Los operativos de decomiso de unidades de la empresa Uber que, desde hace algunos días inició la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en San Luis Potosí, han ocasionado que algunos choferes de esta plataforma opten por dejar de prestar el servicio, en tanto la empresa no resuelva los conflictos de cumplimiento de la ley que existen en la entidad. El artículo 132 de la Ley de Transporte Público en San Luis Potosí marca que los vehículos que presente el servicio de transporte público sin tener una concesión o permiso para ello, se harán acreedores a multas de entre 300 y 500 unidades de medida y actualización, lo que representa montos de entre 22 mil 600 y 37 mil 750 pesos; sin embargo, de acuerdo a información de la SCT y de los propios choferes de Uber, una vez que se pagan las multas, los vehículos son liberados y estos vuelven a prestar el servicio de forma irregular. NEGOCIAN COBROS EN EFECTIVO Uno de los voceros de los choferes de Uber, Eugenio Calvillo, confirmó que hay choferes que están optando por suspender sus actividades dentro de la plataforma en tanto no se resuelva el conflicto con taxistas y Gobierno, dado que pese a que la empresa Uber es la que paga las multas para liberar los autos decomisados, los constantes operativos ya no están dejando trabajar libremente a los choferes de esta empresa. Mencionó que en una reunión que mantuvo la empresa con autoridades de Gobierno y los propios choferes de la plataforma, representantes de la compañía se comprometieron a registrar a cada uno de los operadores ante la SCT, sin embargo para que esto se dé, están negociando la posibilidad de volver a reformar la Ley de Transporte, en su artículo 71, con el fin de que se permita a la plataforma realizar cobros en efectivo. GlobalMedia intentó contactar a la empresa Uber para conocer su postura oficial en torno a los decomisos y a las obligaciones que les marca la ley, sin embargo no se tuvo respuesta a estos cuestionamientos. ¿OPERATIVOS DE SCT SON ILEGALES? El experto en transporte, Ernesto Piña Cárdenas, consideró que los operativos de decomiso que está realizando la SCT son ilegales, por lo que los choferes podrían promover recursos de nulidad de actuación de la autoridad y de suspensión ante el Tribunal de Justicia Administrativa para que les sean devueltas sus unidades sin necesidad de pagar la multa y para que se suspendan los operativos. Explicó que el ente que está incumpliendo con la ley vigente es la empresa Uber, no los choferes ni los dueños de los automóviles, ya que estos últimos están cumpliendo con su obligación, marcada por la ley, de contar con una licencia de conducir y un vehículo que está registrado ante una plataforma, como es Uber; sin embargo lejos de sancionar a la empresa, se está optando por la acción más sencilla que es decomisarle el automóvil a los choferes. Consideró que la SCT debe solicitar al Congreso del Estado volver a reformar la Ley de Transporte, con el fin de que se le den facultades de sanción a las empresas que se nieguen a registrarse; además dijo que debe reformarse en el sentido de que dicha legislación no viole la Ley de Protección de Datos Personales, dado que se está exigiendo a la empresa que dentro de su registro incluya datos personales de cada uno de los choferes de la plataforma. UBER DEBE MILLONES A GOBIERNO El artículo 71 BIS de la Ley del Transporte en su segundo apartado señala que empresas como Uber deberán “suscribir con el Poder Ejecutivo del Estado un convenio para la constitución de un fondo público económico, al que deberá aportar un 1.5% del monto efectivamente cobrado por cada viaje”.  De acuerdo a datos de choferes de Uber, en San Luis Potosí operan 3 mil unidades de esta empresa, cada una de las cuales genera ingresos promedio de 500 pesos diarios, si se toma en cuenta esta información se tiene que desde el 16 de abril de 2017, en que entró en vigor esta ley, a la fecha, la empresa ha generado ganancias por 450 millones de pesos por concepto de sus viajes, de los cuales 6 millones 750 mil pesos debieron haber sido destinados para el fondo público que marca la ley. Al respecto, Piña Cárdenas señaló que una vez que se logre el registro de la empresa ante la SCT, Gobierno estaría en posibilidades de solicitarle a la empresa pagar todos los ingresos que no ha depositado en las arcas públicas desde que entró en vigor esta legislación. Según Emmanuel Adrián Gutiérrez de la Fuente, chofer de Uber, este miércoles la empresa Uber sostuvo una serie de reuniones con choferes de la plataforma en un hotel de la ciudad, en donde se les manifestó el respaldo de la empresa para pagar cada una de las multas que ha aplicado la autoridad en contra de las unidades y se les pidió paciencia en tanto se resuelve el conflicto con las autoridades. Otra de las consideraciones de la legislación, que ha causado polémica, es la prohibición de que choferes de estas plataformas realicen oferta directa en la vía pública sin el uso de alguna aplicación, además de que también se les prohíbe hacer sitio en alguna zona de influencia de taxis, como sería el Hospital Central, la Terminal Terrestre Potosina, el Aeropuerto o zonas hoteleras.