Editorial EL UNIVERSAL /Crimen con cobijo social

En el llamado Triángulo del Huachicol, en la zona sur del estado de Guanajuato, en las últimas 48 horas se vieron arder tráileres, camiones de pasajeros, camionetas, motos y llantas en diversas carreteras de la zona. El objetivo era impedir a fuerzas federales actuar en contra del llamado cártel de Santa Rosa de Lima, grupo delictivo considerado responsable principal del robo de combustible. Muchos de los promotores de estas acciones fueron civiles, situación que no es nueva, pues la autoridad estatal ha documentado casos en los cuales la comunidad actuaba para inhibir la acción policiaca e incluso enviaban a mujeres a realizar un cerco para no permitir la entrada de fuerzas del orden. En el país tampoco es la primera vez que se tiene noticia de algo así. Se conocen historias similares en pueblos de Sinaloa, donde narcotraficantes obtenían cobijo de los habitantes de comunidades, así como en poblaciones fronterizas de Tamaulipas y Coahuila, en las cuales el Cártel del Golfo llegó a festejar de manera año con año a los menores en el Día del Niño. El apoyo social a grupos criminales no aparece de la noche a la mañana, es un proceso largo y complejo resultado de situaciones sociales y económicas específicas de la zona, que el crimen organizado sabe aprovechar. En la mayoría de los casos se trata de localidades carentes de servicios básicos y de otras necesidades que las autoridades nunca atendieron. El crimen, entonces, llena esos espacios que dejaron vacíos gobiernos municipales y estatales. Además de obtener apoyo de grupos sociales, las bandas criminales requieren de la protección de la autoridad. En la zona de Guanajuato copada por fuerzas federales, familiares del alcalde del municipio de Villagrán forman parte de la estructura criminal del Cártel de Santa Rosa de Lima, de acuerdo con información de la Policía Federal. Es el comienzo de una relación peligrosa que descompone el llamado tejido social, cuyas señales más ominosas son familias enteras dedicadas a actividades ilícitas, aspiraciones de pequeños a formar parte de bandas criminales cuando lleguen a la juventud o autoridades que se suman a las filas delincuenciales. Al concluir el operativo —capturen o no al objetivo criminal— quedará por delante una ardua tarea: la de ofrecer a familias y comunidades alternativas para impulsar una convivencia diferente. El Estado no puede seguir evadiendo su responsabilidad.

OPINIÓN / Temores a las consultas

El 10 de febrero en un evento público en Cuautla, Morelos, un opositor a la termoeléctrica de Huexca, Morelos, se pronunció en contra de la posible operación de la planta. El presidente Andrés Manuel López Obrador les dijo a todos los presentes: “Vamos consultar a la gente… vámonos a la democracia”. La consulta organizada por Gobernación —23 y 24 de febrero— para definir la pregunta ¿Está usted de acuerdo que inicie la operación del Proyecto Integral Morelos y la Termoeléctrica de Huexca de la CFE?, tuvo una nutrida participación: más de 55 mil participantes; 60% votó por el sí a la pregunta y 40% en contra. Una franca mayoría votó por el sí a una termoeléctrica terminada que costó aproximadamente 25 mil millones de pesos, detenida por un acueducto inconcluso en un tramo de 150 metros. De no ponerse en operación la termoeléctrica, habría que comprar electricidad a empresas extranjeras, a precios elevados. La termoeléctrica tiene la capacidad de alumbrar a todo el estado de Morelos, comunidades rurales, domicilios urbanos, comercios, industria, para cumplir con el principio de que la electricidad es un bien público, para el desarrollo económico y la justicia social. Los opositores a la planta son grupos organizados que, en general, argumentan posible desabasto o contaminación del agua, riesgos de desastres cuasibíblicos por la cercanía con el Popocatépetl, argumentos fantasiosos que no se verifican en la realidad; no hay evidencia de esos desastres en alguna de las múltiples termoeléctricas similares. Desde el anuncio de la consulta, estos opositores intentaron descalificarla, diciendo que no vale; luego intentaron sabotearla con el robo de algunas urnas; se organizaron para votar en contra. Concluida, dijeron que hubo irregularidades. Todo esto amplificado por los medios. Pero, aún con esto, la victoria por el sí fue masiva y contundente: participaron y perdieron. En cambio, de ninguna forma, se vio algún tipo de influencia a favor del sí. Incluso, votaron a favor los ejidatarios, los dueños del agua, organizados en una central. El gobierno federal les había asegurado el acompañamiento de la ONU para vigilar que no se contaminen aguas y la contraprestación justa por la misma. La crítica a esta consulta es semejante a todas aquellas que se han planteado. En general, son los mismos críticos con similares argumentos: “no tienen el rigor que dan las instancias electorales”, “se saltan a las instituciones”, “son instrumentos populistas”. Estos son pretextos elitistas, que ven la democracia sólo a través de procesos formales, con procesos, decisiones oficinescas, tecnocráticas, que terminan siendo decisiones que desprecian la participación popular. De fondo, cuestionan el mecanismo de consulta ciudadana por el temor que tienen a la democracia directa, participativa, cotidiana, popular, sobre cualquier tema que interese al gobierno o a la ciudadanía. Diversos especialistas reconocen las ventajas de la consulta directa: “favorecen un tipo de gobierno más cercano a la ciudadanía;… obligan a los representantes a responder a las demandas populares siempre, no solamente en los momentos electorales. Los dirigentes se ven en la necesidad de tomar en consideración el pulso de la opinión pública antes de tomar decisiones; estimulan la participación ciudadana;…contribuyen a la educación y a la socialización políticas, y son medios de expresión de la voluntad popular;… su aplicación conlleva a una apertura de los métodos de decisión pública” (Jean-Francois Prud’homme, Consulta popular y democracia directa, INE). Además de las ventajas democrático-populares, gubernamentales, que ofrece la consulta, los beneficios indiscutibles que traerá la termoeléctrica, fortalecen este proyecto que el Presidente decidió rescatar y puso a consulta, donde la mayoría que participó está rotundamente a favor. Eso es democracia real. Frentes Políticos I.  Arrancan. 18 congresos locales validaron el dictamen que crea la Guardia Nacional, cumpliendo así el requisito constitucional de que debía ser aprobada, por al menos, la mitad más uno de los estados del país, informó Martí Batres, el presidente del Senado. Hoy jueves se espera que los congresos de Ciudad de México y de Veracruz debatan sobre la Guardia Nacional que, previsiblemente, también será aprobada. Tras superar este trámite, la reforma deberá ser promulgada por Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. El objetivo es reducir los altos índices de delincuencia que sufre el país, donde el pasado año se registraron 33 mil 341 asesinatos, siendo el más violento de la historia de México. Están advertidos, viene la paz. II. ¿Bacanal? Es inaceptable que un servidor público esté involucrado en un escándalo de estas dimensiones. La noche del 4 de marzo, Efraín Angulo Rodríguez, secretario de Turismo de Colima, denunció un “ataque” en su domicilio. Una persona murió. Todo iba bien hasta que sus propios vecinos sugirieron que mentía, así que renunció. Sus vecinos declararon que en realidad era una fiesta que se salió de control, en la que, además, había menores de edad. El gobernador Ignacio Peralta no se pronunció al respecto hasta que Angulo Rodríguez presentó su renuncia. Hay un cúmulo de incógnitas tras lo ocurrido, pues resulta sospechoso que así como así se dé una renuncia y no se ofrezca una explicación pública. ¿Se estará encubriendo algún acto de pederastia? ¿Cuántos excesos más, gobernador?  III. Extinción. A pesar de los esfuerzos gubernamentales, de la participación de científicos de diversos países, tan sólo quedan entre seis y 22 ejemplares de vaquitas marinas en el Golfo de California, donde una disputa tiene lugar entre pescadores y la última línea de defensa de la marsopa más pequeña y amenazada del mundo. En febrero de 2018, Rafael Pacchiano, entonces titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, aseguró que “no bajaremos la guardia para salvar a la vaquita marina”. Jorge Urbán, profesor de biología en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, señaló que las 22 vaquitas ya tienen fecha de defunción. Esta especie estaría extinta para junio. ¿Quién es el culpable? IV. Encargo. Octavio Romero Oropeza, director de Pemex, está obligado a alinear el barco con las calificadoras y demostrarles que la lucha en contra la corrupción es la mejor garantía. Nepotismo, huachicoleo, sindicatos, funcionarios coludidos, cotos de poder. Cuando todo eso se acabe el panorama será distinto para la empresa petrolera del país, y esto queda en manos de él. Ayer la Segunda Sala de la SCJN resolvió un amparo en revisión, en el que determinó que Pemex debe reconocer los derechos de familiares de trabajadores de la empresa Conservación de Pilotes de Control que murieron durante la explosión ocurrida en la Torre B2 en enero de 2013. Agenda llena. A darle. V. Debiluchos. Más como una muestra del desprestigio que de una verdadera fuerza de coalición, el PAN, PRD y MC acordaron ir en candidatura común para la elección de la gubernatura Puebla el próximo 2 de junio. El candidato de los tres partidos será Enrique Cárdenas Sánchez, confirmaron fuentes del PAN, cuya cúpula se reunió en el CEN en una Sesión de la Comisión Permanente Nacional. A diferencia de la elección de 2018, las tres dirigencias nacionales acordaron ir en una candidatura en común y con un candidato ciudadano, a propuesta de la sociedad civil. Sí, Cárdenas Sánchez, exrector de la UDLAP, quien fue el primer candidato de Morena en la entidad, ahora irá con la oposición. Al final, juntos y revueltos. BITÁCORA DEL DIRECTOR/ Cómo cumplir una promesa de campaña

El precio de la gasolina en México está casi al doble que en Estados Unidos. El aumento sostenido de los combustibles lo ha reconocido incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador. “El precio base ha aumentado en la (gasolina) Magna y disminuido en la Premium”, admitió el 26 de febrero, al comentar fotografías que circularon por las redes sociales que mostraban letreros en distintas estaciones de servicio del país en los que la llamada gasolina roja se ofrecía más barata que la verde, cuando históricamente ha sido al revés. “De todos modos, yo tengo un compromiso que voy a cumplir”, agregó. “No van a aumentar gasolinas, gas ni luz, en términos reales”. Bajar el precio de los combustibles fue una de las promesas de campaña del político tabasqueño. Incluso la reiteró después de ganar las elecciones. “En tres años no va a haber gasolinazos y no van a aumentar, más allá de la inflación, gas, diesel y energía eléctrica”, afirmó ante integrantes de la Concamin, el 10 de julio. “Después de los tres años, que ya tengamos producción de gasolinas en México, van a bajar precios e insumos”. La mitad del sexenio está lejos aún. Sin embargo, López Obrador ha dado muestras de que el aumento en el precio de los combustibles no le gusta. Hace una semana, el 28 de febrero, el Ejecutivo llegó a decir que es probable que el incremento a gasolinas y al suministro de electricidad se deba a intentos de desestabilizar los mercados desde dentro del mismo gobierno. “Ya di instrucciones para que se revisen, porque no quiero que al interior del gobierno los que tienen que ver con esto nos estén jugando chueco para provocar inconformidad con la gente”. ¿Quién entre sus funcionarios podría estar “jugando chueco” al Presidente? En días recientes, se ha filtrado que existe tensión entre el equipo hacendario y otros miembros del gobierno federal. Estos últimos quisieran que el precio de los combustibles bajara mediante la reducción del IEPS que se cobra por ellos (4.81 pesos por litro de Magna; 4.06 por uno de Premium y 5.28 por uno de diesel), mientras que los primeros insisten en que la recaudación por ese impuesto es necesaria para el cumplimiento de las metas fiscales. La Secretaría de Hacienda tiene la facultad de no cobrar el máximo autorizado por el Congreso. Durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto sólo se llegó al tope –que en 2018 fue de 4.59 pesos por litro de Magna– en las últimas tres semanas del periodo de gobierno. Durante la campaña electoral, el IEPS llegó a bajar, con variaciones semanales, hasta niveles de 1.80 pesos por litro. Desde que entró en vigor la tasa fijada para 2019, no ha bajado un centavo. La recaudación proyectada por este concepto alcanza los 269.3 mil millones de pesos, lo que significa un aumento de 41.1% respecto del año pasado, cuando, como digo arriba, no se cobró el máximo autorizado durante la mayoría de las semanas.  ¿Qué opciones tiene López Obrador? 1) Aguantar en silencio la crítica a los aumentos al precio de los combustibles, que tienen que ver, en parte, con el incremento en los costos internacionales de los insumos. 2) Reconocer que la promesa de bajar los precios de las gasolinas será muy difícil de cumplir, pues depende de muchas variables que no están en manos del gobierno. 3) Admitir que parte del problema tiene que ver con la escasez que propició la menor importación de gasolinas en diciembre y enero, misma que ya ha sido reconocida. 4) Convencer al secretario Carlos Urzúa de que permita que baje el IEPS o desbaratar la conspiración que supuestamente hay al interior del gobierno para hacerlo ver mal. 5) Esperar que la estrategia de construir una refinería y reconfigurar las existentes dé frutos para mediados del sexenio y, para entonces, ofrecer precios más bajos, como prometió. 6) Sacar a Pemex de la tarea de importar y producir petrolíferos refinados y dejar que se concentre en las labores rentables de la industria (exploración y producción). Parte de la razón por la que la gasolina en México está casi al doble del precio promedio en Estados Unidos (que ayer estaba en 2.43 dólares por galón, o 12.53 pesos por litro) es la ineficiencia de Pemex para importar combustible. Hay que recordar que México importa 80% de sus gasolinas y que, de ese monto, Pemex se encarga de traer el 97%. En este espacio he calculado –con base en la comparación entre el precio al que la empresa compra el producto a pie de barco en Houston y al que (aproximadamente) lo vende a las estaciones de servicio en México– hay un sobreprecio de dos pesos por litro atribuible sólo a esas ineficiencias. La cifra se sabrá con exactitud cuando Pemex se atreva a publicar con detalle todos los datos de cómo se compone el precio de un litro de gasolina.