Según dio a conocer el Centro Samuel Ruiz AC y abogados del Comité en defensa de la vida, Santo Domingo y Anexas, El 24 de octubre pasado abogados que apoyan la defensa del Comité en defensa de la vida, que se opone a la instalación del tiradero tóxico en Palula, realizaron una diligencia en el rancho Palula. Acudieron al lugar luego de que el Juez Cuarto de Distrito le impuso una multa a la empresa CITSU por no atender a una diligencia judicial previamente citada. “Dicha diligencia la desahogó un perito topógrafo de la PGR, pues con un GPS tomó los datos del predio que mide 20 hectáreas. En diciembre, el perito entregó su dictamen y afirma que el predio se ubica en Mazapil, Zacatecas y no en Santo Domingo, SLP”, dieron a conocer por medio de un comunicado. Lo anterior es relevante porque el polígono de 20 hectáreas se encuentra al interior del Rancho Palula, esa propiedad es tan grande, que tiene una parte en SLP y otra en Zacatecas (mide 13,800 hectáreas), dieron a conocer Cuando CITSU presentó la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto en 2013, la Dirección de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Semarnat le hizo esa observación, sin embargo, cuando entregó la segunda manifestación en 2015 supuestamente subsanada, la DGIRA la aprobó. “En conclusión: la Semarnat aprobó el proyecto conociendo esa grave deficiencia técnica”. Esto podría traer como consecuencia un procedimiento administrativo contra Alfonso Flores Ramírez, director de la DGIRA, quien firmó el resolutivo que autorizó el confinamiento tóxico, pero además dejaría inválido el proyecto al no contar con requisitos mínimos para realizarse, explicaron. “Esto se suma a una serie de inconsistencias como la falsificación de firmas para el permiso de cambio de uso de suelo, que dejan ver la oscura forma en que autoridades y particulares operan temas tan relevantes relacionadas con el medio ambiente y la salud”.