La Procuraduría General de la República (PGR) reorientará desde ahora la mayor parte de sus recursos de investigación a 8 delitos prioritarios que considera "mercados criminales" y entre los que se encuentran los ilícitos ambientales y la corrupción. Alberto Elías Beltrán, encargado de despacho de la PGR, anunció el Plan de Persecución Penal en el que también contempla transferir a los mecanismos alternativos de solución de conflictos los delitos federales que constituyen casi el 90 por ciento de la incidencia. Durante la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, el funcionario expuso que la PGR enfocará ahora la mayor parte de sus capacidades a los "mercados criminales" del narcotráfico, los económicos y financieros, el crimen organizado, tráfico de armas, lavado de dinero, delitos ambientales, contrabando y corrupción. "Esos son los 8 mercados en donde hemos estado haciendo un análisis y donde creemos que es donde debemos enfocar todos los recursos o el mayor número de recursos para poder ser eficientes a través de una estrategia. "Allí debemos fortalecer las capacidades de investigación y litigación en estos 8 mercados criminales y poder pegar a toda la cadena de valor, que es lo que normalmente no hemos estado haciendo y lo que también estábamos discutiendo con los americanos con el narcotráfico", dijo el responsable de la PGR. En contraste, dijo que la política que ahora implementará la Procuraduría también consiste en turnar ante el mecanismo alternativo de solución de controversias los delitos patrimoniales, que constituyen el 35 por ciento de los casos federales, y los de Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que son el 15 por ciento. El mismo destino tendrán los delitos del Código Penal Federal, que son el 7.1 por ciento; delitos contra la salud, 6.9 por ciento; delitos de leyes financieras ajenos al "mercado criminal", 6.5 por ciento; ilícitos de otras leyes especiales, 5.5 por ciento, y otros delitos que constituyen el 10 por ciento. Es decir, que el propósito será buscar que los casos por estos 8 delitos sean resueltos de manera amistosa y sin la necesidad de que la Procuraduría pida una orden de aprehensión o la judicialización de una carpeta de investigación en contra de un denunciado. Esta política criminal que reorientará las capacidades de la PGR, puede ser importante para contribuir, por ejemplo, a un aumento en la recaudación fiscal, a través de los mecanismos de justicia alternativa, de acuerdo con las palabras de Elías. "En Estados Unidos solo llega a juicio el 5 por ciento de los casos, por eso son eficientes, porque solamente judicializan el 5, el resto se va a medidas alternativas de solución de controversias y en algunos años han sido mejores recaudadores el Departamento de Justicia que el propio IRS (Servicio de Rentas Internas)", comentó. Para la PGR, desde hoy los casos son por delitos graves, pero de fácil investigación; de menos gravedad, pero de fácil investiga

ción; graves, pero de difícil investigación y delitos menos graves pero de difícil indagación. Bajo estas categorías, los fiscales definirán si un expediente se turna o no a una solución alternativa. -- Reforma