A casi dos años de haberse aprobado la operación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), en los estados este mecanismo no funciona adecuadamente por falta de voluntad política, carencia de recursos económicos y conflictos internos entre los integrantes de los Comités de Participación Ciudadanos.  En este sentido, según investigación realizada por la organización, “ETHOS, Laboratorio de Políticas Públicas”, en 10 estados del país se ha intentado desde los gobiernos estatales bloquear la participación de la sociedad civil. Y en otros casos, quienes integran los CPC son perfiles sin trayectoria ciudadana, son partidistas, que en efecto no son capaces de generar resultados en el combate contra la corrupción, así lo dijo César Gaona, especialista anticorrupción de ETHOS.  En entrevista para “Así las cosas”, sostuvo que los estados realmente generan muy poca información sobre sus sistemas estatales anticorrupción, porque no hay voluntad política para que funcionen. “La clase política tiene un interés de protegerse a sí misma, por encima de velar por el interés público”.  Por todo ello, el especialista, consideró que si bien no está mal que lleguen funcionarios o exfuncionarios a la integración de los CPC, como ha ocurrido en varias entidades, sin embargo, remarcó que éstos, una vez llegan a los órganos anticorrupción, no ejercen un papel de contrapeso y entonces retrasan aún más las funciones de los SEA.  Según la investigación en NL por ejemplo hay 177 expedientes que están rezagados por la falta de competencia de los integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción.