En promedio, una persona es denunciada cada día por aborto en el País, advierte el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE). Entre enero de 2007 y diciembre de 2016, detalla en el informe 'Maternidad o castigo, la criminalización del aborto en México', 4 mil 246 personas fueron denunciadas. Las entidades con más denuncias por aborto son la Ciudad de México, con 894; Baja California, con 466; Veracruz, con 416; Nuevo León, con 339, e Hidalgo, con 207. "El aborto debe ser considerado un servicio de salud y no un delito, ya que criminalizar esta práctica viola los derechos humanos de las mujeres al impedirles decidir sobre su reproducción", plantea GIRE. La asociación indica que la criminalización impacta de manera negativa a quienes son procesadas penalmente, a quienes cursan embarazos no deseados y también a quienes sufren un aborto espontáneo o parto fortuito. Ante ello, llama a los congresos locales a despenalizar esta práctica, al menos, durante el primer trimestre de gestación, como ya ocurre en la Ciudad de México. De acuerdo con el informe, entre enero de 2012 y diciembre de 2016, fueron sentenciadas 228 personas por el delito de aborto. En el mismo periodo recibieron prisión preventiva por esta causa 83 personas. En tanto, el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que comenzó a reportar el delito de aborto a partir de este año, señala que de 2015 a 2018 se han iniciado mil 666 averiguaciones previas por esta causa. En México, el aborto es considerado un delito en casi todas las entidades y sólo se permite bajo ciertas causales, como que el embarazo sea producto de una violación sexual, que ponga en riesgo la vida de la madre o que se detecten alteraciones congénitas en el feto, entre otras. Sin embargo, la criminalización de la práctica afecta a mujeres que han sufrido abortos espontáneos, como Isadora, de 29 años, quien fue acusada, sin pruebas, de provocarse un aborto en agosto de 2017. Según el testimonio que incluye el reporte, al experimentar cólicos intensos y sangrado, la mujer maya se tomó dos pastillas de diclofenaco para aliviar el dolor y acudió al Hospital Juárez del IMSS, en Mérida, Yucatán. Ahí, personal médico consideró que las píldoras que había tomado eran abortivas, pues Isadora sufrió un aborto espontáneo, y la trabajadora social dio aviso a la Fiscalía del Estado. A la mujer le condicionaron la atención médica a que "confesara" que se había provocado el aborto, pese a que tenía dolores intensos. GIRE asumió la representación legal de Isadora y presentó un amparo para que cese el proceso penal. A la fecha esperan la resolución. -- Reforma