Cd. de México.- Un juez federal acordó celebrar el próximo 26 de septiembre la audiencia en la que se debatirá la legalidad y pertinencia de las pruebas contra Javier Duarte y si son o no suficientes para llevarlo a juicio por lavado de dinero y asociación delictuosa. Marco Antonio Fuerte Tapia fijó para el último miércoles del presente mes, a las 16:00 horas, la celebración de la audiencia intermedia contra el ex Gobernador de Veracruz, de acuerdo con la agenda de audiencias consultada vía internet. Conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, en dicha audiencia se examinarán las pruebas ofrecidas tanto por la PGR como por la defensa de Duarte y el juez ordenará excluir las que no sean útiles para el esclarecimiento de los hechos o no se refieran al objeto de la investigación. El artículo 346 de la citada norma considera que deben cancelarse en esta etapa las pruebas impertinentes, innecesarias, sobre abundantes o superadas, las ya declaradas nulas o las obtenidas con violación a los derechos fundamentales. Tanto la procuraduría como la defensa del ex mandatario tendrán la posibilidad de apelar el desechamiento de las pruebas acordado por el juez de control. Una vez que las pruebas sean depuradas, en caso de que resulten suficientes, el juez Fuerte Tapia dictará la apertura de juicio e indicará cuál será el Tribunal de enjuiciamiento responsable del mismo. Igualmente, precisará las conductas individuales, los hechos, las pruebas y las acusaciones que serán objeto del juicio, así como las correcciones formales que se hubiesen realizado en las evidencias. "El Juez de control hará llegar el mismo al Tribunal de enjuiciamiento competente dentro de los 5 días siguientes de haberse dictado y pondrá a su disposición los registros, así como al acusado", dice el artículo 347.

Cabe decir que Duarte tiene la opción de evitar el juicio, es decir, legalmente puede negociar con la PGR un procedimiento abreviado, aunque para ello él debe aceptar su responsabilidad en al menos una parte de los hechos que le imputan. Guatemala extraditó al ex mandatario veracruzano el 17 de julio de 2017 y desde entonces está preso en el Reclusorio Norte. -- REFORMA