Las campañas electorales que estamos viviendo para la renovación de la gubernatura, alcaldías, Congreso del Estado, diputaciones federales, están en un contexto diferente del proceso electoral que se vivió en 2018. En esa elección la exigencia tenía que ver con la participación de las mujeres en un esquema paritario, que se cumplieran con las disposiciones legales para que los partidos políticos nombrarán a mujeres en los diferentes espacios. En esta elección de 2021 exigimos sí a la participación paritaria y también propuestas electorales en concordancia con los acuerdos en materia de derechos humanos de las mujeres, esto quiere decir, que candidatos y candidatas sujeten su agenda a los objetivos del Desarrollo Sostenible, a la Estrategia de Montevideo para la Implementación de una Agenda Regional de Género para América Latina y el Caribe, que han construido activistas, personas expertas en la materia de diversas partes del mundo incluido nuestro país. Se pide la homologación o adecuación de leyes en las que se corrobore la igualdad plena entre hombres y mujeres. En el caso concreto de San Luis Potosí en materia de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, no requiere de más elementos, como si fueran parches, que después no tiene ningún tipo de vinculación a otras leyes como al código penal. No siempre los cambios que se realizaron a dicha ley tenga un efecto de generar buenas prácticas en beneficio de las mujeres. Concretamente en el tema de violencia política contra las mujeres en razón de género, la ley en cita, establece los criterios que configuran ese tipo de violencia. Sin embargo, no existe la adecuación en el código penal, para asentarlo como figura delictiva, por lo tanto, este tipo de hechos, sigue dejando en indefensión a las mujeres, en desventaja no solamente a las que participan en los procesos electorales, sino también a quienes aspiran a ocupar puestos y cargos públicos. Las condiciones en la participación política de las mujeres no son tan parejas como en los documentos legales se establece. Hemos visto, sobre todo cuando se deben activar acuerdos paritarios, en la que por acciones afirmativas deben elegir a una mujer, existen intereses ocultos de carácter político que favorece a los hombres de manera directa o indirecta. A pesar de que existen los elementos normativos que obligan a las diferentes instancias de gobierno, de partidos políticos, al Poder Legislativo, a que incluyan acciones en favor de las mujeres, siguen desprendiendo acciones poco transparentes que limitan el desarrollo pleno de las mujeres en la vida pública. De tal manera, que las condiciones no son las adecuadas para que podamos participar con plena libertad en términos de la paridad; lo más delicado es que se sigue difundiendo, la idea generalizada que las mujeres ocupan cargos públicos por designación de los intereses particulares de hombres dentro del poder. Que muchas mujeres siguen siendo utilizadas en los juegos patriarcales, que inhiben la realización de políticas públicas, de modificaciones a las leyes, de acuerdos, de normativas, que favorezcan a todas las mujeres y las niñas. Por ello, es indispensable que las mujeres una vez que alcancen esa participación en los puestos de toma de decisiones, tengan claras cuáles deben ser las estrategias a seguir para alcanzar la igualdad. En la colaboración anterior, se citó el Acuerdo de Montevideo, que tiene el propósito de exponerle a los países que forman parte de la Organización de Estados Americanos, las grandes líneas a trabajar desde diferentes ámbitos para disminuir las brechas de desigualdad de las mujeres. Las personas que aspiran a un puesto de toma de decisiones públicas, no tienen que descubrir el hilo negro o hacer diagnósticos que les ayuden a entender qué es lo que necesita la gente, ya están los documentos rectores. Pero si es indispensable que las personas políticas o quienes desean participar en la toma de decisiones públicas, tengan plena conciencia de lo que la gente necesita. Las estrategias de campaña requieren de centrarse en las necesidades de las mujeres, de todas las edades. Den enfocar sus propuestas en generar una sinergia proactiva, por ejemplo, promover el empoderamiento en materia de trabajo, con compromisos firmes de jornadas laborales acordes a las diferentes cargas de trabajo que tienen las mujeres. Deben promover buenas prácticas en las que las mujeres tengan solventadas algunas de las desventajas históricas que se han tenido, las guarderías, los apoyos para madres solteras, paternidades responsables, trabajo reeducativo con hombres generadores de violencia, que es un tema pendiente, que les atemoriza iniciar. Buscar estrategias que sirvan para hacer más parejo el piso en el que nos estamos desenvolviendo las mujeres, que requieren de soluciones estructurales para hacerle frente a la desigualdad social, económica, cambiar los patrones culturales patriarcales, que generan violencia y eliminan las posibilidades de modificar la manera tradicional de organización en los entornos familiares, y que repercuten en la concentración de poder y en las relaciones de jerarquía en el espacio público.