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Magistrados recibirán un aguinaldo de 230 mil pesos, equivalente a 90 días de salario
22:37 martes 12 diciembre, 2017
San LuisEn el Poder Judicial del Estado los aguinaldos que recibirán sus funcionarios de primer nivel tampoco son austeros. Los 16 magistrados y los 3 consejeros del Consejo de la Judicatura recibirán 90 días de salario, la misma cantidad que los burócratas estatales. Esto significa que el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) recibirá 261 mil 278 pesos, mientras que el resto de magistrados y consejeros se llevarán 230 mil 262 pesos. De acuerdo al tabulador general de sueldos publicado en transparencia, el salario de los magistrados y consejeros es de 76 mil 754.22 pesos mensuales, mientras que el magistrado presidente del STJE percibe un sueldo de 87 mil 092.86 pesos. Juan Pablo Almazán Cué, presidente del Poder Judicial, aseguró que se trata de un tema laboral que se debe cumplir, que la primera partida se recibirá en diciembre, mientras que la segunda se les entregará en 2018. El personal sindicalizado que trabaja en el Poder Judicial recibirá un aguinaldo similar al de los trabajadores de secretarías de gobierno estatal, porque pertenecen a los mismos sindicatos y gozan de los mismos beneficios. Según Cué, el incremento del 4.9 por ciento al salario de los sindicalizados “de una u otra manera sí nos afectó en cuanto a lo que teníamos presupuestado”, toda vez que sólo se había contemplado el 3.9 por ciento. “Traemos un déficit que tenemos que ver con Finanzas”. Y es que el Poder Judicial hace unos años trató de ajustar a la baja los aguinaldos que reciben los burócratas, pero la medida fue repudiada de inmediato por el SUTSGE, que coordina por Bernardina Lara. Álvaro Eguía Romero, ex presidente del Poder Judicial, firmó un acuerdo con los burócratas para disminuir los días de aguinaldo que reciben, pero el SUTSGE se opuso y el acuerdo no surtió efecto. Según el SUTSGE los 90 días de aguinaldo que reciben son parte de las conquistas sindicales, por lo que nada pueden hacer los poderes del Estado para modificar las prestaciones.