Las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, del Senado de la República abrogaron la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República para reformarla y mantener a la FGR en el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. En el debate en el Pleno, con 118 votos a favor y uno en contra, se aprobó en lo general y los artículos no reservados del dictamen, que crea la Ley de la Fiscalía General de la República, para fortalecer su autonomía y los instrumentos del Ministerio Público. En el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto se establece un ajuste en el Mecanismo de Apoyo Exterior. El artículo 21, fracción XII, referirá que será facultad de la Fiscalía General de la República participar como entidad autónoma en el Mecanismo de Apoyo Exterior previsto por la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. "Los integrantes de estas Comisiones Unidas, consideramos procedente plantear una reforma que prevea la colaboración e intercambio de información que los órganos constitucionales autónomos, dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, entidades paraestatales, organismos públicos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, entre otros, y los órganos, dependencias, entidades e instituciones de las entidades federativas y de gobierno, así como particulares, que tengan registros, bases de datos, información o documentación, que sea útil para la investigación y persecución de los delitos, con la solicitud previa de la persona Agente de Ministerio Público de la Federación o sus auxiliares, que funden y motiven dicha solicitud, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 21 y 102 Apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos y el Código Nacional de Procedimientos Penales”, señalaron. La propuesta de las Comisiones Unidas es que la FGR mantenga comunicación continua y permanente con el Mecanismo de Apoyo Exterior para coadyuvar en la investigación y persecución de delitos a través de las Fiscalías Especializadas, fiscalías o unidades competentes. De igual modo que garantice los derechos reconocidos por el orden jurídico nacional en favor de las personas víctimas y ofendidas, para recibir, recabar y proporcionar información sobre las acciones de investigación y persecución de delitos. Con información de López-Dóriga Digital