Tras suscribir un contrato de arrendamiento de unos 12 millones de pesos mensuales -144 millones al año-, con opción a compra, la PGR mudará en junio sus oficinas centrales a Torre Glorieta, en Insurgentes 20, Colonia Roma Norte. Se trata del más moderno y sofisticado edificio que haya ocupado una institución de la Administración Pública Federal. La nueva sede de la PGR es una mole de mil toneladas de acero con cimientos de 54 metros de profundidad, 32 mil metros cúbicos de concreto y 17 mil toneladas de acero estructural, que lo convierte en uno de los más seguros en caso de sismos, indicaron Scholem y Yoram Cimet, arquitectos y propietarios. El inmueble albergará a 3 mil 200 servidores públicos repartidos en 25 pisos -18 de oficinas-, la planta baja y tres sótanos, donde estarán ubicados los archivos con la idea de reducir el peso en los pisos superiores. A las nuevas instalaciones llegarán los funcionarios que estaban en el edificio de Reforma y el de Insurgentes 235, donde se localizaba la Subprocuraduría de Delitos Federales, también desalojado en septiembre. También será ocupado por el personal de los inmuebles del Circuito Interior Melchor Ocampo, en la Colonia Anzures; Fray Servando Teresa de Mier, en el Centro Histórico, y la Calle Guadiana, en la Colonia Cuauhtémoc. El edificio alojará servidores públicos exclusivamente de áreas sustantivas. No habrá administrativos y tampoco albergará la infraestructura de la base de datos electrónica que siempre estuvo en la anterior sede. Este "cerebro" informático ya fue trasladado al Instituto de Capacitación y Profesionalización de Querétaro, según pudo corroborar este diario. La oficina para director general tiene una dimensión aproximada de 14 metros cuadrados; la de un director general adjunto, 10 metros cuadrados. La Procuraduría solicitó adaptar un espacio para el Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C4), en el que laborarán 25 personas. Otros acondicionamientos se han realizado en función del sistema acusatorio y la futura Fiscalía General que sustituirá a la PGR, como son las salas de juicio oral y del mecanismo alternativo de solución de controversias. Tiene también un auditorio-salón de usos múltiples con capacidad para 460 personas, con graderío retráctil, es decir, que puede recorrerse completamente con sus butacas. Este auditorio además puede dividirse en tres salones. La torre ofrece un ahorro en el consumo de energía de entre 57 y 70 por ciento porque cuenta con celdas solares y sensores que modulan automáticamente la iluminación. "El ahorro en este edificio, si no me equivoco, es el mayor ahorro que existe en todo el país, con un 57 por ciento de eficiencia energética, contra el estándar que marca el reglamento norteamericano, que es similar al que existe en México", explica Yoram Cimet. "Toda la iluminación está automatizada y se controla mediante controles de presencia y controles de luminosidad; cuando hay suficiente luz natural, se apaga, o cuando no hay nadie utilizándola (en un piso) la luz se apaga". Con el aire acondicionado, las cosas son similares, pues funciona con una tecnología denominada volumen de refrigerante variable (VRF en inglés), que emplea un refrigerante y no agua helada. Cada piso modula su temperatura en forma independiente. De acuerdo con Cimet, el inmueble cuenta con una planta de aguas residuales que convierte al edificio en auto sustentable, pues ahorra en promedio un 60 por ciento del líquido vital y en época de lluvias ese ahorro alcanza el 100 por ciento. También señala que tiene un sistema de monitoreo sísmico, único en México, con acelerómetros en todos los pisos, que permiten analizar el comportamiento del edificio y reflejarlo en un semáforo que indica el nivel de seguridad. Aunque en las nuevas oficinas laborarán diariamente 3 mil 200 personas, su estacionamiento es sólo de 900 cajones. Esta diferencia tiene el propósito de desincentivar el uso del carro y no afectar la movilidad de la zona, según los constructores. En el acceso vehicular, contará con un lector de placas que solamente permitirá el ingreso a las unidades previamente registradas en su sistema. El Gobierno busca cubrir el costo con la venta de los inmuebles desocupados por la PGR tras el sismo. La Procuraduría está en proceso de entregarle al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indabin) los edificios para enajenarlos y reinvertir los recursos. La mudanza fue obligada porque los sismos de septiembre pasado dejaron "no aptos para operar" cuatro edificios de la dependencia, incluido el de Reforma 211 y 213, donde despachaban el titular de la PGR y otros 2 mil funcionarios. Si la compra se concreta, para la PGR será la inversión inmobiliaria más importante del Gobierno federal en las últimas dos décadas, pues en 2002 adquirió en 350 millones de pesos el edificio de su antigua sede en Reforma y en 2013 destinó más de 325 millones de pesos a su instituto en Querétaro. -- Reforma