La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) promovió cuatro acciones de inconstitucionalidad, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en contra de diversos artículos de las leyes que regulan la operación de la Guardia Nacional, las cuales, de acuerdo a expertos, podrían ser procedentes, obligando al Congreso de la Unión a hacer algunas modificaciones legales para que exista una mayor definición de las facultades de este cuerpo de seguridad. REPRIMIRÍAN MANIFESTACIONES

Uno de los puntos que observa la CNDH es la parte de la ley que especifica que la Guardia Nacional no podrá hacer uso de armas en manifestaciones “pacíficas con objeto lícito”, sin embargo, no hay una claridad respecto de quién y bajo qué parámetros podrá determinar si una protesta tiene un objeto lícito. Francisco Salazar Soni, experto en seguridad, advirtió que esta falta de claridad podría ser motivo de que la Guardia Nacional haga uso de la fuerza “epiletal” para reprimir manifestaciones sociales, es decir usando armas no letales, pero sí con capacidad de control de las multitudes. DETENCIONES ARBITRARIAS

Otra observación realizada por la CNDH radica en la facultad que tendrá la Guardia Nacional para detener a particulares, solicitarles información, intervenir en sus comunicaciones privadas y localizar su posición geográfica, sin necesidad de que exista una orden judicial para ello. Salazar Soni advirtió que la CNDH tiene la razón al señalar violaciones a derechos humanos, dado que el riesgo es que la Guardia Nacional detenga e interrogue a cualquier persona, sin si quiera tener pruebas o causas probables respecto de la comisión de algún delito, violando con ello el libre tránsito y la seguridad personal de los individuos. HOSTIGARÁN A MIGRANTES

Otra de las facultades impugnada por la CNDH radica en la inspección y vigilancia de la entrada y salida de personas en el país y la verificación del estatus migratorio de los extranjeros en territorio nacional, ya que señala que esto transgrede los derechos de libertad de tránsito, seguridad personal, a la intimidad y de protección de datos. El especialista de la Academia de Derecho Penal del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), Jorge Tejada Montaño, señaló que esta acción de inconstitucionalidad no le quitará a la Guardia Nacional la facultad de detener y asegurar migrantes, únicamente ayudará a establecer en qué casos se puede realizar esta actividad, con el fin de que este cuerpo de seguridad no se convierta en un hostigador de los migrantes en el país. LEYES REGRESARÁN AL CONGRESO

El especialista comentó que estas acciones de inconstitucionalidad buscan complementar el marco normativo actual para la operación de la Guardia Nacional para que, con base en los criterios de la SCJN, el Congreso de la Unión se vea obligado a modificar nuevamente estas leyes, con el fin de que los ciudadanos tengan certeza de que este nuevo cuerpo de seguridad no incurrirá en arbitrariedades al momento de realizar su trabajo. La Guardia Nacional entró en operación de manera oficial el pasado 30 de junio, desplegando un total de 53 mil elementos en 150 coordinaciones regionales en que se dividió el país y desde ese momento ha estado operando bajo las leyes que en días pasados fueron observadas por la CNDH.