Editorial EL UNIVERSAL / Metro: recursos bajo sospecha

Uno de los problemas más graves que enfrenta la capital del país es la movilidad. En horas de mayor demanda el transporte público es insuficiente, las vialidades están al tope, los tiempos de traslado usualmente se duplican porque se viaja a vuelta de rueda. Muchas líneas de los microbuses son inseguras, lo que se suma a que las unidades tienen 15 o 20 años de antigüedad. Desde hace 50 años se apostó a convertir al Metro en la columna vertebral del transporte de la Ciudad de México, pero en lo que va de este siglo apenas se añadió una línea a la red. La saturación, la inseguridad y los desperfectos mecánicos han golpeado a este transporte como opción eficiente de movilidad. Prácticamente de manera diaria los usuarios del Metro exponen por decenas sus quejas en las redes sociales ante las deficiencias del servicio. Entre las fallas más frecuentes están: escaleras eléctricas inservibles, avería en cierre de puertas, presencia de humo, riesgosas aglomeraciones causadas por la lentitud... Una de las causas de lo anterior podría estar en lo que hoy da a conocer este diario. El sospechoso uso que se da al dinero destinado para mantenimiento. Luego del incremento de dos pesos al boleto del Metro en 2013, se creó un fideicomiso (Fimetro) en el que se depositarían los recursos obtenidos por el aumento. En un análisis realizado por la actual administración a los estados financieros, se encontró que se destinaron 997 millones de pesos para pagar a una empresa, cuyo giro es la venta de instrumental médico, incubadoras y camillas, por la compra de piezas mecánicas que ayudan a la estabilidad de los convoyes en sus trayectos. Una transacción extraña e inusual, por lo menos, que requiere una puntual aclaración. El problema se agrava porque de las mil 19 piezas adquiridas, 18 han presentado fallas, incluso dos se averiaron a menos de 80 días de su montaje y sin haber recorrido 30 mil kilómetros, a pesar de que la garantía ampara 500 mil kilómetros o 48 meses a partir de la fecha de su colocación. A más de cinco meses del reclamo de la garantía, la empresa no la ha hecho válida. El deterioro del Metro está a la vista. No se requiere de mucha imaginación para vincular el mal servicio con los malos manejos de los recursos. La información que se presenta hoy es apenas un solo atisbo a lo que debe ser una inspección a fondo del presupuesto de este importante medio de transporte. La administración capitalina entrante tiene una deuda con la transparencia y con la movilidad de los habitantes de la urbe. Frentes Políticos 1.  Aspiracional. Al gobernador que quiere ser presidente del PRI poco le importan los señalamientos sobre desfalcos en las cuentas del estado, las acusaciones de compadrazgos en obra pública y las investigaciones sobre desaparición de recursos en Salud, amén de la adquisición de diversos bienes inmuebles en los últimos años. El mandatario “invertirá” para que sea Campeche la sede de los congresos de la Federación Nacional de Municipios de México (FENAMM) y la Conferencia Permanente de los Congresos Locales (Copecol), todo, por el anhelo del liderazgo. Descarado fue que diputados encabezados por Rubén Moreira aprobaran la revocación de mandato. ¿A cambio de qué? Sospechan que convertirá al PRI en franquicia morenista. ¿Y los recursos para financiar estos congresos?, ¿de dónde? 2. Los contrastes. El último reporte del Sistema Nacional de Seguridad Pública indica que los homicidios dolosos aumentaron 8.12% en enero y febrero, en comparación con el mismo periodo en 2018. Un estado sorprendió. En Baja California Sur sólo hubo cuatro casos en este lapso, y fue la entidad con menor registro. Del otro lado está Guanajuato, donde gobierna Diego Sinhue Rodríguez, que alcanzó el mayor número de casos, con 479. Estado de México con 206 y Jalisco con 206, también encabezan la lista. Carlos Mendoza Davis, gobernador de BCS, resalta que gracias al trabajo de los gobiernos, fuerzas armadas, sociedad y empresarios, su estado es modelo a seguir en materia de seguridad, crecimiento económico y social. El mandatario guanajuatense prefiere evadir el tema. 3. Las nuevas formas. En Acapulco, Guerrero, Carlos Urzúa, secretario de Hacienda, aseguró que el gobierno federal trabaja en diversas reformas al sistema de aduanas del país, con el objetivo de reducir la corrupción, entre ellas se considera a los despachos conjuntos y la apertura de Manzanillo las 24 horas del día. “Vamos a tener muchos despachos conjuntos y tenemos mucha fe de que con eso se va a eliminar la mayor parte de la corrupción que existe en las aduanas”, afirmó. Una anécdota quedará como marca de los nuevos tiempos: el secretario de Hacienda llegó tarde a la inauguración de la Convención Bancaria, pues viajó por carretera. Austeridad ante todo. Obvio, muchos no se lo perdonan. 4. Nueva era. Qué sano sería dejar atrás los atavismos y calificar las situaciones en su justa dimensión. Mucho ruido ha generado la llegada de la ministra Yasmín Esquivel Mossa a la SCJN. Ayer, en sesión solemne, la Corte le dio la bienvenida, tras ser designada y ratificada para un periodo de 15 años. La ministra hizo un llamado a la unidad y se comprometió a ser vigilante de la independencia del Poder

Judicial.  Fernando Franco, ministro, dijo: Yasmín Esquivel “está avalada plenamente para formar parte de la Corte pues cuenta con méritos propios como juzgadora”. Cualquier vertiente distinta a esto es demeritar el trabajo de una mujer que ha sido, ante todo, profesional. 5. Impunes. Mariela Gutiérrez, alcaldesa de Tecámac, en el Estado de México, debe actuar de prisa. Hace unos días un presunto grupo criminal la amenazó, así como a personal de la Fiscalía mexiquense, por medio de una manta. Los delincuentes les exigieron liberar a sus cómplices recluidos en el Penal de Chiconautla, en Ecatepec. De no cumplir, advirtieron, comenzarían a matar a todos los policías del municipio. Además, amenazaron a elementos de la FGJEM de la célula de investigación y homicidios, a quienes presuntamente tienen ubicados. Por si fuera poco, se les está haciendo costumbre arrojar granadas como medida de presión por el cobro de piso a unidades de transporte público. Van dos en una semana. Preocupante lo que sucede en Tecámac, donde no se aplica la ley.