La Sociedad Civil Artículo 27 presentó una iniciativa al Congreso del Estado, junto a José Manuel Hermosillo y Carlos Lara González, dicha organización civil tiene como propósito la defensa y promoción del arte, la cultura y los derechos culturales, a través de lo que denominamos un Activismo Judicial en estas materias. Desde esta Sociedad han llevado ya diversos casos desde hace más de diez años, siendo el del El Caballito, en la Ciudad de México, uno de los más sonados a nivel nacional, por cierto, el primero presentado ante la CNDH en materia de acceso a la cultura. En estos momentos trabajan en la defensa de diversos artesanos del país. La propuesta consiste: PRIMERO, la modificación del escudo, tanto de la ciudad capital como del estado, a efecto de aliminar el cerro de San Pedro que en este aparece; toda vez que dicho elemento de identidad cultural y de relevancia ambiental ya no existe. Esto debido a los trabajos autorizados a la empresa minera denominada Minera San Xavier para la extracción de oro y plata. SEGUNDO, se abstengan las autoridades municipales y estatales, de autorizar al INAH la pretendida declaratoria de Zona de Monumentos para el Cerro de San Pedro, hasta en tanto no se haya llevado a cabo la reparación del daño causado en dicha zona, producto de la explotación del cerro. Y TERCERO, La creación de una Comisión Especial, con el propósito de realizar una investigación encaminada a solicitar la reparación del daño causado a la comunidad de este estado, derivado de los trabajos de la Minera San Xabier en el proceso de extracción de oro y plata. Asimismo, que formalice la correspondiente denuncia ante el Ministerio Público. No solo es un acto simbólico, sino una medida que busca dejar una cicatriz de fuego en la memoria de los ciudadanos y de la clase gobernante, para que no vuelva a ocurrir algo similar. Eliminar el cerro de nuestro escudo, es una acción pública que debe ser asumida como parte de la historia reciente de nuestro estado, porque en efecto, en la realidad ya lo eliminaron.   Según los argumentos que plantean es que, el cerro ya no existe, y era parte de la toponimia del estado y de la ciudad capital, representaba un elemento de identidad cultural, que debía ser protegido, de acuerdo a la Ley de Protección del Patrimonio Cultural para el Estado de San Luís, el decreto administrativo que aprobó el Plan de Ordenación de la Ciudad de San luís Potosí y su zona conturbada, publicado en el periódico oficial del estado el 24 de septiembre del 1993 y el Reglamento Sobre el Uso del Escudo de Armas de la Ciudad, como emblema Oficial en el Municipio. Que dicho cerro formaba parte central de la fundación de la ciudad. El escudo de armas se determinó en función "De un cerro en campo azul y oro con dos barras de plata y dos de oro y la imagen de San Luis en la cumbre". Además, a la ciudad se le dio facultad "...de hacer ordenanzas para su gobierno..." Además que,  justo en los primeros años del presente siglo, cuando la Minera San Xavier comenzaba a dinamitar el Cerro de San Pedro, otra compañía canadiense, Glamis Gold, que había realizado fuertes inversiones en el sur de California con la mirada puesta en la explotación de minas de oro, como parte del plan conocido como The Imperial Project. Por el Dr. Jorge Sánchez Cordero, sabemos que los gobiernos federal de Estados Unidos y estatal de California adoptaron importantes medidas ambientalistas en ese momento en la región, ante lo cual la empresa demandó a ambos por lo que consideró una violación a sus derechos como inversionista conforme al capítulo XI (artículo 1105/1) del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)[1]. Así mismo que, el municipio de Cerro de San Pedro está por ser declarado Zona de Monumentos federal, según ha dicho Juan Carlos Machinena Morales, director del Centro INAH en San Luis Potosí, quien señala que ya tiene listo el expediente para que dicho municipio, que lleva por nombre Cerro de San Pedro sea declarado como Zona de Monumentos en un perímetro que abarca más de 100 monumentos. Cabe señalar que para que dicha propuesta avance, se requiere de las firmas del alcalde en funciones y del gobernador del estado, así como del presidente de la república. Lo anterior sería inadmisible; una especie de burla a la protección, conservación y correcta difusión del patrimoino cultural. Sería un tanto como reconocer que aquí no ha pasado nada y con un acto cultural pretenden borrar de la memoria de los ciudadanos lo ocurrido. Ya lo dijo el Presidente en su reciente visita al estado, esto no se nos olvida, y en efecto, no debemos olvidarlo.