Tarde o temprano, la Procuraduría General de la República (PGR) deberá entregar la versión pública de las actuaciones del caso Odebrecht, tal como se lo instruyó el Pleno del INAI, advirtió el comisionado Joel Salas. La resoluciones para el caso de las autoridades, recordó, son definitivas e inatacables, por lo que el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) ya emitió un acuerdo advirtiendo a la PGR que si no entrega en un plazo de cinco días hábiles lo requerido, le impondrá medidas de apremio. REFORMA informó ayer que la PGR se ha negado a entregar la versión pública de las actuaciones ministeriales que ha realizado dentro de la carpeta de investigación del caso Odebrecht, a pesar de que el INAI se lo ordenó desde el 2 de octubre pasado. El plazo que tenía la dependencia para abrir la información venció el 26 de octubre, por lo que el Instituto le notificó el lunes que había incurrido en un incumplimiento y la emplazó a entregar lo requerido en un término no mayor a cinco días hábiles, con la advertencia de que si vuelve incumplir puede imponerle una multa de hasta mil 500 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). "El INAI está actuando de manera cabal, conforme a las atribuciones que tiene y la PGR tendrá cinco días para entregar la versión y, si no, emitiremos en su momento las medidas de apremio correspondientes y/o daremos vista al Órgano Interno de Control para que pueda iniciar una posible sanción administrativa por el incumplimiento a nuestra resolución", señaló. De ser necesario, afirmó Salas, el Instituto hará uso de todas sus facultades legales. Recordó que el coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, señaló el lunes que su grupo parlamentario exigirá a la PGR el cumplimiento de la resolución del INAI. En su intento por retrasar la entrega de la información, refirió, la Procuraduría argumentó que le pediría una opinión a la Secretaría de la Función Pública (SFP) sobre lo mandatado. Esta justificación, aseguró el comisionado, es improcedente para el Instituto, que es la máxima autoridad en materia de transparencia y goza de autonomía constitucional. "El INAI resuelve independientemente de los intereses que estén en conflicto porque el INAI es una institución del Estado mexicano, que es transexenal", resaltó. La suspensión provisional que el 17 de octubre un Juez de Distrito otorgó al ex director de Pemex, Emilio Lozoya, para que la PGR no difunda información sobre su persona, sostuvo Salas, tampoco impide a la PGR entregar la información ordenada, pues el mandato judicial sólo aplica en lo concerniente al ex funcionario y no al resto de la averiguación. En Brasil, directivos de la firma brasileña declararon haberle pagado a Lozoya 10.5 millones de dólares en sobornos. El comisionado resaltó que conocer las actuaciones que la PGR ha realizado permitiría evaluar su desempeño en uno de los casos de corrupción más emblemático de los últimos años, pues Odebrecht sobornó a altos funcionarios de América Latina. En todos los demás países, refirió, distintos funcionarios han tenido sanciones penales o políticas, pero en México no ha habido ningún castigo relevante. -- Reforma