Editorial EL UNIVERSAL / PIB: promesas no cumplidas

Todos los países deben generar riqueza para que los beneficios lleguen a la población. ¿Cómo saber si se está logrando? La forma más común de conocer si la economía de un país crece o se contrae es la medición del Producto Interno Bruto, que no es otra cosa que la suma del valor de todos los bienes, servicios e inversiones que se producen en el país durante un año. En México, casi desde el inicio de siglo, se repetía que el país necesitaba reformas fundamentales para impulsar el auge económico. Luego de infructuosos intentos, la concreción de los cambios se dio el sexenio pasado; desde el principio de la administración se fueron aprobando distintas modificaciones a la ley en materia educativa, energética, comunicaciones, financiera, de operación de los organismos autónomos y en otras áreas. La administración anterior presumía que en tan solo 18 meses se llevaron a cabo 11 reformas “transformadoras que son fundamentales para el desarrollo político, económico y social”. El discurso central señalaba que a finales de ese gobierno, en 2018, la economía del país cosecharía los frutos de las leyes aprobadas. El plazo se venció y los primeros reportes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía señalan que las predicciones de crecimiento económico (de más de 5% para el último año de la administración) quedaron muy lejos. En el último trimestre del año pasado el ritmo de la economía se desaceleró y avanzó apenas 0.3%, menor al 0.8% del trimestre previo. El índice de crecimiento del PIB en 2018 fue de 2%, el más bajo de los últimos cinco años. Es imposible escapar a factores externos que influyan en el desempeño económico, pero decisiones u omisiones de quienes ejercen el gobierno pueden resultar en alicientes o trabas para que la iniciativa privada –la principal generadora de empleos y por lo tanto de riqueza– tenga confianza y destine recursos a proyectos productivos. Queda claro que no basta con transformaciones legales para que mejore el desarrollo económico de cualquier nación. En los últimos años México ha tenido al menos dos temas que frenan de manera importante la economía: la corrupción y la debilidad del Estado de derecho. Mientras no se avance en esas materias, poco valor tendrán las reformas que se realicen. OPINIÓN / Las tareas de Javier Duarte al salir

Sí, Javier Duarte se declaró culpable por asociación delictuosa, y haya sido o no una estrategia para evitar purgar más años en la cárcel de los que finalmente le dieron, lo cierto es que a raíz de ser condenado, bajó considerablemente su presencia mediática, claro, en buena medida porque así lo quiso. El problema para Duarte radica en que su esposa, Karime Macías, es en este momento para el ciudadano “de a pie”, bastante más “famosa” e interesante que el propio cordobés, por una simple y sencilla razón: no ha sido juzgada, y probablemente nunca lo sea. Mientras Duarte ya fue condenado por las leyes de nuestro país, Macías será juzgada bajo un criterio quizá aún más severo: la opinión pública nacional. Es bastante probable que la ex primera dama de Veracruz no viva lo que su esposo pasó, pero ello no la libra del duro escrutinio popular. La principal razón por la que Duarte decidió declararse culpable fue para estar pronto con su familia. Duarte requiere hacerse cargo de los problemas que tiene su esposa, estar ahí y “meter el pecho” en su favor, y sabía que continuar peleando con la autoridad le alargaría los tiempos. Más allá de la polémica por los años que le dieron a Duarte, el ex gobernador ha sido juzgado, y en unos cuantos años, quizá menos de 3, considerando el cuerpo de defensores que tiene, podría estar en condiciones de reintegrarse a cualquier actividad. Si hay algo que Duarte supo hacer mientras tuvo el poder (y no llegaba el “derrumbe”) fue operar elecciones. Javier es quizá tan hábil como Fidel Herrera para ganar comicios. Lo demostró en su momento, tuvo mayoría en el Congreso local, muchos diputados federales, además del 70 por ciento de las alcaldías en el estado. Que no nos extrañe si Javier Duarte, ya libre y sin más preocupaciones que su esposa e hijos, se suma de manera oculta y por detrás de los reflectores, a la operación electoral en su estado en favor de cualquier partido político que no sea el PAN. De entrada, su primera misión sería evitar que algún Yunes azul regrese al poder. Se lo tomaría personal. ¿Tendría éxito?

Frentes Políticos I. Mesa puesta. Los gobiernos de México y Uruguay convocaron a una conferencia internacional de países neutrales para fomentar el diálogo entre los venezolanos. Se realizará el 7 de febrero en Montevideo. La cancillería de México espera que más de diez países y organizaciones internacionales participen. Ambos países se han negado a retirar su reconocimiento al asediado gobierno venezolano del presidente Nicolás Maduro. EU, Canadá y otras naciones han reconocido al líder de la oposición, Juan Guaidó, quien se declaró presidente encargado. En tanto, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, ofreció al Senado como árbitro para mediar el conflicto, cuyo alcance desencadenaría “una confrontación mundial”. Neutralidad, no hay más. II. Equipo. La decisión de Marko Cortés, líder del PAN, de designar a Mauricio Kuri como coordinador de los senadores del PAN, trajo unión. Tras ser designado, Juan Carlos Romero Hicks dijo: “Vamos a legislar en equipo”. El designado reiteró a Cortés su compromiso “de seguir impulsando acciones que beneficien a todos los mexicanos, y actuar como oposición responsable”. Lo que no logra entenderse es que si afirma que “como lo hemos hecho los legisladores de Acción Nacional, seguiremos poniendo el bienestar de los ciudadanos al centro de las decisiones”, entonces los 24 integrantes del Senado votarán en contra de la Guardia Nacional. Obstaculizar las soluciones y frenar iniciativas sólo les da tiempo extra a los criminales. ¿Saben qué significa ¡urge!? III. Lazos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el presidente de España, Pedro Sánchez, acordaron acciones para renovar los estrechos vínculos políticos, económicos y sociales entre los dos países, y colaborar ante los grandes retos regionales y globales. Refrendaron la vigencia de la Asociación Estratégica México-España, con proyección en los espacios bilateral, iberoamericano y multilateral. Además, pactaron celebrar las contribuciones del exilio español a México y “construir sobre su legado una nueva etapa de colaboración”. La importancia de esta relación, traducida en términos económicos; son 65 mil millones de euros invertidos; México es el principal socio de España fuera de Europa. Nos une el idioma y los planes de desarrollo. IV. De risa. Gabriel Quadri, Rodolfo Higareda y Pablo Rión acudieron al INE a notificar su intención de que la organización Cambiemos inicie el procedimiento para convertirse en partido político. Quadri, quien en 2012 fue candidato del Panal a la Presidencia, se voló la barda. Explicó que pretenden ser el único partido liberal de centro que busca la consolidación de las instituciones para lograr seguridad. Después de asegurar que México avanzaría si no tuviese que cargar con Guerrero Oaxaca y Chiapas, lo hace ver que de liberal no tiene nada y pretende que los mexicanos le paguen su partido. No se lo merece. V. Orden. Lorena Villavicencio, diputada por Morena denunció violencia política de género en el Congreso de Colima. La diputada federal, Claudia Yáñez Centeno, y sus compañeras de partido en el congreso local, Jazmín García Ramírez y Claudia Gabriela Aguirre Luna, denunciaron que han sido objeto de discriminación y castigo por parte del coordinador de la bancada, Vladimir Parra Barragán. “Nuestros ideales y los de nuestro presidente es lo que nos ha motivado a seguir luchando, pero es injusto e inaceptable que estén ocurriendo hechos de este tipo, amenazas, ataques y denostaciones a nuestras personas por el simple hecho de no ceder al capricho de alguien más”, expresó. ¿Qué ideales defiende?, o como dicen, ¿quién le hizo tanto daño? BITÁCORA DEL DIRECTOR / Réquiem por la Reforma Educativa

Mañana, 1 de febrero –como lo establece el artículo 65 de la Constitución–, se inicia el Segundo Periodo Ordinario del Primer Año de la 64 Legislatura del Congreso de la Unión. Tres asuntos relevantes hay en la agenda de los diputados y senadores: las iniciativas para echar abajo la Reforma Educativa promulgada en 2013; para crear la Guardia Nacional, y para modificar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Me detendré en el primero de ellos. La Reforma Educativa surgió de un amplio consenso entre las fuerzas políticas del país. Varias encuestas registraron, en su momento, el gran apoyo con que contaba en la sociedad mexicana. Sin embargo, como ocurrió con casi todo lo que se hizo el sexenio pasado, la Reforma Educativa se estrelló contra la pared de los escándalos de corrupción que marcaron el desempeño del gobierno de Enrique Peña Nieto, y pocos quisieron defenderla cuando el entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador la sentenció a muerte como parte de las promesas de su campaña electoral. Como cualquier obra humana, la Reforma Educativa es perfectible, pero es un error exigirle resultados luego de apenas un lustro de haber sido puesta en práctica. Si hoy está condenada, no es por su contenido, sino por el nombre de sus progenitores. La Reforma Educativa fue atacada con base en una mentira flagrante: que es “punitiva” para los maestros. Nada más falso. Exigir que un maestro tenga los conocimientos para dar clases y que un director de escuela tenga los méritos para ocupar ese cargo no atentan contra la dignidad de nadie. Es al contrario: quien quiere mantener a los profesores a salvo de ser evaluados no confía en ellos ni los cree capaces de perfeccionar y poner al día sus conocimientos para hacer bien su trabajo. La Reforma Educativa no es punitiva porque no contempla el despido de ningún maestro que repruebe una evaluación. Tiene tres oportunidades para hacerlo, además del derecho de capacitarse en caso de no aprobar en la primera oportunidad. Y si fallase en tres ocasiones, la sanción estipulada es una transferencia a un área administrativa. De verdad, ¿eso es punitivo? Cualesquiera que sean sus limitaciones, la Reforma Educativa tiene un logro fundamental: asignar las plazas de profesores y cargos directivos con base en un concurso de aptitud profesional. Es decir, acabar con el sistema de cuotas y la compra-venta y herencia de las plazas que privaba en el magisterio. Si la Reforma Educativa fue necesaria es porque la nómina de la SEP estaba llena de aviadores y personas sin capacidad para la enseñanza. Era ridículo no saber siquiera cuántos maestros había en México. Era un derroche de recursos públicos que muchos de esos maestros cobraran por hacer funciones de “comisionados” del sindicato, y que los profesores pudiesen faltar a clases para asistir a actividades gremiales, incumpliendo su deber primordial de enseñar a los niños y sin temor a ser sancionados. Puede ser que no sea la única causa, pero ese estado de cosas –que existió durante décadas– propició un rezago educativo que ha dañado al país. Lamentablemente, a eso se quiere regresar con echar atrás la Reforma Educativa. La mejor muestra de ello es lo que está sucediendo en Michoacán. En lugar de estar dando clases, los maestros agremiados en la CNTE están bloqueando las vías del tren –en demanda de que se les paguen supuestos adeudos multimillonarios–, impidiendo que lleguen a su destino miles de contenedores con insumos y productos terminados, lo cual está causando un gran daño a la economía. Aliados en la campaña electoral, López Obrador ofreció a los maestros de la CNTE echar abajo la Reforma Educativa. El hoy Presidente cumplió, enviando la iniciativa al Congreso, Sin embargo, ahora ese grupo de profesores –por cierto, minoritario en Michoacán– ha decidido no atender el llamado de López Obrador a quitarse de las vías. Tampoco han atendido el exhorto que les hizo en Oaxaca, en septiembre pasado: que a cambio de derogar la Reforma Educativa, los maestros se comprometieran a no faltar a clases. Me temo que la inminente muerte de la Reforma Educativa, aunada a la resistencia del Presidente de aplicar la ley a los profesores rebeldes, sólo envalentonará más a la Coordinadora y la hará reincidir en sus prácticas chantajistas para extraer rentas del Estado. Asimismo, restaurará el viejo sistema de privilegios del magisterio, que permitía la asignación de plazas por cuotas, y la compra-venta y herencia de éstas, como ha quedado demostrado con la promesa del gobierno federal de entregar cinco mil plazas a los egresados de las normales como premio por liberar las vías en Michoacán. Algo que, al momento de escribir estas líneas, no había ocurrido.