Editorial EL UNIVERSAL / Combatir violencia y cuidar derechos Las políticas de seguridad emprendidas contra el crimen organizado desde hace más de una década en México han provocado una herida profunda en nuestra colectividad, en la memoria de todos. Es un capítulo de la historia nacional en el que todavía debe aquilatarse el papel del Estado y sus artífices, respecto al daño de las fuerzas criminales. El combate a la violencia del crimen organizado ha provocado daños colaterales. La participación de las Fuerzas Armadas en esta lucha es una decisión criticada desde que se tomó, más aún en aquellos momentos en que militares y marinos usaron injustificadamente una fuerza desproporcionada. Es justo decir que las Fuerzas Armadas asumieron tareas ajenas a su competencia, relacionadas con la seguridad pública, debido a la ineficacia de las policías locales y al gran poder ejercido por el crimen organizado sobre las autoridades. En definitiva, estos cuerpos de élite se vieron comprometidos por las autoridades civiles cuando la violencia se hizo incontrolable. Ante este panorama, EL UNIVERSAL publica hoy en estas páginas una entrevista con Jared Genser, un reconocido abogado de prestigio internacional, quien afirma que los derechos humanos en México se han deteriorado significativamente en las últimas décadas, principalmente debido al papel de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado. La política que llevó al Ejército a asumir tareas de seguridad pública no ha modificado significativamente los niveles de violencia en el país. Además, la amplia penetración de los grupos criminales en los gobiernos locales, la falta de competencias de las policías municipales y la escasa cooperación interinstitucional impactan directamente en los resultados obtenidos hasta ahora. En la opinión del experto, la pacificación del país pasa por responsabilizar a quienes han violentado los derechos humanos en el pasado, aun cuando se trate de miembros de las Fuerzas Armadas. Llegado el momento, México deberá vivir un proceso de transición, desde el estado de violencia actual hasta la pacificación, pero deberá cuidarse el trato que se dé a las Fuerzas Armadas, que son uno de los pilares más relevantes del Estado. En lo legal, el llamado de Genser es oportuno: hay que crear un marco adecuado que permita la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, al tiempo que se garantice la protección a los derechos humanos. El debate en torno a la creación de la Guardia Nacional, que se realizará en semanas próximas, es una oportunidad para garantizar el cuidado a las Fuerzas Armadas dentro de un marco de respeto a derechos fundamentales. El reto para la administración federal es enorme: hay que afrontar plenamente, de una vez, el problema de la violencia al tiempo que se cuide el impacto sobre los derechos humanos. De hacerse adecuadamente, se sentarán bases sólidas en la materia de cara al futuro para darle sostenibilidad a nuestro país.

I. Fin a los abusos. Ernestina Godoy, procuradora de Justicia capitalina, bajo instrucciones de Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno, atendió los reclamos de un sector muy vulnerable de la sociedad. Y al líder sindical del Heroico Cuerpo de Bomberos, Ismael Figueroa, le quitaron poder, pero, sobre todo, dieron seguimiento a los excesos, abusos y pillerías de este hombre que durante los meses recientes se dedicó a mover como quiso todas las piezas de una corporación digna. Se investiga el ataque que sufrió, pero también las acusaciones de venta de plazas y de amenazas a algunos bomberos. “Ustedes recordarán, fue el año pasado que hubo algún homicidio donde se le señaló a él como autor intelectual, estamos siguiendo esa carpeta también”, abundó Godoy. Es el ocaso del miniimperio que fundó Figueroa. Adiós. II. Desesperado. El secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, Aldo Fasci Zuazua, urgió al Congreso de la Unión a dejar el debate y definir la creación de la Guardia Nacional propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Admitió que la incertidumbre no deja avanzar en el nuevo modelo de seguridad, “a pesar de que todos los días en el estado se realizan reuniones con las fuerzas federales”. Por ello hace un llamado muy respetuoso a los diputados federales y senadores: “Les suplico y urjo a que ya resuelvan esta situación”, pidió. Contrario a quienes critican la creación de la Guardia Nacional, Fasci Zuazua confesó que está a favor porque se trata de personal altamente capacitado. No cumple dos meses en el cargo y ya clama ayuda. ¿Y dónde queda su esfuerzo personal por encontrar la paz? III. Cirugía mayor. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que, de acuerdo con sus análisis, el sistema de salud pública del país está “fraccionado y abandonado” y propuso su rescate por medio del Instituto Mexicano del Seguro Social, que ya posee una cobertura de 82 millones de personas. Al presentar el Plan Nacional del IMSS 2018-2024 en Morelia, Michoacán, subrayó que el abandono fue de tal magnitud que “está peor que el sistema educativo”, el cual fue prioridad política del gobierno anterior. Añadió que en el pasado la corrupción en el IMSS llegó a tal extremo que “los políticos se convirtieron en proveedores de medicamentos”. Pero la cura llegó y se llama honestidad. Veremos. IV. Crimen al alza. Guanajuato registró ayer una de las jornadas más violentas de las que se tenga memoria, con al menos 23 ejecutados en diversos municipios en la entidad. Valle de Santiago, Pénjamo, Tarimoro, Celaya, León, Salamanca, Acámbaro y Jaral del Progreso, nadie se salva de la violencia. El derecho de piso es lo más común y no se pueden hacer negocios legales porque los sicarios se aparecen para cobrar las cuotas. Fragorosa bienvenida al gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, a quien sugieren ponerse a trabajar en los delitos del fuero común, a fin de que baje la incidencia en delitos de alto impacto, como homicidios dolosos, y que combata a los grupos delictivos. Se necesitará una partida para panteones. V. Claridad. Que nadie se llame sorprendido. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los servidores públicos que no transparenten sus bienes patrimoniales no se sumarán a su gobierno. Hoy él mismo hará pública su declaración patrimonial. Y aclaró que aunque la ley permite que un servidor mantenga privada su información patrimonial, todos los funcionarios de su administración deben dar a conocer sus bienes e incluir los de los cónyuges y familiares cercanos. “Esto tiene que cambiar. Me patea el hígado el saber que organismos internacionales como Transparencia Internacional nos coloca en el sitio 135 en corrupción, como mexicano me indigna, me molesta. No puedo decir otra palabra, eso se acabó”. Nunca estas palabras sonaron tan en serio.