Editorial EL UNIVERSAL / Consumir y no pagar

Cuando una empresa pública tiene pérdidas, la población en general de una u otra forma tiene que costear el boquete financiero que se genera, como el de 100 mil millones de pesos que arrastra la Comisión Federal de Electricidad. Por robo de energía, la empresa deja de percibir casi 60 mil millones de pesos al año, mientras que la morosidad de millones de usuarios le cuesta 43 mil millones de pesos. Esa merma económica se dejó crecer con los años hasta llegar a los niveles en que se encuentra en la actualidad. La CFE y Petróleos Mexicanos fueron durante décadas las principales fuentes de ingreso para las finanzas del país, así como las más importantes palancas de desarrollo. Actualmente la situación económica de ambas no es la mejor. ¿Cuánto tiempo más permanecerán en esa situación? Del total de los 40.6 millones de clientes que tiene la CFE en el país, casi 8 millones de usuarios han caído en la cultura del impago, lo que equivale a que dos de cada 10 clientes no pagan la electricidad que consumen. La mayor parte de los morosos de todo tipo (usuarios domésticos, comercios, compañías prestadoras de servicios, del sector agrícola, y empresas medianas y grandes) se concentran en siete entidades: Edoméx, Tabasco, Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Guerrero y Veracruz. Los datos de la capital del país son un ejemplo de cómo avanzó la bola de nieve a la vista de todos. En 2012, la cifra de usuarios domésticos que no cubren el importe del servicio era de 301 mil, pero en agosto de 2018 ese universo había escalado a un millón 150 mil usuarios, poco menos de la mitad del total de usuarios con contrato, que asciende a 2 millones 775 mil. En julio de 2018, la CFE contabilizaba un daño patrimonial de 5 mil 161 millones de pesos por lo que se deja de recaudar en la CDMX. Las cifras actualizadas a enero de este año señalan que la cantidad asciende a 6 mil 105 millones de pesos. De alguna forma la sociedad tiene que cubrir los recursos que no llegan a las arcas de la empresa productiva del Estado. En la capital del país, por ejemplo, el servicio se recarga en el pago puntual de solo seis de cada 10 usuarios. Si todos cumplieran con sus obligaciones, las tarifas podrían incluso presentar una disminución. Grave también es que el país pierda oportunidades de inversión y de crecimiento en materia de electricidad por los adeudos de millones de personas. Recibir un servicio público y no pagarlo ha sido “normal” para millones de personas. Si no se aprovecha la coyuntura actual —un gobierno con elevado apoyo ciudadano— para eliminar esa práctica, solo se estaría fomentando el deterioro económico de la CFE. OPINIÓN / Y la justicia local, ¿para cuándo?

El debate público nacional parece estar reducido a lo que dice, hace o piensa hacer el Presidente de la República. La capacidad comunicativa y la omnipresencia mediática del titular del Poder Ejecutivo Federal quizá nos esté impidiendo ver otras áreas de oportunidad en las que tenemos mucho por mejorar y por construir. Una de esas áreas es la de la justicia que se imparte en las entidades federativas. Los tribunales locales no suscitan mucha atención de los medios de comunicación y tampoco de los académicos. La comentocracia no los tiene entre sus temas. Casi nadie les pone atención, pero su tarea es inmensa y afecta a millones de personas. Según datos del Inegi, cada año se inician 710 mil procedimientos judiciales en materia familiar (divorcios, pensiones alimenticias, adopciones, régimen de visitas de los hijos, etcétera). Todos ellos son atendidos por tribunales locales. También lo son los más de 500 mil asuntos que en materia civil se inician cada año, al igual que un número muy considerable de los asuntos laborales que afectan la productividad del sector y del sector empresarial, además de contribuir al llamado “clima de inversión” del país, tan vapuleado en las semanas recientes. Otro dato: 92% de todos los delitos que se cometen en el país son investigados y, en su caso, procesados, por los órganos judiciales de las entidades federativas. Hace unas semanas se destapó un gran escándalo de corrupción por el manejo fraudulento de juicios hipotecarios en varias entidades. Con la complicidad de despachos de abogados y de varios notarios, jueces locales en al menos tres distintas entidades utilizaban juicios hipotecarios “fabricados” (en los que se notificaban a docenas de demandados mediantes “edictos” publicados en las gacetas y diarios oficiales, así como en periódicos de circulación local), para quitarles a sus legítimos propietarios decenas de miles de casas de interés social. ¿Quién supervisa a esos jueces, qué tipo de sanciones se les deben imponer, qué se está haciendo para combatir la evidente corrupción que existe en algunos —no en todos, cabe aclarar— órganos judiciales de las entidades federativas? Esas preguntas merecen respuestas concretas. Pero también deberíamos preguntarnos cómo se nombra a esos jueces y magistrados locales, qué grado de independencia tienen frente a gobernadores, si cuentan o no con ingresos dignos y apropiados, si tienen los medios materiales para impartir justicia pronta y expedita, si sus condiciones de permanencia en el cargo aseguran que lo ejerzan con autonomía y sin tener agenda política, entre muchas otras cuestiones. Millones de mexicanos están de acuerdo en que el país debe cambiar. Pero no lo hará si solo tenemos la vista puesta en una persona y en los mensajes que le manda al país cada mañana. Debemos profundizar en la exigencia de rendición de cuentas y de combate a la corrupción. Debemos presionar para que quienes atienden las legítimas demandas de los ciudadanos sean personas bien preparadas, nombradas por sus méritos y no por sus conexiones políticas, que desempeñen el cargo con autonomía e independencia, que la corrupción se combata en serio, que no haya “dádivas” para inclinar la balanza de la justicia, ni procedimientos alterados para lucrar a través de las instituciones judiciales. No cabe duda que hace falta mejorar mucho la justicia en México. El Presidente ha señalado en repetidas veces a la Corte y les ha dicho de todo a sus integrantes, pero nadie ha volteado a ver lo que sucede, día tras día, en el nivel más básico de la justicia: la que se imparte en cada una de las 32 entidades federativas. Ahí sigue privando la ley de la selva en muchos casos y abunda la corrupción. Son muchas las cosas que pueden y deben hacerse. Podría empezar el Congreso expidiendo el código único en materia de procedimiento civil y familiar, que lleva meses dormido en la mesa de los legisladores. Podría la Conago generar un modelo de gestión eficiente para los tribunales locales. Podríamos fortalecer con más recursos humanos y financieros a las entidades federativas que lo requieren. Podríamos aumentar la plantilla judicial para acelerar los trámites. Que nadie diga que no sabemos lo que se debe hacer. Otra cosa distinta es que queramos o no hacerlo. De eso depende el futuro del país. Frentes Políticos I.  Aprobado. Quirino Ordaz Coppel, gobernador de Sinaloa, es el mejor calificado, de acuerdo con la encuesta México Elige, de la empresa Investigaciones Digitales, que se realizó entre mexicanos mayores de 18 años con acceso a Facebook. En el caso de la evaluación a los gobernadores, Ordaz Coppel alcanzó el primer lugar, con un 72.1 de aprobación, seguido de Adán Augusto López, de Tabasco, con 71.6. La encuesta también aborda temas como corrupción, inseguridad, economía y escenarios electorales. Da pena ver cómo el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, es el peor calificado, con vergonzosos 12.2 puntos. Hay mandatarios que se levantan todos los días a trabajar y rinden los mejores resultados. Otros, sólo simulan. II. Cuesta arriba. Hay cientos de parámetros para definir lo que ha logrado y no el gobierno en los primeros cien días. El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene en este momento un nivel de aprobación ciudadana de 78%, y 82% apoyaría que “sí continúe” al frente del Ejecutivo, fenómeno que no se registraba desde al menos 30 años, afirmó el diputado de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, quien, además, aseguró que acelerar la economía mexicana en el primer año de un sexenio siempre ha sido complicado. Es notable que algo está haciendo bien el Presidente, y que quienes ejercieron el poder en el pasado no lograron ni en sueños. Lástima, perdieron su oportunidad. Ocho de cada diez mexicanos aprueban la transformación. Lo que sigue es sumarnos en la construcción de un mejor país. Que los numeritos hablen. III. Buenas noticias. Punto para Germán Martínez, director del IMSS, y sus colaboradores. Una joven de Gómez Palacio, Durango, se convirtió en la primera paciente en el país en recuperarse gracias a un trasplante de paratiroides. Dayana, de 24 años, padecía una enfermedad incapacitante debido a la falta de calcio en su organismo. Para salvar su vida, los médicos debían encontrar a alguien que produjera en exceso el mineral que a ella le faltaba. El “milagro” médico ocurrió en la UMAE número 71 del IMSS, en Torreón, Coahuila. La cirugía fue en 2016, pero hasta ahora el Congreso Nacional de Trasplantes lo declaró exitoso, ya que al transcurrir los años, la paciente permanece en perfectas condiciones, sin consumir medicamento para la producción de calcio. ¡Bravo! Ése es el México que nos retrata.  IV. Luz. El director de la CFE, Manuel Bartlett, rechazó la versión de que la paraestatal pidió a empresas racionalizar el uso de energía eléctrica. A lo que el expresidente Felipe Calderón, reclamó en redes: “...se requiere que CFE sea manejada por expertos, no por improvisados en el tema, por muy ideologizados que estén (...) Por eso petróleo y gasolinas alcanzaron su peor nivel de producción...”. Sin embargo, Bartlett respondió: “Señor Felipe Calderón, carece usted de autoridad moral y en la materia. Le he de recordar que fue Secretario de Energía desconociendo por completo el tema y promovió medidas declaradas inconstitucionales...”. Pero les encanta opinar. Aguántense.  V. Llamado urgente. Amnistía Internacional entregó a Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, más de 21 mil firmas que apoyan su exigencia de justicia en el feminicidio de Alondra Guadalupe González Arias. Las firmas “respaldan la exigencia de justicia y la reparación integral del daño a la familia” de Alondra, asesinada el 10 de marzo de 2017 en Tlajomulco de Zúñiga. Antes de ser asesinada, Alondra ya había denunciado a su pareja por violencia y contaba con una orden de protección que nunca se hizo llegar a las autoridades, recordó el organismo. Alfaro se comprometió a instalar una mesa de trabajo para definir una política para prevenir y castigar los feminicidios en el estado, y la reparación del daño a la familia de Alondra. Terrible. Ella denunció y la protección nunca llegó. Se pudo haber evitado. BITÁCORA DEL DIRECTOR / Obras son amores y no plazos fatales

En el mensaje que pronunció con motivo de los primeros cien días de su gobierno, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que no se iniciaría “ningún proyecto de gran escala que no podamos terminar en nuestro mandato”. Esto significa, precisó, que “lo que hagamos deberá concluirse y funcionar en el sexenio”. Desde mi punto de vista, esta declaración puede entenderse de diferentes maneras. Puede querer decir que el actual gobierno no desea heredar al que sigue obras sin terminar, como sucede con el tren rápido México-Toluca, cuyo proyecto fue lanzado por el presidente Enrique Peña Nieto y que López Obrador se ha comprometido a terminar. O bien, quizá significa que el actual Presidente quiere llegar a ver la conclusión y puesta en operación de aquellas obras de infraestructura que se concibieron durante su gobierno. O tal vez que, en ánimo de usar bien los recursos públicos, no quiere que el costo de los proyectos de gran escala se salga de control y acabe comprometiendo muchos más recursos públicos de los que estaban originalmente contemplados, debido a retrasos o al aumento del precio de los insumos. Una cuarta posibilidad es que se trate de una coartada para no construir algunas obras que ha anunciado desde la campaña electoral, del tipo “como no podríamos terminar y poner en operación la refinería de Dos Bocas antes de concluir el sexenio, hemos decidido no hacerla”, cuando la verdadera razón sería su inviabilidad económica. Sólo el tiempo arrojará luz sobre el verdadero significado de dicho compromiso. Lo cierto es que encorsetar la política de infraestructura de un país a la conclusión de un periodo de gobierno resulta muy arriesgado porque podría pasar que no se construya nada. Si fuera por eso –terminar las obras en el mismo periodo de gobierno en que se inician–, los países con régimen parlamentario nada podrían planear, pues la duración de una Legislatura rara vez es igual que el de otras.  Pero incluso los grandes proyectos emprendidos en sistemas políticos en el que el mandato tiene un periodo predeterminado o incluso vitalicio, frecuentemente son inaugurados o aprovechados por personas distintas a quienes los iniciaron. ¿Se imagina usted que el emperador Qin Shi Huang hubiese dicho, en el año 221 a.C., que no se iniciaría la construcción de la Gran Muralla China a menos de que él la pudiese inaugurar? Incluso si nos vamos a los tiempos modernos, son numerosas las grandes obras de infraestructura que toman más tiempo que lo originalmente calculado. La construcción de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México comenzó en 1573, medio siglo después de la caída de Tenochtitlan, y concluyó en 1813, en plena Guerra de Independencia. Dudo que el rey Felipe II haya dicho “háganla, pero termínenla antes de mi muerte”. Por algo le decían El Prudente. La Casa Blanca, símbolo del máximo poder político a nivel internacional, tardó ocho años en edificarse. El proyecto fue encargado por el presidente George Washington al arquitecto irlandés James Hoban, pero el primero en ocuparla fue su sucesor, John Adams, en 1800. Tres lustros más tarde, tuvo que ser reconstruida, luego de ser quemada por los británicos, y desde entonces ha tenido diversas renovaciones y extensiones.   Fue en 1802 cuando se sugirió por primera vez unir al macizo continental europeo con la Gran Bretaña mediante un túnel por debajo del Canal de la Mancha, pero el llamado Chunnel no se puso en operación sino 192 años después, en mayo de 1994. Si damos un brinco hasta nuestros días, veremos que Crossrail, una línea ferroviaria rápida que pasará por debajo de Londres, se inaugurará en diciembre próximo, luego de una década en construcción. El mayor proyecto de infraestructura de Europa fue aprobado en octubre de 2007, durante el gobierno del laborista Gordon Brown y está en duda qué primer ministro lo inaugurará, pues el actual entrampamiento político por el Brexit bien podría derivar en una elección general este año. Es común, pues, que los proyectos de gran envergadura se dilaten. Decidir que sólo se construyan aquellas obras que puedan ser concluidas en determinado plazo del calendario político no toma en cuenta los retos técnicos, económicos y legales que pueden provocar retrasos. La construcción de obras de infraestructura que involucran recursos públicos debiera decidirse por consenso y guiarse por el interés público, no la forma en que un gobernante quiera ser recordado.