Editorial EL UNIVERSAL / Oportunidad contra la corrupción

El combate a la corrupción es un tema del que se habla, se escribe y se promete mucho, pero del que se queda a deber cuando la población exige resultados. Una de las dependencias que usualmente ha estado en el centro de la polémica es Petróleos Mexicanos. En lo que va del siglo ha estado vinculada a desvíos para campañas electorales, mal uso de recursos por parte de sus directores y casos de dispendio. Actualmente el grave problema del robo de combustible no se entiende sin la participación de una parte de la estructura de la empresa de Estado. El gobierno federal ha hecho señalamientos puntuales. Ahora EL UNIVERSAL publica que la Secretaría de Energía está revisando acciones adoptadas en Pemex a finales de la anterior administración que por sí solas generan sospechas. En primer lugar, la petrolera vendió sus tres plantas de hidrógeno que tenía en las refinerías de Tula, Cadereyta y Ciudad Madero. Después, sin estructura para generar hidrógeno, adjudicó de manera directa a tres empresas contratos por 20 años para que le vendan el químico. Cada mes, durante las próximas dos décadas, Petróleos Mexicanos tiene que desembolsar al menos 2.7 millones de dólares para los pagos de esas tres empresas. La presunción inicial de la Secretaría de Energía es que para beneficiar a las empresas vendedoras de hidrógeno Pemex se deshizo de sus plantas. En principio, tanto la venta de las plantas como la adjudicación de contratos probablemnte no implique una ilegalidad. Demostrar una mala intención en las medidas adoptadas no será fácil. En la administración pública una de las medidas para evitar cualquier tipo de control está en la transparencia de los contratos. Por ley estos deben ser adjudicados en licitación y cuando se hace de manera directa, la justificación tiene que estar debidamente argumentada. ¿Se hizo así en los convenios firmados con las compañías que suministran hidrógeno? Es hora de que el país comience a sancionar las malas decisiones que se adoptan –o se hayan adoptado en el pasado reciente– y que representen una afectación a las arcas públicas. Generalmente se hace mucho ruido y al final el castigo es mínimo o inexistente. Baste el ejemplo del caso Odebrecht, del cual se desconoce algún avance a pesar de que hace más de un año se dijo que la investigación estaba concluida. En este momento el país está frente a una oportunidad única para atacar la corrupción pero, más importante tendría que ser la instauración de mecanismos que frenen de raíz los malos manejos. Hay avances impulsados por la sociedad civil. Es necesario recurrir a ellos y trabajar de manera coordinada.

OPINIÓN / Austeridad y derechos adquiridos

Cuando el presidente López Obrador y su equipo tomaron la decisión de cancelar la construcción del nuevo aeropuerto de Texcoco —el proyecto de inversión más grande del gobierno anterior—, se toparon de frente con el problema de los derechos adquiridos. Desde el inicio del proyecto, el gobierno del presidente Peña Nieto había realizado una serie de actos generadores de derechos y obligaciones que eran legalmente exigibles. El caso más conocido es el de los contratos con los tenedores de bonos. El nuevo gobierno tuvo que hacer una recompra de bonos en los mercados secundarios y renegociar los términos de los contratos originales, con el fin de evitar las consecuencias legales y financieras de caer en un incumplimiento. A otros contratistas ha ofrecido indemnizarlos. En el caso de los servidores públicos de mando, la llamada “burocracia dorada”, la política del nuevo gobierno ha sido muy distinta. Con la excepción del Poder Judicial, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 (PEF 2019) aprobado por la Cámara de Diputados incluyó algunos cambios radicales a sus condiciones laborales, que van desde la reducción de salarios hasta la cancelación de prestaciones, como los seguros de gastos médicos mayores o de separación individualizada (un fondo de ahorro que se compone de aportaciones tanto del servidor público como de la institución que lo emplea). Las medidas, tomadas en nombre de la austeridad, afectan de forma tan palpable lo que hasta ahora se ha considerado como derechos adquiridos, que parecen tener como posdata: “nos vemos en los juzgados”. Por ello, a nadie debe sorprender que a la aprobación del PEF 2019 siga una lluvia de amparos y juicios laborales. Uno de los asuntos que está en juego en estos litigios es el alcance de la garantía constitucional de irretroactividad de las leyes. Dicha garantía, consagrada en el artículo 14 de la Carta Magna, establece que: “A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”. Protege a las personas de actos legislativos (nuevas leyes) y de su aplicación por parte de autoridades administrativas o jurisdiccionales, cuando afectan derechos y obligaciones que se adquirieron bajo el imperio de una ley anterior. La irretroactividad de las leyes impide al legislador destruir o alterar relaciones jurídicas ya establecidas mediante la emisión de nuevas leyes; limita su autoridad a futuro y le obliga a dejar el pasado intacto. Al buscar el establecimiento de un nuevo modelo de relaciones laborales con servidores públicos mediante la aprobación del PEF 2019, la Cámara de Diputados decidió ignorar las restricciones a su autoridad que la garantía constitucional de irretroactividad impone. En lugar de crear un régimen de transición que respetara situaciones jurídicas consolidadas, optó por una interpretación descontextualizada del principio de anualidad del presupuesto que le permite desentenderse de obligaciones heredadas del pasado. Limitó la seguridad jurídica de los servidores públicos a la vigencia del presupuesto. Sin embargo, la Cámara de Diputados no puede estar por encima de la Constitución, por más populares que sean sus medidas. La austeridad dentro de la ley es una causa noble, fuera de ella es sinónimo de arbitrariedad. Sin la debida protección a los derechos adquiridos, no puede haber certeza ni estabilidad en las relaciones jurídicas. Como diría Benjamin Constant, la aplicación retroactiva de las leyes es un atentado contra todo orden jurídico porque socava las condiciones para su obediencia. Pone en riesgo la credibilidad de la ley misma como instrumento de cambio social al traicionar la confianza que en ella depositamos quienes estamos obligados a obedecerla. Por ello, concluye el jurista francés Louis Josserand, “las situaciones establecidas, los actos realizados bajo su protección deben permanecer intactos, ocurra lo que ocurra”. Frentes Políticos I.  Apoyo. Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, y Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social, suscribieron un convenio de colaboración que permitirá integrar a la institución a más de mil becarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Durazo expresó que “si no atendemos los problemas de violencia desde sus causas nunca podremos resolverlos”, destacó la importancia de sumarse a este gran esfuerzo en favor de los jóvenes. El objetivo es integrar a los jóvenes al mercado laboral, por medio de los programas de capacitación. De acuerdo con información publicada por el Observatorio Laboral, el ingreso promedio mensual de las personas del sector agricultura es de tres mil 670 pesos, la beca será de tres mil 600 pesos al mes. Bien. II. La sabelotodo. Legisladores de la Comisión Permanente acusaron al gobierno federal de omisiones en el manejo de la fuga del ducto en la toma clandestina que ocasionó la tragedia en Tlahuelilpan, Hidalgo La panista Xóchitl Gálvez se equipó con un chaleco de protección, un megáfono, un letrero de “peligro” y un explosímetro para determinar el tamaño de la fuga de gas. La senadora brindó al pleno una conferencia de lo que se tuvo que hacer para evitar la muerte de casi un centenar de personas. “Si en lugar de mandar policías este aparato empieza a sonar y se le dice a la gente: tenemos una emergencia, evacúen la zona, les aseguro que la gente se hubiera movido”. Ya está: ¿y por qué no mejor la contratamos para resolver situaciones peligrosas? Haría más que donde está. III. Que siempre sí. Ayer las autoridades de Nuevo León aseguraban que había gasolina en el estado y que las largas filas de automóviles para abastecerse se debían a “compras de pánico”. Pues no, Manuel González, secretario de Gobierno, informó que, debido a una falla en la presión del ducto de Cadereyta a la terminal de abastecimiento de Santa Catarina, lo tuvieron que cerrar. “Fue cerrado para arreglarlo”, compartió el funcionario estatal, y confió en que el problema se solucionaría cuanto antes. “Es un ducto que conduce un tipo de gasolina nada más, el resto se estará normalizando, durante dos o tres días”, señaló. Una vez más los colaboradores de Jaime Rodríguez El Bronco, gobernador del estado, hicieron el ridículo. IV. Adiós a las mañas. Una de las fugas de recursos más cuantiosas es la que se iba en programas sociales. Ahí el dinero se diluía para transformarse en apoyos a los partidos políticos o para beneficiar las carteras de algunos funcionarios. Esto también se acabó. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, presentó el Observatorio por los Derechos Sociales y la Democracia, el cual vigilará la implementación de los programas sociales de la capital para evitar el uso indebido o clientelar de los mismos. Este grupo de trabajo estará a cargo del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México, para hacer una eficiente práctica del gasto público. Por fin, transparencia. V. Aire fresco. Tras la renuncia de la juez Janine Otálora a la presidencia del TEPJF, el órgano entra en una etapa de renovación interna. Con la llegada del magistrado presidente Felipe Alfredo Fuentes Barrera, quien estará al frente al menos por un periodo de dos años, se despejan dudas en torno a los sucesos vinculados con la resolución de las elecciones en Puebla. La polémica decisión pegó a la credibilidad del TEPJF. Viene la reconstrucción. El voto por unanimidad fue un primer paso. Mantener esa unidad por el beneficio del máximo tribunal en materia electoral, es lo que sigue para los magistrados. Bien. Ante todo la democracia, cuidar el real tesoro de la nación.