San Luis Potosí, México (15 Diciembre 2017).- El regreso de Guadalupe Torres Sánchez y Óscar Bautista Villegas al Congreso del Estado se puede entender en el contexto electoral que se vive, sugirió Oswaldo Ríos Medrano, analista político en entrevista para WFM 100.1. “Yo creo que estamos viendo porque los quieren habilitar electoralmente, evidentemente Óscar Bautista Villegas es un operador político extraordinario y cuando digo extraordinario me refiero a que según Enrique Flores, es un hombre que ha acumulado una fortuna a partir de la operación de los programas sociales, lo cito textual a Enrique Flores y Guadalupe Torres es el cuadro más avezado de eso se llama la gallardía y ambos firmas piezas de la estrategia político electoral de sus partidos”. En los dos casos, agregó que tiene una utilidad política, por lo que añadió que serán los potosinos quienes “tienen un juicio muy claro”, los que valoren los últimos acontecimientos. Agregó que esta situación es desalentadora y llama la atención que el legislador Guadalupe Torres haya presentado un documento expedido por el Ministerio Público en el que se le exonere de culpa, cuando en realidad los legisladores nunca estuvieron impedidos para regresar a sus actividades normales. Agregó además que esto revela que a más de un año y medio que se expidió la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción no se vean resultados desde la procuración de justicia, pues dijo que ante el hecho de corrupción “más evidentes e históricos de San Luis Potosí, el resultado es nada”. Sobre la reciente acusación en contra del diputado Mariano Niño señaló, que es preocupante el que al legislador le importe más que haya un trasfondo político en todo esto, que el hecho de que se presentaron pruebas de presunta falsificación de documentos pues a su consideración esto es lo más relevante para la sociedad. “Lo otro, claro, tiene utilidad políticamente, si él lo quiere considerar, pero lo que la sociedad es resolver este hecho que me parece vergonzoso, denigrante”, puntualizó. También apuntó el hecho de que tras 6 meses la Procuraduría General de Justicia (PGJE) no haya podido integrar un expediente por presunta corrupción cuando hay un vídeo, deja duda de que la denuncia que se ha presentado con documentos y pruebas pueda derivar en alguna acción jurídica.