En días pasados la Comisión de Igualdad y Género de la Cámara de Diputados convocó a una mesa de trabajo para el análisis de la reforma que se llevará a cabo a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con varios objetivos entre ellos revisar en qué  falla el mecanismo de la Alerta de Violencia de Género.

El gran reto desde hace 12 años es como medir el resultado real de la implementación de la Alerta de Violencia de Género, señalada como uno de los mecanismos que serán contundentes en la prevención y erradicación de la violencia feminicida. 

Contar con un componente legal que obligue a la autoridad a implementar estrategias de emergencia frente a la violencia feminicida es un alcance sin precedentes desde el enfoque del derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia, que comenzó con visibilizar los ataques que padecían las mujeres en diferentes ámbitos y que ponían en riesgo la salud, la integridad física y emocional y la vida de las mujeres por carecer de una estrategia clara en la prevención, atención, sanción y erradicación de todas las formas de violencia. 

Hubo mucho trabajo previo de investigación, como fue la Investigación Diagnóstica sobre la violencia Feminicida en la República Mexicana además de activismo de parte de muchas mujeres que llegaron a concretar junto con la antropóloga Marcela Lagarde en 2007 la aprobación Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y que incluía la implementación de la Alerta de Violencia de Género.

Con el paso de estos año y declarada la AVG en 411 municipios de 18 estados del país fue necesario hacer una pausa y revisar que las estrategias para cumplir con lo que advierte cada Declaratoria de la AVG en cada entidad no hay manera de evaluar su efectividad, porque las muertes violentas de mujeres no han disminuido.

La propia Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), ha advertido que no hay acciones concretas que nos den inicios sobre el impacto positivo del trabajo que hacen las autoridades para identificar cambios en la violencia contra las mujeres.

Las autoridades estatales ni siquiera tienen un plan de trabajo una vez que la que Secretaria de Gobernación ha decretado la Alerta, si no hay estrategias claras, ni acciones vinculadas a un plan , pero si hay recursos que los estados solicitan a la CONAVIM para trabajar en el cumplimiento de la AVG, quiere decir que han tirado por la borda la idea inicial de erradicar la violencia feminicida, han simulado las autoridades estatales y las municipales han aprovechado para dejar de hacer su tarea como primera autoridad con la que las víctimas tienen contacto.

Por autoridades debemos separar, aunque todas tienen un rol en esta densa vinculación de omisiones, pero la autoridad con la que se ha confiado que llegan las víctimas de violencia familiar y feminicida, son las autoridades de salud, por llegar lastimadas, heridas, con trastornos psicológicos y que no todas las ocasiones se da parte a la autoridad fiscal para que lleve a cabo las investigaciones necesarias. 

La CONAVIM ha otorgado recursos federales a los estados de manera casi discrecional y opaca en sus mecanismos de selección de proyectos aparentemente realizados por actores de la sociedad civil. Por las propias palabras de la Comisionada de la CONAVIM Candelaria Ochoa, los proyectos no tenía estándares de calidad adecuados, muchas asociaciones civiles a quienes se les entregaron fondos federales tenían acuerdos con las autoridades responsables del cumplimiento de la AVG.

A la Alerta de Violencia de Género le urge un cambio estructural en la forma de revisar su cumplimiento, requiere de cambios sustanciales que vayan más allá de la creación de una Contraloría Social para vigilar su cumplimiento. Es necesario que desde la propia Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se establezcan los mecanismos de control y evaluación.

Los 12 años de la AVG sin resultados hace que más mujeres sigan siendo víctimas de la violencia feminicida, con la complicidad de autoridades estatales para otorgar proyectos a actores de la sociedad civil que incumplen con los perfiles adecuados, pero además con una completa ausencia de compromiso con la garantía de los derechos humanos.