LA PAZ. El Senado y la Cámara de Diputados de Bolivia dieron paso a nuevas elecciones generales, tras la violenta crisis que estalló en torno a la figura de Evo Morales y que suma 32 muertos. En los comicios no figurará el exmandatario, tras un acuerdo consensuado por todas las fuerzas políticas para devolver la paz al país. El proyecto será remitido para su promulgación a la presidenta Jeanine Áñez. Se aprueba por unanimidad (...) el Proyecto de Ley Régimen Excepcional y Transitorio para la realización de Elecciones Generales”, anunció el Senado.

Además, el gobierno provisional abrió el diálogo con movimientos de protesta en torno a un acuerdo de “pacificación”, que ponga fin a los bloqueos y manifestaciones.

Con ambas medidas, Bolivia comenzaría a ver la luz después de atravesar por su peor convulsión en poco menos de dos décadas. El primer paso lo dio el Senado anulando las elecciones del 20 de octubre, en las que Morales obtuvo un nuevo mandato en un proceso que fue contestado por la oposición en las calles por presunto fraude. La OEA detectó graves irregularidades. Se van a “dejar sin efecto legal las anteriores elecciones y sus resultados que ocasionaron la movilización ciudadana”, sostuvo el senador Oscar Ortiz, quien desde la oposición a Morales lideró el borrador de la propuesta. Por otra parte, Evaliz y Álvaro, los dos hijos de Evo Morales, arribaron a Buenos Aires, Argentina, procedentes de La Paz, como ciudadanos comunes. Desde México, donde está asilado tras dimitir el 10 de noviembre, Evo alertó que su hija estaba siendo acusada de “enriquecimiento ilícito”. ÁÑEZ DESCARTA AMNISTÍA

La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, se opuso ayer a una “amnistía” para Evo Morales ante el intento de senadores de sacar adelante un proyecto de ley para prohibir “procesos judiciales” contra el exmandatario y sus colaboradores. El partido de Morales, con mayoría en el Congreso, planteó un proyecto de ley que blinda jurídicamente al expresidente y sus funcionarios, vetando explícitamente la detención o procesos judiciales en su contra. Áñez aseguró que su gobierno transitorio “no perseguirá a ningún político, dirigente sindical o cívico”, pero que tampoco avalará un marco de impunidad. El nuevo país que queremos será una Bolivia de justicia, no de impunidad”.

El viernes, la Fiscalía denunció a Morales por “terrorismo y sedición”, a partir de una denuncia del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, por un audio en el que Evo presuntamente llama a impedir el acceso de alimentos. -- AFP Y REUTERS / EXCÉLSIOR

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