Editorial EL UNIVERSAL / El eslabón para los derechos humanos

El pasado 10 de diciembre celebramos el Día de los Derechos Humanos. En 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual abrió camino al reconocimiento de libertades y derechos fundamentales para cualquier ser humano. El mundo venía de dos guerras mundiales, donde los derechos se menoscabaron y atropellaron. El gran acierto de la declaración es que permite a todas las personas vivir con igualdad, libertad, dignidad, paz y justicia sin que importe el lugar del planeta en donde se encuentren. De ese tamaño es su trazado. A 70 años de la adopción de este tratado internacional, México enfrenta importantes retos. Algunas cifras que reflejan esta realidad son: en el primer semestre de 2018 hubo más de 300 feminicidios (FEVIMTRA); de 2015 a la fecha los tribunales locales han emitido 8,061 sentencias por delitos cometidos en contra de mujeres (FEVIMTRA); del año 2000 a la fecha han sido asesinados más de 120 periodistas (PGR); se han iniciado 4,328 carpetas de investigación por tortura (PGR); se investigan 11,556 casos de personas por desaparición forzada (CEAV); en los últimos 5 años se han levantado 470 indagatorias por delitos en materia de trata de personas (CEAV). Estos son sólo algunos de los temas que necesitan atención prioritaria del Estado. Sin embargo, debemos reconocer que nuestro país está bien diagnosticado. Desde 2013, se han recibido 28 visitas oficiales de mecanismos y procedimientos especiales de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano, las cuales han concentrado poco más de 2,600 recomendaciones. Lo que procede es que los tres Poderes de la Unión y los órganos constitucionales autónomos las ejecuten. Entonces, la pregunta correcta sería: ¿qué necesitamos para mejorar el ejercicio de los derechos humanos? La respuesta es sencilla, pero abarca muchas situaciones: “acceso a la justicia”. El reclamo social es encontrar una respuesta efectiva y expedita por parte de las autoridades nacionales, así como de los organismos internacionales, jurisdiccionales y cuasi-jurisdiccionales cuando se haya vulnerado algún derecho. El acceso a la justicia, reconocido en la Constitución y en los tratados internacionales, es fundamental. De esta garantía depende el ejercicio del resto de los derechos humanos, así como la corrección y reparación de las causas que generaron las violaciones a los mismos. Su importancia es tal, que la CoIDH ha señalado que “[e]l acceso a la justicia constituye una norma imperativa de Derecho Internacional y, como tal, genera obligaciones erga omnes para los Estados de adoptar las medidas que sean necesarias para no dejar en la impunidad esas violaciones”. De hecho, el Comité CEDAW establece que el acceso a la justicia es multidimensional ya que implica justiciabilidad, disponibilidad, accesibilidad, calidad, rendición de cuentas y reparaciones para las víctimas. El Derecho es, por tanto, una herramienta que resuelve casos específicos y problemas estructurales. En el Estado Constitucional y Democrático de Derecho, una de las máximas aspiraciones de la justicia, es evitar que los hechos que dieron lugar a una violación de derechos humanos vuelvan a cometerse. Por ello, se deben generar resoluciones transformadoras por medio de reparaciones integrales. Para que este modelo de derechos humanos funcione en un Estado con estas características, se necesita: I) el reconocimiento constitucional y convencional de los DH con el carácter de principios; II) la presencia de un régimen político donde funcione bien el sistema de pesos y contrapesos; III) la existencia de autoridades y de medios que protejan y garanticen el ejercicio de los derechos; y IV) medidas que garanticen la reparación integral y aseguren medidas estructurales para que no vuelvan a repetirse. Si México quiere hablar del imperio de un Estado de Derecho, debe garantizar que los derechos humanos se ejerzan en plenitud, así como que existan las instancias ante las cuales puedan ser exigidos.

Frentes Políticos I. Suspenso. Se esperaba que ayer se diera a conocer al nuevo ministro de la SCJN, quien sustituirá a José Ramón Cossío, pero a falta de consensos entre los grupos parlamentarios del Senado para elegirlo, Martí Batres, presidente de la Mesa Directiva, aplazó discutir y votar el tema en el Pleno y citó a sesión para este jueves. Los coordinadores de las bancadas todavía no alcanzan un acuerdo, pues para elegir al nuevo ministro de la terna del Presidente se necesitan mayoría calificada, lo que de 128 senadores significa un mínimo de 85 en total. Morena en el Senado se inclina por Juan Luis González Alcántara para ocupar la vacante del ministro Cossío. Que ese retraso en la designación no sea otra piedra en el camino. Lo que necesitamos es avanzar. II. Una más. Rebeca Clouthier renunció al PAN después de 32 años de militancia en el instituto político en el que su padre, Manuel de Jesús Clouthier del Rincón, Maquío, fue candidato presidencial en 1988. Ella denunció la corrupción y el lucro que comete el partido con la gente necesitada. Proveniente de una familia de lucha, se dijo estar decepcionada del PAN. “Sufrí en carne propia la sustitución de la filosofía humanista del PAN y observar cómo se transformó en veleta, movida por intereses y negocios personales de muchos, me orillan a tomar una dolorosa decisión. Renuncio al Partido Acción Nacional”. Descaro, deslealtad, cinismo y corrupción. Por eso se va. Seguro les dolió. III. Apañón. El Consejo General del INE aprobó los cambios que hizo Morena a sus estatutos, por lo que la actual líder, Yeidckol Polevnsky podrá quedarse un año más al frente del partido, y será en noviembre de 2019 cuando termine su cargo. Debido a los buenos resultados que dio el partido en las elecciones de 2018, el inicio de los procesos electorales en cinco entidades, y para fortalecerlo se prorroga el mandato de los órganos internos. Además, se aprobó que el partido estableciera en sus reglamentos que el 50% de su financiamiento público, más de 750 millones de pesos para 2019, se entregue a su Instituto de Formación Política interno, pero se ordenó que el secretario de Finanzas de Morena informe al INE de los ingresos y gastos de ese Instituto, a pesar de que, en los estatutos se le otorga autonomía de gestión. A ver si es cierto qué tan honestos y valientes son. IV. Cordialidad republicana. Luego de que se aclaró que el Presupuesto para universidades tuvo un error, que se corregirá, la subsecretaria de Egresos de la dependencia, Victoria Rodríguez Ceja, refirió que por procedimiento corresponde a la Cámara de Diputados determinar el mecanismo para atender el cumplimiento del compromiso presidencial. “Ya estaremos atentos al mecanismo que tengan a bien definir y nosotros estamos abiertos a acompañar, dispuestos a todas las tareas que sean necesarias para que se puedan tomar estas definiciones por parte de la Cámara, que es el órgano competente ahora”, expresó. Mientras tanto, Enrique Graue, rector de la UNAM, y Mario Alberto Rodríguez Casas, director del IPN, se bajan el salario. Eso se llama unidad. V. El otro lado del voto. Detrás de los 30 millones de electores que eligieron un cambio en los comicios del 1º de julio, está el dinero que se repartirá a los institutos políticos. A unos días de que finalice 2018, la Comisión de Prerrogativas del INE ya tiene definido cómo será distribuido el financiamiento. Corresponden a Morena 979 millones 113 mil 415 pesos; le sigue Acción Nacional con 900 millones 849 mil 651 pesos y, aunque el PRI fue el que recibió más recursos el año pasado, en 2019 percibirá 849 millones 372 mil 311 pesos. El Partido del Trabajo tendrá 5 millones 205 mil 645 pesos para 2019; 5 millones 564 mil 355 menos que en 2018. El Verde 403 millones 969 mil 400 pesos. Los tiempos cambian. Los recursos, solo de manos.