Editorial EL UNIVERSAL / México, la gran sala de espera para migrantes centroamericanos 

Resulta inevitable que la migración continúe sus pasos, en un mundo globalizado, donde las fronteras desaparecen frente a la integración política, económica, social y cultural, que ha convertido al mundo en un espacio donde los flujos comerciales traen aparejados flujos migratorios. Lo anterior resulta inevitable cuando existe un modelo económico que genera una importante concentración de la riqueza, provocando que solo una cuarta parte de la inversión internacional se dirija a las naciones en desarrollo, trayendo consigo desempleo, pobreza y migración. En este contexto, la continuidad de modelos económicos ya agotados, que han demostrado sus deficiencias estructurales en el crecimiento armónico mundial, jamás podrán contener los desplazamientos humanos. En México, el tránsito de personas desde su frontera sur, que tienen como país de destino a Estados Unidos, está adquiriendo formas distintas. Nuestro país no puede ni está en condiciones de detener a los grupos de migrantes que cruzan por el territorio nacional, más que velar porque su tránsito sea seguro y con respeto a sus derechos humanos. Resulta cuestionable la ausencia de una política migratoria clara. Con la reciente “Caravana Migrante”, quedó de manifiesto la ausencia de una política migratoria definida para la atención de esos flujos, que de manera soberana reciba y vele por los derechos humanos de las personas de otros países en su tránsito por territorio nacional. La decisión del gobierno federal de aceptar que el gobierno estadounidense devuelva a México a las personas que ingresan a territorio del vecino del norte, para que permanezcan en nuestro país en tanto que un juez de migración en Estados Unidos determina su situación, pareciera responder a una exigencia externa, sobre todo si consideramos que dicho proceso puede durar de 6 meses a 4 años, ya que las autoridades estadounidenses tienen más de 300 mil solicitudes pendientes. A pesar de la negativa de miembros del gobierno federal de que México se convierta en Tercer País Seguro (TPS), los argumentos vertidos sobre el aceptar a esas personas como una medida humanitaria y temporal, lo que hacen es justificar una posición forzada y no una decisión soberana. Nadie en su sano juicio rechazaría apoyar a migrantes, lo que tenemos que preguntarnos es: ¿México está preparado para otorgar empleo, vivienda, servicios de salud, educación y seguridad a las personas que ya no se desplazarán hacia Estados Unidos, sino que se quedarán en el país? Nos preocupa que México con poco más de 43.6 por ciento de su población en la pobreza y 7.6 en pobreza extrema (Coneval, 2016), es decir, con más de la mitad de su población en esa situación, tenga las condiciones para cumplir con lo que el gobierno actual está ofreciendo a los migrantes centroamericanos. ¿Cómo ofrecer empleo a migrantes del sur del continente, cuando aquí el INEGI ha reportado más de 2 millones 14 mil personas permanecieron sin trabajo en diciembre de 2018? A la larga, atender las decisiones de Estados Unidos para frenar la migración hacia su territorio, con la entrega de visas humanitarias, generará una mayor presión en la frontera norte, de eso no cabe duda. OPINIÓN / Terror en el Metro

En la estación Centro Médico una mujer hace su transbordo cuando un hombre la jala del brazo para desviarla hacia la salida. Ella hace esfuerzos por zafarse mientras él dice que no haga drama, como si fuera un conocido. Ella grita que la deje, que no lo conoce y que le hablen a un policía. Nadie responde. Nadie se acerca. El hombre la jala con fuerza y le tuerce la mano. Ella lo golpea con la mochila. Finalmente, el hombre se aleja. Cuando la mujer acude con un policía, este responde que si el agresor se había ido no podía hacer nada.Los casos de intento de secuestro a mujeres dentro y en los alrededores de las estaciones del Metro han sido documentados por colectivos de organizaciones civiles. Con testimonios de ataques ocurridos desde el 2001 hasta enero de 2019, las organizaciones han recabado y plasmado en un mapa tanto denuncias formales como las publicadas en redes sociales. Las historias son aterradoras, pero más terrible para las víctimas (y para los ciudadanos) era la falta de atención y seguimiento de estos casos que no son aislados. Los esquemas de violencia contra mujeres, en espacios asociados al transporte público de la Ciudad de México, revelan la debilidad institucional que heredó la Procuraduría capitalina. Nos encontramos ante un ejemplo de impunidad sistémica. La violencia subsiste, se expande y se agrava en razón de la ausencia de métodos institucionales para hacer frente a ésta. Tal y como lo descubrió Alexander Fleming, no es que las bacterias sean fuertes, es que el entorno en el que viven es débil para combatirlas. La procuraduría capitalina heredó un sistema de procesamiento de denuncias que prácticamente garantiza el fracaso de las investigaciones.El primer error del sistema es concebir los delitos como eventos aislados. Nuestros ministerios públicos atienden casos, no fenómenos. Así, las denuncias son asignadas a los funcionarios de forma individual. Un delito, un caso, un funcionario. No existen procesos formales que relacionen una investigación particular con otra similar asignada a otra persona, incluso dentro de la misma oficina. Los miles de puntos de ocurrencia de un fenómeno se tratan como incidentes independientes. Es una revolución contra la lógica elemental de la epidemiología. Tampoco ayuda el sistema de evaluación de ministerios públicos donde son premiados por llevar a juicio o concluir el caso a su cargo. Esto es nocivo porque denuncias con información escasa son desestimadas o nunca registradas. La práctica viola los derechos de las víctimas al pretender que éstas sean quienes deban aportar los elementos de prueba suficientes para resolver delitos. Pero, más críticamente, perdemos información que sólo puede valorarse y potenciarse a la luz de otros casos. La forma de solucionar la emergencia del terror en el metro requiere emular la estrategia de los activistas. Se requiere de un sistema simple de denuncia desde una multiplicidad de medios; que recabe los incidentes con las propias narrativas de las víctimas, ubicando en el mapa y en el tiempo, los incidentes ocurridos.Organizar el trabajo de investigación de esta forma se ha ensayado en la Fiscalía de Chihuahua bajo el nombre de Unidades de Análisis. Esfuerzos similares pueden también observarse en la Fiscalía de Guanajuato. En el mediano plazo, la procuraduría capitalina deberá adoptar herramientas de análisis de contexto para resolver grupos de casos y premiar también estos esfuerzos. Es algo que tomará tiempo pero que urge implementar para que estas historias no tengan más finales trágicos.

Frentes Políticos I. No la van a extrañar. Aunque la ministra Margarita Luna Ramos se despidió el 31 de enero de su actividad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), su retiro está agendado hasta el 18 de febrero. A mediados de enero, el Centro Libanés le realizó un homenaje por sus 15 años de trayectoria, sin embargo, en ese lapso no realizó nada que la destacara. Se dice que pasó sin pena ni gloria los tres lustros para los que fue designada por el expresidente Vicente Fox. Se le recordará más porque apenas escuchó la posibilidad de la Ley de Remuneraciones y se protegió para no descontarse el sueldo; y porque en dos ocasiones intentó ser presidenta de la SCJN, pero en ambas sólo obtuvo un voto, el de ella. Revuelo ha causado, pero por quién la sustituirá. II. Panorama nebuloso. Un grupo de morenistas en Puebla se niega a que Miguel Barbosa repita como candidato a la gubernatura en la elección extraordinaria del 2 de junio. Argumentan que tiene problemas de salud y prefieren al senador Alejandro Armenta. Entre quienes se oponen está Héctor Alonso Granados, diputado local, quien aseguró: “Aquí afuera, el 16 de diciembre, ustedes lo vieron, ya se veía cansado… Puebla no necesita ahorita volver a pasar problemas ni tener problemas de incapacidad por salud”. Sin embargo, Gabriel Biestro, diputado local y presidente del grupo parlamentario de Morena en el Congreso del estado, calificó como una “bajeza” que pretendan denostar a Barbosa argumentando un mal estado de salud para bajarlo de la contienda interna. Luego por qué pierden elecciones. III. Muy confiado. El diputado Daniel Gutiérrez Gutiérrez aseguró que la calificadora Fitch Ratings reprobó la gestión de Pemex del último año de la gestión del gobierno que encabezó Enrique Peña Nieto, no las acciones de la actual administración. Y suena lógico. El legislador por Oaxaca aseguró que la lucha contra el huachicol, así como las inversiones a las refinerías de Pemex, se verán reflejadas en los próximos seis meses y que la evaluación que se haga, entonces sí será por las decisiones del actual gobierno. Así que para él, la postura de Fitch Ratings “es un tache para la administración de Peña Nieto”. ¿Y además de presagiar un mejor panorama para México, algo para que baje el precio de los combustibles, señor diputado? IV. Bienvenida inversión. El ministro de Fomento de España, José Luis Ábalos, expresó ayer al secretario de Comunicaciones y Transportes del gobierno mexicano, Javier Jiménez, el interés de las empresas españolas en participar en proyectos como el Plan de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, el Tren Maya y el Programa Nacional de Carreteras. Entre otras cuestiones, Ábalos consultó el estado de las inversiones ya proyectadas y que son de alto interés para las empresas españolas presentes en la zona. La buena noticia es que México mantendrá el atractivo para los flujos de inversión provenientes de España, sobre todo si se toma en cuenta que el euro ha traído grandes beneficios a la economía española, como una gran estabilidad que ha reducido la inflación y facilitado la inversión extranjera. V. Orgullo democrático. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) recibió dos premios internacionales, por Igualdad de Género y Participación Minoritaria, de parte del International Centre for Parliamentary Studies, durante la sexta ceremonia anual de entrega de premios electorales que se realizó en la ciudad de Accra, África. Se reconoció la labor a favor de la participación política de las mujeres durante el proceso electoral 2017-2018 y se premió al TEPJF por algunas de sus sentencias relativas a los derechos políticos de los integrantes de pueblos indígenas. Los premios otorgados reconocen a instituciones líderes en el ámbito electoral y sus contribuciones a los procesos democráticos. Si algo tuvo la Sala Superior del TEPJF fue exceso de trabajo en los pasados comicios. Merecido.