operaciones con servicios especializados, práctica que castigará con hasta 13.5 años de cárcel, afirmó Carlos Romero Aranda, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación. "En 2020 y anteriores, nosotros ya podemos perseguir al outsourcing por simulación de operaciones. A partir de 2020, es prisión preventiva oficiosa. A partir de que se apruebe la reforma, no solo será prisión preventiva, sino que aparte podrían ser 13.5 años de prisión. Es la simulación de operaciones, es el engaño para tratar de simular una operación de defraudación, señalando que no hay subcontratación”, indicó. Con David Páramo en Imagen Multicast, dejó en claro que la subcontratación ha dejado graves daños al fisco federal, al generar una gran evasión de los Impuestos Sobre la Renta (ISR y del Valor Agregado (IVA), además, dijo que se pretende poner “piso parejo” bajo la misma condición entre quienes pagan correctamente sus contribuciones al Seguro Social y el PTU, de aquellos que las evaden. "Estamos estableciendo una calificativa para estos actos de defraudación fiscal que se comete a través de la subcontratación de personal o ya que con el nuevo esquema lleve a cabo una simulación de servicios especializados. Esto es al que utilice esquemas de prestación de servicios o de obras especializadas que se refiera al código será sancionado con una pena que podría ir hasta los 13.5 años de prisión”, comentó. Cuestionado sobre si la reforma es un medio para elevar la recaudación y que no reconoce las nuevas formas de contratación, el Procurador Fiscal aclaró que la reforma obligará a los patrones a cumplir con la ley, sin pedir más, y que se paguen las retenciones y las cuotas de seguridad social de sus trabajadores. "Hay un tema paralelo que no se ha tocado. La reforma que está proponiendo el Presidente de la República que en materia de pensiones, en parte es por ello que han generado estos esquemas. Han quebrado al sistema de pensiones porque la generación actual no está contribuyendo como debe al sistema”, apuntó. Carlos Romero insistió que con la propuesta del Presidente de la República se busca que el outsourcing esté regulado debidamente, mediante un esquema de servicios especializados u obras específicas y que se cumplan debidamente con las obligaciones fiscales, de seguridad social y laboral. Señaló que parte de esta reforma por un lado si es coercitiva, aunque por otro lado, debe ser “inhibitoria” para evitar que prevalezca esta práctica e iniciarla “desde cero, ya que apuntó, muchas de estas empresas, actúan como factureras. Sobre el tema de las factureros, el Procurador Fiscal recordó que hace un año un grupo de empresarios del sector acerero se acercó a regularizar su situación fiscal y pagaron dos mil millones de pesos, sólo por el temor a que entrara en vigor la reforma. --

Con información de Excélsior