Editorial EL UNIVERSAL / INE: ¿rezagos o robos?

Más de 17 mil bienes, en su mayor parte equipo de oficina y de comunicaciones, por un valor que rebasa los 126 millones de pesos, sigue reportado como faltante por el Instituto Nacional Electoral (INE) a su Órgano Interno de Control, aun cuando funcionarios del instituto aseguran que los objetos en cuestión no están desaparecidos sino solamente mal clasificados, y que ya se encuentran trabajando en la actualización de su inventario. De los equipos, muebles y hasta vehículos no localizados en una auditoría de Gestión Financiera, cuyo informe encendió los focos rojos de la actual administración y ameritó turnar el caso a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, el INE señala que se trata simplemente de un desfase en la conformación de sus inventarios, en los que se encuentra una gran cantidad de artículos y equipos que van desde mobiliario de oficina hasta computadoras, cámaras fotográficas y de video, plantas de electricidad, y dispositivos de telecomunicaciones, así como 116 vehículos utilitarios cuyo paradero aún no ha sido precisado a los auditores internos. En su mayor parte, los bienes no han sido dados de baja —a veces por falta de la documentación necesaria para el proceso—, mientras de otros se espera el pago del seguro para su reposición, sustitución o compostura. Es el caso de los automóviles y camiones que resultaron objeto de robo o de siniestro, pero que los funcionarios responsables indican que en cada caso se inició el trámite respectivo ante las compañías aseguradoras. Puede que el retraso y el caos para mantener al día los inventarios en el INE sea una más de las consecuencias atribuibles a las restricciones presupuestarias a las que se ha visto sometido el instituto electoral, donde el personal destinado a esas funciones ha sido reducido y el restante se ha visto rebasado por la carga de trabajo acumulado desde que se realizaron los ajustes. Sin embargo, la enorme cantidad de bienes señalados como desaparecidos por los auditores internos del INE generan suspicacias no sólo al aparato estatal sino a la opinión pública que ante el monto de artículos perdidos, aun cuando se tratara efectivamente de un rezago en la elaboración de inventarios, hacen pensar que tales objetos, o el dinero generado por su venta, se encuentran ya en posesión de manos ajenas al INE, en momentos en que la lucha anticorrupción está en marcha. No se deben hacer cosas buenas que parezcan malas. 06 de Marzo de 2020

1. Situación intolerable. La irrupción del reportero Paul Velázquez en la mañanera del 4 de marzo, quien sugirió que le gustaría que le dieran un balazo a Isabel González, reportera de Grupo Imagen, ha sido severamente criticada. En un contexto en el que los periodistas sufren agresiones de todas las esferas del poder, es impensable que los mismos colegas se lancen en contra de sus compañeros, con argumentos tan endebles. Isabel González cubrió puntualmente durante meses la llegada al poder de la Cuarta Transformación, y ha mostrado un gran profesionalismo, a pesar de las agresiones de las que ha sido objeto por fanáticos y falsos reporteros. Hacer apología de la violencia es lo que menos corresponde a los comunicadores. Todo el apoyo y solidaridad para Isabel. Temple y adelante.

2. Conciliador. Hace apenas un par de días, Esteban Moctezuma, secretario de Educación, recibió el pliego petitorio de las 55 secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en todo el país. Y ahora respondió claramente a las preguntas de senadores morenistas, con quienes se reunió, sobre la postura de la SEP ante las elecciones para las dirigencias locales y nacional del SNTE. Afirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador estaba comprometido con la democracia sindical, por lo que ya se reunió con Alfonso Cepeda para que se cumplieran a cabalidad los derechos sindicales de todos los grupos. Mantener a gusto a los docentes es un arte que pocos dominan. A los maestros del chantaje hay que decirles que se acabó.

3. Expediente gordo. Héctor Serrano, operador político de Ricardo Gallardo, vuelve a utilizar los métodos más sucios de la política. En respuesta a las denuncias y expedientes que se llevan contra Ricardo Gallardo Juárez por su gestión en el municipio de San Luis Potosí, quien operó con la intención de confrontar al gobierno de Juan Manuel Carreras con el gobierno federal. Con el peor de los estilos, colocó mantas en las inmediaciones del aeropuerto y el periférico de la capital potosina e intentó establecer falsos señalamientos contra el mandatario y el alcalde Xavier Nava. Suma malas mañas a su currículum. Busca desvirtuar los señalamientos de la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno federal en contra de su amigo. Y, como siempre, recurre a los modelos de choque. Rey de la confrontación.

4. Ofendidos. El escándalo de la semana serán los micrófonos que la bancada panista descubrió en el Senado, un presunto caso de espionaje en su contra, al que calificaron como una “acción gandalla”. Ante el clamor generalizado pidiendo investigación de la Fiscalía General de la República y de las instancias pertinentes, Mónica Fernández, presidenta de la Mesa Directiva, declaró un receso esperando el arribo de peritos de alto nivel para la revisión no sólo las instalaciones del PAN, sino también de todas las oficinas. Mauricio Kuri, líder de los panistas, resaltó que esto es “espionaje en contra de la oposición”, mientras que Ricardo Monreal manifestó que esta práctica ilegal es de la peor felonía. Luce como un montaje azul. La pregunta es: ¿quién querría espiar a los panistas? Si no hacen...

5. Trabajo bien hecho. Detrás de la captura de uno de los secuestradores de Silvia Vargas Escalera, hija del empresario Nelson Vargas, está la actuación diligente y puntual de la Fiscalía General de la República, cuyo titular es Alejandro Gertz. La Policía Federal Argentina informó el martes pasado la detención de Iván Silvio Gabriel Pisacco, implicado en el secuestro y asesinato de Silvia. Al conocer la noticia, Vargas pidió que el sujeto, responsable de contratar la casa de seguridad donde fue llevada su hija hace 13 años, debía ser extraditado a México. Es justamente el secuestrador que faltaba. Nada devolverá la vida a la joven que murió en septiembre de 2007, pero 13 años después gobierna México una administración que vela por la seguridad y la justicia. En un año, los resultados que no se vieron en dos sexenios.