Editorial EL UNIVERSAL / El combate inteligente

En el problema del robo de gasolina, como en la mayoría de ilícitos cometidos por la delincuencia organizada, hay personas que son el último eslabón de la cadena: los que se ven llenando bidones o vendiendo el combustible. Hacia arriba de la pirámide son unos cuantos quienes resultan los más beneficiados y los que se embolsan sumas millonarias producto de la corrupción y del saqueo de bienes públicos. Son los altos funcionarios que se hacen de la vista gorda ante el robo de gasolina, son los jefes criminales que se coluden con la autoridad, son las grandes empresas que adquieren el energético de manera ilegal. ¿Cómo proceder contra ellos si actúan de tal manera que buscan no dejar huella de sus acciones? La recomendación que todo especialista menciona desde hace décadas es seguir la ruta del dinero. Invariablemente los recursos mal habidos se reflejarán en cuentas bancarias, sean personales o de familiares, o en suntuosas adquisiciones con efectivo. Este lunes el gobierno federal dio a conocer información sobre presuntos involucrados en el robo de gasolina. Bastó el cruzamiento de datos por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera con el Servicio de Administración Tributaria para hallar inconsistencias. De los contribuyentes asociados a gasolineras, 194 registraron “inconsistencias fiscales relevantes en el renglón del Impuesto Sobre la Renta por un total de 3 mil 217 millones de pesos”. Más de 50% de esa cantidad corresponde a estaciones de servicio ubicadas en la Ciudad de México, Michoacán, Estado de México, Tamaulipas, Baja California, Jalisco y Puebla. También se encontraron contribuyentes relacionados con el robo de hidrocarburos que tienen prácticas financieras inusuales. Se explicó que hay gasolineras cuyas ventas superan las compras hechas a Pemex y a las importaciones realizadas de manera particular. El sistema bancario reportó operaciones relevantes o inusuales vinculadas con esas estaciones de servicio y encontró en la primera revisión movimientos por 10 mil millones de pesos, que no es otra cosa que lavado de dinero. Diversas cuentas bancarias fueron congeladas, se profundizarán las investigaciones y se iniciarán otras. En el combate a cualquier conducta criminal la labor de inteligencia, entendida como la recolección y procesamiento de datos para el correcto funcionamiento de un Estado, siempre tendrá resultados más eficaces y “limpios” que emprender la fuerza o el despliegue policial contra grupos delictivos. Ambas deben complementarse y trabajar de manera coordinada. Esa opción poco explorada hasta ahora debe ser una vía a resolver problemas del país.

Frentes Políticos I.  Equivocada. Claudia Ruiz Massieu, líder nacional del Revolucionario Institucional, tiene un encargo histórico y podría fracasar si las formas no son las adecuadas. Está convencida de tener la responsabilidad de construir y consolidar a su partido como uno renovado. “El PRI está libre de corrupción, pedimos a los mexicanos una nueva oportunidad”, expresó. Pero no lo conseguirá si en el inicio de un proceso de renovación de comités directivos estatales y de consejos políticos, lo organiza en lo oscurito y entre amigos, esos a quienes ya no quiere la militancia, como lo intentaron en Yucatán. El resto de las entidades debería leer el librito de instrucciones de cómo hicieron los yucatecos para que las bases fueran incluidas y las cúpulas selectas no se salieran con la suya. Tiempo de inclusión, dividir no le llevará a ningún lado. II. Torpe. “Si México no tuviera que cargar con Guerrero, Oaxaca y Chiapas sería un país de desarrollo medio y potencia emergente”, escribió en Twitter Gabriel Quadri, excandidato presidencial por NA. No contento con ello, no ha tenido el valor de presentar una disculpa pública, como se lo exigió Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca. Además, Héctor Astudillo, mandatario guerrerense, prácticamente mandó a Quadri a la escuela, y le envió documentos con el aporte histórico de la entidad, como Los Sentimientos de la Nación, el Acta de Independencia y la Abolición de la Esclavitud, firmadas en Chilpancingo. Este olvidado político sacó la calaña, si le nombran persona non

grata en cada estado al que se refirió, se lo ha ganado. Pues qué se cree. III. Cabezas. En tiempo y forma se están alineando los resultados contra el robo de combustible ejecutados por el gobierno federal, que inició el proceso de judicialización contra tres altos funcionarios de Pemex involucrados en el huachicoleo, y están abiertas mil 700 carpetas de investigación. “Ya lo tiene el Poder Judicial, estamos esperando fecha para que nos den audiencia y que nos señalen el juez que los va a judicializar”, informó Alejandro Gertz Manero, encargado de despacho de la PGR. Hay otras cinco denuncias contra un exfuncionario de Pemex, un exdiputado local, un expresidente municipal y empresarios que blanquearon 10 mil millones de pesos en el sistema financiero. El fin del negocio será doloroso para quienes negociaban con hidrocarburos robados. ¡Ya era hora! IV. “Peligro, peligro”. Lorenzo Córdova Vianello, presidente del Consejo General del INE, parece muy angustiado. Asegura que el recorte presupuestal podría poner en riesgo las facultades y autonomía del Instituto. Córdova Vianello busca negociar 619 millones de pesos para la organización de cinco elecciones locales, pero advirtió que analizan qué facultad del Instituto tendrán que dejar de cumplir si no se obtienen los recursos, y subrayó que no será dejar de expedir la credencial para votar ni la fiscalización de los partidos o el monitoreo de medios de comunicación. Es tal su deses

peración, que el INE analiza presentar una acción de inconstitucionalidad por el mencionado recorte. Otro al que la austeridad le da salpullido. V. ¿Estamos salvados? Hoy martes, a partir de las 9:00 horas, comparecerán ante los integrantes de la Tercera Comisión de la Permanente en la Cámara de Diputados algunos de los involucrados en el desabasto de combustible. Están citados los secretarios de Hacienda, Carlos Urzúa; de Energía, Rocío Nahle; el director general de Pemex, Octavio Romero, y el procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield. El objetivo es que los servidores públicos detallen la estrategia integral de combate al robo de combustible puesta en marcha por el gobierno federal y detallar las condiciones de desabasto en el país, el impacto económico, así como las acciones para restablecer el suministro sin afectaciones a los ciudadanos. Si al salir de la comparecencia el problema se esfumó, qué bien. Si no, sólo fue pérdida de tiempo.