San Luis Potosí se sigue colocando entre los primeros siete estados del país con mayor incidencia de casos de muertes violentas de mujeres, la violencia feminicidia aumentó en un 25.6 por ciento. Recordemos que a la entidad la Secretaria de Gobernación le decretó el 21 de junio de 2019 la Alerta de Violencia de Género, apenas iniciaba el gobierno de Juan Manuel Carreras López, incluso él mismo firmó la solicitud que hizo la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, para pedir a esta instancia federal que se estableciera la AVG.. Hace seis años esto parecía una de las mejores prácticas del nuevo gobierno, algunos grupos de mujeres, principalmente activistas, defensoras de derechos humanos, académicas celebraron dicha acción. Pero luego de seis años las cifras no sólo no se han revertido, sino que han aumentado. La violencia contra las mujeres, en su versión extrema que es el feminicidio ha ido en aumento; la muerte violenta de un mujer no siempre lo es, la clasificación del delito depende de la investigación que realice la Fiscalía General del Estado, por eso han asumido como obligación y parte de buenas prácticas, iniciar la investigación de toda muerte violenta de mujeres con el protocolo de feminicidio, conforme van avanzando las investigaciones que realiza la policía de investigación científica se va modificando el delito, en muchos de los casos quedan como homicidio. En la rueda de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador la mañana de este lunes 28 de junio, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Icela Rodríguez Velázquez alertó a las entidades del país a no hacer un mal registro de las muertes violentas de mujeres, para evitar clasificarlas en feminicidio, sentenció que aunque las estadísticas se incremente en este delito, es clave para la resolución de una muerte violenta que se clasifique de manera correcta. Las mujeres organizadas han impulsado en diferentes mesas de trabajo y grupos, acciones orientadas a salvaguardar la dignidad y los derechos humanos de las mujeres, sobre todo las que pertenecen a grupos vulnerables. Sin embargo estas acciones no logran incidir en las mujeres que están siendo víctimas de violencia familiar que es la antesala de la mayoría de los feminicidios, y que se encuentran en los grupos de edades entre los 20 a los 30 años de edad. La reflexión nos obliga a pensar también en las familias de las víctimas y la situación en la que se encuentran en espera de alcanzar el derecho de acceso a la justicia, a la reparación del daño y sobre todo a conocer la verdad de los hechos. Las acciones y programas federales no han tenido impacto en el ámbito estatal no logran tener ningún tipo de incidencia en las mujeres vulnerables. Hace seis años, grupos de la sociedad civil organizada denunciaron públicamente el desvío de recursos destinados a los proyectos de mujeres, a la campaña política del que hoy es gobernador, las denuncias no tuvieron eco, sólo se quedaron en el terreno de la denuncia pública a través de los medios. Los recursos para la campaña de Carreras López, se dijo, fue financiada con recursos del proyecto de los Centros de Justicia para las Mujeres. Es inadmisible que de ser cierto los dichos, una persona se sostenga en la administración pública de los programas que van dirigidos a abatir las brechas de desigualdad que las coloca en situaciones de vulnerabilidades y susceptibles de vivir hechos de violencia por razones de género.  Esperaríamos que no se desvíen los recursos que van a este propósito, los fondos económicos dirigidos a los proyectos de la Alerta De Violencia de Género y a disminuir las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres, deben destinarse a donde a acciones afirmativas en favor de las mujeres, en las que se tiene que incluir la reeducación a los hombres generadores de violencia.