Editorial EL UNIVERSAL / Hacia un Estado de derecho Los amparos presentados por diversos grupos ciudadanos contra la construcción de una terminal aérea en la base militar de Santa Lucía y para preservar lo edificado en el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco están haciendo evidente la existencia de contrapesos en el país y poniendo de relieve la importancia del Poder Judicial para que el país se encamine hacia un pleno Estado de derecho. En total fueron interpuestos 147 amparos, de los cuales siete se han resuelto de forma favorable para los quejosos (cuatro de forma provisional y tres definitivos). Hasta ahora el más importante se emitió ayer y ordena que no se construya el aeropuerto de Santa Lucía hasta en tanto se cuente con los permisos ambientales, de seguridad, de viabilidad aeronáutica, de preservación arqueológica así como una estrategia de viabilidad social, política e interinstitucional por parte de las autoridades competentes, además de obligarlas a desistirse de cualquier orden de “destruir, desaparecer, desmantelar, demoler, inundar o cualquier otra forma de modificar lo existente” en Texcoco. Los grupos promoventes están haciendo uso de un derecho establecido en la Constitución, que otorga al ciudadano la posibilidad de ampararse ante acciones de instancias gubernamentales. Si las tareas realizadas en torno a los proyectos cuestionados se hubieran apegado a la normatividad, el Poder Judicial no tendría que haber emitido fallos contrarios a la causa oficial. Incumplir el Estado de Derecho ha tenido elevados costos para el país. Desde la pérdida de inversiones por no ofrecer garantías de seguridad tanto a firmas nacionales como extranjeras, hasta el aumento en la inseguridad, pues los grupos criminales saben que tienen escasas posibilidades de ser sometidos a proceso por la deficiente procuración de justicia y porque con recursos económicos pueden inclinar la ley de su lado. Después del 1 de diciembre se dieron pronósticos de un avasallamiento por parte del Poder Ejecutivo sobre los demás poderes. Los resultados que se están obteniendo en los casos Santa Lucía y Texcoco deben tomarse como una muestra de que existen frenos para actos fuera del marco jurídico. México está en busca de alcanzar el cumplimiento estricto del Estado de derecho. Si todos los poderes de la Unión comienzan a ceñirse a ley y a acatarla, la meta estará más cerca. La actuación del Poder Judicial es clave. OPINIÓN / Gobierno de números y no de humanos No me refiero únicamente a los debatibles efectos que las grandes decisiones del actual gobierno están teniendo o tendrán sobre todos y cada uno de los mexicanos: -El pecado original de la cancelación de Texcoco a un costo de 300 mil millones de pesos; que impedirá la generación de 50 mil empleos. La construcción a ultranza de una quimera llamada Santa Lucía que, además de las más confiables descalificaciones técnicas y aeronáuticas, tendrá un impacto ambiental y social que afectará negativamente la vida en las comunidades de la zona. La implementación de la refinería de Dos Bocas que ha sido condenada unánimemente por los expertos como un proyecto destinado al fracaso en tiempo y costos, a los que habría que agregar el deterioro ecológico del hábitat de miles de familias tabasqueñas. -La puesta en marcha del Tren Maya que cambiará la vida en toda la península de Yucatán, y que ha generado las protestas de los habitantes de ciudades y pueblos que se verán avasallados por una obra de 200 o 300 mil millones que nadie ve como urgente. No. Hoy quiero enfatizar esas otras decisiones inexplicables que, por desgracia, están perfilando un gobierno que privilegia las sumas y las restas sobre el bienestar y hasta la sobrevivencia de los seres humanos: -El despido masivo de 200 mil burócratas —con todo y sus familias— so pretexto de la corrupción y la austeridad es injusto, desproporcionado y absurdo. Primero, porque el gobierno lopezobradorista ha perdonado a los grandes corruptos del pasado y porque al prescindir de profesionales calificados, está bajando la calidad del propio gobierno en perjuicio de todos. -Es una verdadera vergüenza que se haya hecho viral el memorándum en el que se notifica que no se podrán hacer exámenes indispensables por falta de jeringas. Y es que los recortes en el sector salud han sido brutales e inhumanos con un criminal desabasto de medicamentos, el despido o retiro de especialistas y la reducción de becas a pasantes de enfermería y medicina; poniendo en riesgo hasta la vida misma de los pacientes. Hay otros temas igualmente sensibles: como el estrangulamiento presupuestal a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, donde al renunciar su titular estableció que: “se requiere reforzar los mecanismos que las atienden y no obligarnos a racionar el modesto apoyo que hoy reciben”; otros recortes dramáticos se están aplicando a todo el sector de las universidades públicas y de los institutos de Ciencia, Tecnología e Innovación, exceptuando el Conacyt, en el que se aprobó un presupuesto moreno-fifí de seis millones de pesos anuales para el comedor de su directora; el caso de nuestros deportistas es patético porque andan boteando y pidiendo prestado para sobrevivir, mientras que el Centro Deportivo Olímpico Mexicano —a solo 40 días de los Panamericanos— está a punto de cerrar porque no tienen para darles de comer y no han pagado meses de luz y agua; aunque el caso más inhumano de todos es el cierre de las estancias infantiles que ha sido una agresión incalificable contra familias y madres solteras; sin un solo argumento válido, salvo que fueron invento del gobierno anterior, por lo que habría que desaparecerlas. Lo que me asombra es que no haya nadie en su equipo que tenga el valor de decirle al presidente López Obrador que este supuesto “ahorro” no le alcanzará para rescatar a Pemex; que no solo daña su imagen, sino que está creando una deprimente percepción que se va convirtiendo en realidad.

Frentes Políticos 1. ¿Pretextos? Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del INE, advirtió que el organismo no puede hacerse cargo de las elecciones estatales y federales, ante las propuestas de desaparecer a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs). En los foros sobre la Reforma Electoral y del Estado en San Lázaro, planteó la posibilidad de reducir los costos de las elecciones, pero alertó sobre los problemas de desaparecer los OPLEs y sustituirlos por el INE, como se ha propuesto. “Si se hace mal (podría)poner contra las cuerdas nuestro sistema democrático (en tres aspectos concretos): la autonomía de las autoridades electorales, la operativa del propio sistema electoral y el pluralismo político”. Le apuesta al voto electrónico pues, dice, permitiría ahorrar 4,500 mdp. Por cierto… ¿los consejeros ya se bajaron el salario? 2. Punto medio. En medio de la agitación migratoria debe predominar la sensatez. Que a nadie se le escape un golpe de más, o el plomo de su arma, en contra de los indocumentados. México endureció el control migratorio en la frontera sur con operativos de la Guardia Nacional.Más de 400 miembros de la GN comenzaron su despliegue en la región fronteriza, que tiene unos 650 km. de largo. Y aun con perfil bajo, cada vez es más visible la presencia en retenes y controles. En parques, hoteles, mercados, calles, veredas y carreteras de las ciudades de Tapachula, Suchiate, Huehuetán y Huixtla, grupos de agentes de migración ejecutan controles sorpresa. Todo, respetando los derechos humanos, prometió López Obrador. No a la violencia. 3. Toma chocolate. Y paga lo que debes. Una juez retiró la suspensión de la orden de arresto en contra de Gilda Susana Lozoya Austin, hermana de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, y quien está acusada de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Nuevo puñetazo a la defensa de la familia. La mujer puede ser detenida en cualquier momento, por la compra de un bien inmueble en 2012. El lunes pasado, la misma juez dejó sin efecto la suspensión definitiva concedida a Emilio Lozoya, la cual impedía su detención. Su abogado, Javier Coello, aseguró que su cliente sigue en México, pero no lo van a encontrar. Hace una semana, Lozoya escribió una carta a la opinión pública argumentando que no es culpable de nada. ¿Y entonces, por qué el miedo? 4. Vuelta a la tranquilidad. Después del secuestro y asesinato de Norberto Ronquillo, alumno de la Universidad del Pedregal, sus compañeros sufrieron una sicosis. Al terminar clases, se organizaban vía WhatsApp para reunirse y salir “todos juntos”, como lo confesó el rector Armando Martínez Gómez. Para reforzar la seguridad en las zonas aledañas a universidades privadas,

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno, se reunió con Martínez

Gómez y con los rectores de una decena de universidades privadas. Dos asesinatos, el de Ronquillo y el de Leonardo Avendaño, estudiante de la Universidad Intercontinental, tienen intranquilos a los jóvenes capitalinos. Las autoridades aseguran que son crímenes atípicos. Sea lo que signifique, están obligados a que no vuelva a suceder.

Ni uno más. 5. Vergüenza. A casi un mes de su desaparición fue encontrado sin vida el cuerpo del empresario sampetrino Santiago David Cantú, quien tenía 41 años. Fue plagiado el pasado 20 de mayo cuando salía de una planta industrial ubicada en el municipio de Apodaca. Desde ese entonces la familia de Cantú no obtuvo información sobre él. Ayer sus familiares informaron que se localizó el cuerpo. Habría sido asesinado cuatro días después de su secuestro. Su identificación se logró a través de pruebas de ADN. Es lamentable que hasta el momento las autoridades estatales hayan manejado con gran hermetismo el caso, ya que, aunque se pidió alguna versión oficial, no ha habido respuesta. ¿Será que ni el gobernador Jaime Rodríguez El Bronco ni sus colaboradores tienen cara que mostrar? Bitácora del director / Cerveza tibia, café frío… La frugalidad en la 4T

Con el objetivo explícito de contener el gasto, la Cámara de Diputados ordenó reducir el uso de luminarias y la prohibición de hornos de microondas, refrigeradores y cafeteras en todas las oficinas del Palacio Legislativo. Con esto, la directiva de San Lázaro pretende ahorrar en electricidad. Mediante una circular fechada el 12 de junio y dirigida a los titulares de 15 áreas administrativas y legislativas, la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios, dependiente de la Secretaría General de la Cámara baja, ordenó la aplicación de un programa de ahorro de energía que incluye reducir al mínimo indispensable el uso de las luminarias en áreas comunes. Lo más cuestionable de la decisión es dejar a cerca de cinco mil trabajadores del Palacio Legislativo sin posibilidad de poner café o calentar los alimentos que traen desde su casa, obligándolos a comer fuera, lo que implica una merma para sus ingresos. Se trata de un personal administrativo que suele laborar mucho más de ocho horas en los días de sesión. Ésta es una más de las contradicciones en las que ha incurrido la Cuarta Transformación, pues no debe olvidarse que los propios legisladores exhortaron a dejar atrás la costumbre de comer en restaurante y llevar tuppers al espacio parlamentario. Ahora quieren impedir que los trabajadores de la Cámara calienten el contenido de esos recipientes porque “hay que ahorrar”. Son los mismos que, antes, en el Congreso de la Ciudad de México, promovieron que sólo se pudiese vender cerveza al tiempo, dizque para reducir el consumo de alcohol. En el gobierno federal incluso han ido más lejos, pues en el Conacyt se prohíbe que los trabajadores carguen sus teléfonos celulares en la oficina. Pero eso que llaman austeridad es en realidad una tontería. Un desfiguro al que se ha llegado en aras de destinar el ahorro a programas sociales de corte clientelar, con los que el oficialismo pretende perpetuarse en el poder (de ahí a que lo logre, con la molestia ciudadana que está generando mediante decisiones de ese corte, está por verse). Lo más irónico es que quien firma la mencionada circular, Juan Alberto Armendáriz Martínez, fue director de Administración y Finanzas en el gobierno del poblano Mario Marín, El góber precioso, y fue inhabilitado por la Contraloría estatal en 2016, por un lapso de 12 años, acusado de un daño patrimonial a las finanzas públicas por 81.7 millones de pesos, decisión que fue ratificada por el Tribunal de Justicia Administrativa (nota de Rodolfo Ruiz, en El Popular, 17/IV/2019). Ahora reaparece como el Savonarola de la racionalidad y el ahorro, rehabilitado por la 4T.    BUSCAPIÉS *“Qué casualidad, es domingo”, dijo ayer el presidente López Obrador respecto de la fecha alterna en la que propone celebrar la votación sobre la revocación del mandato. Ahora quiere que sea el 21 de marzo, –natalicio de Benito Juárez–, en lugar del 4 de junio, fecha de las elecciones federales intermedias, cuando también se renovarán 13 gubernaturas y muchos otros cargos locales. El problema es que la oposición tampoco quiere que sea ese día. Aceptaría la revocación –me dijo ayer, en Imagen Radio, el líder de la bancada panista en el Senado, Mauricio Kuri– siempre y cuando sea después del 1 de diciembre de 2021, cuando se hayan cumplido tres años del sexenio. Recuérdese que el oficialismo no tiene los votos suficientes para sacar adelante una reforma constitucional.