A fin de combatir el problema de la inseguridad con un enfoque que no sea el del uso de la fuerza militar, la Administración de Andrés Manuel López Obrador apostará por despenalizar el consumo de más tipos de drogas y reforzar la rehabilitación clínica de las adicciones. "En materia de estupefacientes, la estrategia prohibicionista es ya insostenible, no sólo por la violencia que ha generado, sino por sus malos resultados en materia de salud pública; en la mayoría de los países en los que ha sido aplicada, esa estrategia no se ha traducido en una reducción del consumo. "Peor aún, el modelo prohibicionista criminaliza de manera inevitable a los consumidores y reduce sus probabilidades de reinserción social y rehabilitación", plantea el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 entregado ayer por el Ejecutivo federal al Congreso. El documento, que fue elaborado mediante mesas de consulta a organizaciones civiles y ciudadanos de todo el País, propone reorientar los recursos actualmente destinados al combate de las drogas a programas masivos de rehabilitación. Esta nueva política, se añade, se debe consultar con Estados Unidos y la Organización de las Naciones Unidas. "La única posibilidad real de reducir los niveles de consumo de drogas reside en levantar la prohibición de las que actualmente son ilícitas y reorientar los recursos actualmente destinados a combatir su trasiego y aplicarlos en programas masivos, pero personalizados, de reinserción y desintoxicación", se explica. "Ello debe procurarse de manera negociada, tanto en la relación bilateral con Estados Unidos como en el ámbito multilateral, en el seno de la ONU". En la actualidad, mediante amparos judiciales, sólo se permite el uso medicinal y recreativo de la mariguana en pequeñas dosis. Diversas iniciativas de reformas constitucionales que buscan despenalizar el consumo de la cannabis están congeladas en el Congreso. El PND propone reforzar el tratamiento clínico de las personas con adicciones y someterlas posteriormente a procesos de desintoxicación. "La guerra contra las drogas ha escalado el problema de salud pública que representan las sustancias actualmente prohibidas hasta convertirlo en una crisis de seguridad pública", expone. "La alternativa es que el Estado renuncie a la pretensión de combatir las adicciones mediante la prohibición de las sustancias que las generan y se dedique a mantener bajo control las de quienes ya las padecen mediante un seguimiento clínico y el suministro de dosis con prescripción para, en un segundo paso, ofrecerles tratamientos de desintoxicación personalizados y bajo supervisión médica". El PND indica que el actual Gobierno pretende cambiar las medidas de guerra por una política de paz, para lo cual propone, además, erradicar la corrupción y la impunidad; garantizar el empleo, la educación y la salud de la población; respetar los derechos humanos y redignificar las cárceles. -- Reforma