Editorial EL UNIVERSAL / No conviene un Pemex quebrado

La complicada situación económica que enfrenta Petróleos Mexicanos requiere de un plan integral de saneamiento de sus finanzas en el que invariablemente se tendrá que afectar al número de trabajadores. EL UNIVERSAL revela hoy que están por darse los primeros pasos en ese sentido. En 2018 la empresa productiva del Estado cerró con una plantilla de 128 mil 21 trabajadores, pero para este año tiene previsto operar con 111 mil 855 trabajadores, entre empleados de confianza y sindicalizados, lo que equivale a un ajuste de poco más de 16 mil plazas. Además, su Consejo de Administración le fijó un techo presupuestal para salarios, prestaciones y nómina de jubilados por 90 mil 837 millones de pesos, 3 mil millones menos que el año pasado. Expertos señalan que los problemas de Pemex principalmente son de corte fiscal (las excesivas contribuciones tributarias que le impusieron) y de escaso apoyo financiero oficial, pero una de las cargas más pesadas es el pasivo laboral, el dinero que requiere para atender solicitudes de pensión y jubilación de sus trabajadores. Este diario ha dado cuenta, por ejemplo, que en 2018 Pemex solicitó 63 mil 873 millones de pesos para cubrir beneficios de 97 mil 474 jubilados; en promedio, cada trabajador petrolero jubilado cobra 54 mil pesos mensuales, pensiones muy por encima de las que recibe la gran mayoría de jubilados del país y que no encajan en absoluto en la que es considerada la empresa más endeudada del mundo. Para este año la petrolera también está adoptando acciones de ahorro de recursos como la reducción de viajes a seminarios, congresos y conferencias, la limitación de acompañantes en comisiones y la prohibición de compra de boletos de avión en primera clase y clase de negocios, entre otras. En el túnel en que se halla Pemex cualquier medida de ahorro es como oxígeno para quien respira con dificultad. De parte del sindicato petrolero tendría que presentarse el compromiso de poner su parte para revertir la situación de una compañía que les ha permitido destacar siempre en el sector laboral en cuanto a beneficios obtenidos y salarios devengados. Datos de septiembre de 2018 señalan que el total de trabajadores jubilados creció 40% en seis años, por lo que la empresa está cerca de tener un trabajador activo por un jubilado, hecho que genera mayores riesgos económicos. Una tabla de salvación para Pemex es apostar a la eficiencia, calidad y productividad de sus empleados. Es tiempo de que muestren solidaridad con la empresa. Ni a ellos ni a nadie le conviene un Pemex quebrado. OPINIÓN / ¿Ya quedó abolido el neoliberalismo?

La declaración del presidente López Obrador, en la que anunció la abolición del “modelo neoliberal y su política económica de pillaje” en México, no debe verse como una más de sus múltiples ocurrencias o tonterías “mañaneras”, sino en términos de cuáles son los alcances de ese anuncio, qué es lo que va a seguir a lo que ya ha venido haciendo en estos casi 4 meses de gobierno.  En términos llanos declarar en México la abolición de un esquema económico mundial en el que nuestro país está entrelazado en todos los ámbitos es en sí mismo un despropósito que exhibe ignorancia e hipocresía por parte del primer mandatario.  Esta doctrina económica empezó a cobrar fuerza internacionalmente desde los años 70 del siglo pasado al imponerse en los Estados Unidos y la Gran Bretaña, principalmente, y desde allí a todos los países “en vías de desarrollo”, bajo los postulados de una apertura indiscriminada de las fronteras, controles (reducciones) salariales, reducción del gasto público (especialmente en las áreas de beneficio social), privatización de empresas estatales, incremento de impuestos al consumo (IVA) y fortalecimiento del sector financiero, entre otros, bajo la divisa del poder del libre mercado sin la intervención del Estado en su regulación, o con la menor posible.   En las últimas 4 décadas hemos asistido a una globalización —económica y en todos los renglones—, a la par que el ingreso en países latinoamericanos (como es el caso de México) se ha concentrado en unas cuantas manos acentuando la desigualdad social, los niveles de pobreza, desnutrición e insalubridad en la mayoría de la población. En general, los centros financieros internacionales y las grandes empresas transnacionales se han adueñado de las economías nacionales y han decidido las políticas gubernamentales en los países más débiles, con deudas nacionales que constituyen pesadas cargas en los presupuestos estatales. Las consecuencias sociales para la mayoría de la sociedad fueron terribles. La corrupción fue uno de los componentes esenciales de este esquema transnacional. México asumió plenamente esta doctrina con su adicional cuota de corrupción. Por ello este tema en un país tan desigual se tornó tan sensible. AMLO lo asumió como la causa de todos los males y ahora obsesionado por pasar a la historia, declara “abolir el neoliberalismo”, como Hidalgo abolió la esclavitud. Al identificar neoliberalismo con corrupción y señalar que ésta ya quedó atrás, entonces aquella doctrina quedó “abolida”, a pesar de que su gobierno reproduce la más radical agenda neoliberal y alimenta la corrupción más que los anteriores gobiernos al adjudicar obras y contratos sin licitaciones públicas, designando a “fiscales carnales”, poniendo a ministros a modo y sin meter a la cárcel a ningún funcionario corrupto. Además, al desmantelar las estancias infantiles, los comedores populares, disminuir los recursos para refugios de mujeres violentadas y para prevenir y combatir el cáncer cérvicouterino, con el argumento de que entregará esos recursos directamente a los beneficiarios. Es decir, todos los preceptos, resortes e instrumentos esenciales del neoliberalismo siguen vigentes, alimentando el “capitalismo de cuates”. Ni las gasolinas, ni el gas, ni la energía eléctrica ha bajado como lo prometió en campaña, sino que continúan al alza. ¿Qué medidas va a tomar? Aún no lo sabemos. Por lo pronto está aboliendo responsabilidades sociales fundamentales del Estado y de la República Democrática, construyendo un mecanismo clientelar electoral para su pretendida “revocación de mandato”, en el 2021, para lograr una mayoría que le permita seguir haciendo importantes reformas constitucionales, incluida la reelección, aunque se haya comprometido en público a lo contrario. Por eso el Congreso debe impedir que continúe la consolidación de un régimen autoritario, que no tiene nada de anti neoliberal, mucho menos de izquierda.

Frentes Políticos 1. Dueños de la agenda. Los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se sienten intocables, otra vez hacen bloqueos para “abrogar” la Reforma Educativa y, ahora que se está logrando, la queja sigue siendo la misma. Hay que agradecerles que flexibilizaron su postura al dejar salir a todos los empleados que se encontraban dentro del Palacio Legislativo de San Lázaro. El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, dialogó con líderes de la CNTE, y consiguió que los trabajadores, legisladores y visitantes abandonaran el recinto legislativo tras una larga espera. No habrá sesión hoy. Los maestros disidentes son quienes establecen la agenda. De los niños y la educación ni se acuerdan. 2. Mudanza. Serán reubicados los 2 mil 300 empleados que laboraban en la Conagua, tras el incendio del fin de semana. El fuego dañó el noveno y los pisos superiores, pero una fuga de agua causó estragos hasta el quinto piso, así que el daño estructural es tal que la rehabilitación se calcula en un mínimo de dos años. La Semarnat en Polanco ya recibió a los primeros trabajadores de Conagua; otros van a las oficinas del Organismo de Cuenca del Valle de México y podría darse la migración también a Veracruz. Blanca Jiménez, directora del organismo, no hará maletas, dicen. Se quemó Recaudación y Finanzas. ¿Coincidencia? El tiempo lo dirá 3. Sin problema. La Cuarta Transformación tiene muchas oportunidades para presentarse transparente y el Inai le pone una prueba de ello: la Presidencia de la República deberá publicar información sobre los salarios y datos de contratación de los delegados de programas para el desarrollo, la cual fue solicitada por un particular. El Instituto Nacional de Transparencia advirtió que el particular recibió una negativa, y tras realizar la solicitud de dicha información, el Inai abordó el asunto ante el pleno en su sesión. El comisionado Joel Salas Suárez, destacó que la transparencia es una vía para rendir cuentas a la población sobre los resultados de los programas sociales del gobierno federal. ¿Negarse a estas a brindar información a los ciudadanos? 4. Siniestro. Ayer la Cámara de Diputados se volvió zona de conflicto. Las comisiones unidas de Educación y Puntos Constitucionales dictaminarán la reforma educativa. Fue avalada con 48 votos a favor, 3 en contra y abstenciones, pero en esta ocasión la negativa no provino de las bancadas de oposición, sino de Morena y sus aliados del PT, es decir, los exlíderes de la CNTE. Votaron en contra Irán Santiago Manuel, extesorero de la Sección 22 y los profesores de la coordinadora, Idalia Reyes Miguel, diputada por Michoacán, y María Chávez Pérez, de Guerrero, todos ellos de Morena. Las abstenciones salieron de la bancada del PT y del exlíder de la Sección 22, Azael Santiago Chepi, quien señaló que la reforma mantenía el sentido impuesto en 2013. ¿De qué lado están? Del país no.  5. Algo anda mal. El secretario de Seguridad Ciudadana capitalino, Jesús Orta Martínez, dio a conocer que hay varios policías que han sido consignados por robo, extorsión y secuestro. Tras su reunión de trabajo con diputados locales, el funcionario reveló que a 100 días de la entrada de la nueva administración, hay policías que han cometido delitos y reveló que el número sigue en aumento. “Tenemos mucha actividad en Asuntos Internos, están muy activos con operativos sorpresa y atendiendo quejas de policías que están actuando mal, de manera que seguimos casos, se siguen acumulando”, detalló. Recordó que los uniformados tienen prohibido pedir dinero a la ciudadanía por la cuestión de seguridad, establecer retenes que no estén autorizados, así como ejercer atribuciones que no están conferidas por el Reglamento de la Policía. Justo todo lo que hacen. ¿Ahora sí acabarán con estos vínculos delictivos? Ya no hay excusas.