El abogado Luis Pérez de Acha denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) presuntos actos de corrupción en el SAT por la adjudicación irregular de un contrato millonario a Centro de Productividad Avanzada (Cepra) en 2016. Según la denuncia, funcionarios del SAT incurrieron en cohecho, peculado y uso indebido de atribuciones y facultades, al hacer la adjudicación a pesar de que la empresa estaba inhabilitada, presentó información falsa y prestó servicios fantasma, como reveló REFORMA en 2018. El 2 de septiembre de 2016, el SAT adjudicó a Cepra un contrato de mil 176 millones de pesos para proveer los puestos de servicio para contribuyentes del organismo y mantener 40 mil computadoras en sus oficinas. La licitación había sido ganada por Mainbit, que era la proveedora del servicio y ofertó un máximo de 998 millones, pero ante una inconformidad el Órgano Interno de Control del SAT ordenó anular el fallo y volver a evaluar la propuesta de Cepra, con lo que la primera salió derrotada. Con ese contrato, Cepra debía proveer de equipo de cómputo en 49 aduanas, 67 administraciones de impuestos, subsedes, módulos y oficinas centrales. El 14 de junio de 2017, el SAT decidió terminar anticipadamente el contrato. Al día siguiente, la proveedora fue notificada y el día 16 el organismo suscribió un nuevo convenio con Mainbit, lo que generó un pleito legal entre las empresas y la duplicación del servicio. Cepra instaló al organismo de Hacienda 40 mil computadoras, y Mainbit, 26 mil 504. REFORMA publicó en 2018 que Cepra fue inhabilitada en 2016 para participar durante un año en procedimientos de contratación federales por presentar documentos falsos en una licitación de Pemex. Además, que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) concluyó que la compañía presuntamente entregó datos falsos al SAT para obtener una ventaja indebida y ganar el contrato para administrar los puestos de servicio a los contribuyentes. Pérez de Acha explicó en su denuncia que las irregularidades en el SAT y su Órgano Interno de Control son de tres tipos. La primera es que Cepra se encontraba inhabilitada en 2016 para celebrar contratos; la segunda, que la empresa presentó información falsa sobre la capacidad y recursos necesarios para cumplir con las obligaciones asumidas en el contrato; y la tercera, que gran parte de los servicios prestados fueron inexistentes. Detalló que, de acuerdo con la ASF, Cepra afirmó contar con 902 centros de servicio para cumplir el contrato. Sin embargo, de las verificaciones físicas realizadas se conoció que 14 de ellos no contaban con el equipo. Previo a adjudicar el contrato, abundó, el propio SAT visitó 30 centros, de los cuales sólo 3 cumplían con los requisitos de la licitación, y además constató en verificaciones telefónicas que apenas una cuarta parte operaban como tales. El abogado pidió a la FGR investigar el caso a partir de los "datos objetivos y ciertos" proporcionados por la Auditoría y, en función de ello, determinar la responsabilidad penal de los servidores públicos involucrados. -- Reforma