Editorial EL UNIVERSAL / Nuestro problema con los datos

En estos días, el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, arremetió en contra de las autoridades federales por un aparente subregistro del número de decesos por COVID-19: “¿Por qué están reportando una información que no es real? Yo voy a tener como gobernador, les voy a exigir, que den la información verídica de Baja California, no pueden dosificarla.” Por su parte, el doctor José Luis Alomía, director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud, respondió a esta acusación argumentando que la responsabilidad del registro de datos es de los propios gobiernos estatales: “Y es precisamente de los estados de donde toda esta información fluye, son los mismos estados los que capturan sus casos probables, son los mismos estados los que capturan sus resultados.” Para los que llevamos varios años siguiendo las estadísticas de homicidios, esta discusión sonó familiar. Va una lista no exhaustiva de elementos similares: 1. Entre autoridades estatales y federales, hay recriminaciones mutuas sobre la clasificación y registro de homicidios. La clasificación de homicidios como dolosos o culposos es un tema que genera fricción constante. El registro de homicidios de mujeres como feminicidios es otro. 2. Algunos gobiernos estatales generan sus propios reportes en la materia que no necesariamente cuadran con las cifras que presenta cada mes el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 3. Pueden existir diferencias notables entre la fecha de ocurrencia y la fecha de registro de homicidios específicos. Algo similar sucede en algunas ocasiones con la información geográfica: el lugar de ocurrencia no siempre encaja con el lugar de registro. 4. Existen mecanismos de corrección y ajuste de datos, pero no son particularmente transparentes. Ejemplo: en 2014, el gobierno de Veracruz añadió, sin explicación alguna, 400 homicidios dolosos a la cuenta de 2013. 5. En el ámbito estatal, hay una multiplicidad de actores (fiscalías, secretarías de seguridad pública, secretariados ejecutivos de los sistemas estatales de seguridad pública) que producen datos que a menudo resultan divergentes. Algunos de estos problemas son resultado de contar con un sistema federal y, por consiguiente, un mecanismo descentralizado de generación de información pública. Cuando hay muchos actores institucionales involucrados en la gestión de datos, es casi inevitable que se presenten inconsistencias y contradicciones. Pero a ese factor estructural, se añaden dificultades que deberían ser atendibles. Tanto en el sistema de seguridad y justicia como en el de salud, hay rezagos tecnológicos y de capacitación de personal. Por ejemplo, el SESNSP muchas veces recibe la información de los estados de manera mensual y en archivos de Excel. Al Inegi, le toma varios meses recopilar la información preliminar de mortalidad de los registros civiles y luego varios meses más hacer la compulsa con el sector salud. Por otra parte, los incentivos de los generadores y agregadores no necesariamente están alineados. Los gobiernos y fiscalías estatales no siempre tienen interés en dar información precisa y completa. Las dependencias federales, por su parte, tienen que cuidar múltiples agendas y eso a veces impide que se auditen o corrijan los datos que vienen de estados y municipios. El resultado de todo lo anterior es información insuficiente, incompleta, rezagada y a menudo contradictoria. Y una retahíla de recriminaciones mutuas entre la Federación y los estados, como las que presenciamos la semana pasada en materia del Covid. Podemos y deberíamos de hacer mejor las cosas.

Frentes Políticos 1. Casi todos listos. El IMSS, a cargo de Zoé Robledo, tiene médicos, instalaciones y reconversión de clínicas y hospitales habilitados para recibir a los pacientes; el ISSSTE, cuyo titular es Luis Antonio Ramírez Pineda, dispone también de un amplio número de camas; los hospitales privados se sumaron a la estrategia del gobierno en esta emergencia sanitaria por el coronavirus. Las previsiones más pesimistas indican que habría entre seis mil y ocho mil hospitalizados en todo el país. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que, de acuerdo con especialistas, el peor momento se va a presentar del 2 al 8 de mayo. México ya cuenta con 13 mil ventiladores. Lo único que falta es que la gente, ya, se meta a sus casas. ¿No querrán terminar en una de estas camas de hospital, verdad? 2.  Los reacios. El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, expresó que “no se puede garantizar que se reúna el quórum, pero vale la pena intentarlo. No quiero cargar con actos negligentes y politizados en mi conciencia que hayan impedido atender esos reclamos de justicia y de emergencia sanitaria”. Y es que la Ley de Amnistía que Morena y sus aliados pretenden aprobar hoy busca la liberación de, al menos, seis mil 200 presos, cuya salud es vulnerable y son primodelincuentes. Se cumpliría una más de las promesas de campaña. Por Monreal no queda, pues ha hecho todo lo posible para concertarlo. Si no se aprueba será porque 50 senadores (PAN, PRI, MC y PRD) dijeron que no asistirán. Y no es por miedo al COVID-19, ¿eh? 3.  Un partido contradictorio. Marko Cortés, líder del PAN, navega entre aguas turbias. Su grupo parlamentario en el Senado condicionó su asistencia a la sesión del Pleno este lunes, cuando se discutirá la Ley de Amnistía, a abrir la agenda a otros temas, como “un gran acuerdo nacional para enfrentar la urgencia sanitaria y económica que vive el país”. Los senadores instaron, en una carta enviada al presidente Andrés Manuel López Obrador, a que, haciendo uso de sus facultades, “firme un acuerdo o decreto” para que todas las personas que puedan beneficiarse con la amnistía sean liberadas inmediatamente. “México nos necesita a todas y todos. Es prioridad nacional legislar por la salud y el bienestar de los ciudadanos. Decimos fuerte y claro: NO a una ley de amnistía, NO a la liberación de delincuentes”, indicó el PAN. ¿Otra táctica de chantaje? Unión es lo que necesitamos. 4.  Rudeza. Uno de los gobernadores que puso atención al tema del COVID-19 desde el principio es Enrique Alfaro, pues a Jalisco regresaron unos 400 turistas que viajaron a Vail, en Colorado, Estados Unidos, uno de los focos de la pandemia. Semanas después, y ante el avance de los contagios, y sobre todo ante el relajamiento de las medidas de aislamiento en los últimos días y con el objetivo de salvar vidas, el mandatario informó que el gabinete de Salud y el de Seguridad, en conjunto con las autoridades municipales, tomaron la decisión de que, a partir de este lunes, las medidas de aislamiento social tendrán carácter obligatorio. Las medidas son las mismas que se han difundido durante semanas, pero esto es resultado de que los jaliscienses tampoco han hecho caso. ¿Por qué llegar a esta instancia? No sean necios, cuídense. 5.  Preocupación justificada. Imparable, en estos días críticos de contingencia sanitaria, Sergio Torres Félix, secretario de Pesca de Sinaloa, no únicamente recoge poblaciones y brinda apoyo a los pescadores, sino que, además, se une a quienes han levantado la voz para pedir que los números cuadren en México. Es de vital importancia que las autoridades se manejen con transparencia y, ante la posibilidad de que se esté viviendo un panorama irreal, pidió al gobierno federal que se brinden las cifras reales. La baja incidencia de México comienza a levantar sospechas y ya surgen dudas. Por ello solicitó veracidad en el tema del COVID-19. “Es muy importante, dijo, que la población sepa cuál es el estado real de la contingencia”. Tiene razón, con las cifras reales se puede llegar a un mejor y más enfocado plan de acción.