La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial de la ONU sobre Desplazados Internos urgieron al Gobierno de México crear una ley para atender a las víctimas del desplazamiento interno forzado. "La CIDH y la Relatora Especial de la ONU exhortan al Estado mexicano a reconocer el fenómeno del desplazamiento interno, a elaborar un diagnóstico y a recolectar datos sobre las diferentes tipologías que tiene esta problemática en México", plantearon en un comunicado conjunto. "Asimismo, instan al Estado a desarrollar e implementar una ley específica y políticas públicas dirigidas a la prevención del desplazamiento interno arbitrario, así como a garantizar la protección, la asistencia y la consecución de soluciones duraderas para las personas desplazadas internas". Ambos organismos internacionales saludaron una sentencia del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en la que se reconoce a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) como autoridad competente para otorgar la condición de víctima a personas que hayan sufrido desplazamiento interno. "Es fundamental para garantizar el goce de los derechos humanos de las miles de personas desplazadas en México", planteó Luis Ernesto Vargas, Relator sobre Derechos de los Migrantes de la CIDH. "En especial debido a los grandes vacíos que tiene el Estado mexicano en la materia; hasta el momento, a nivel federal, el Estado ha incluido formalmente a las personas desplazadas internas en su Ley de Víctimas, pero no ha desarrollado ni implementado una legislación específica o políticas públicas para abordarlo". En tanto, la Relatoría de la ONU consideró que la sentencia es esencial para concientizar sobre la difícil situación de las personas desplazadas. "A menudo son altamente vulnerables y necesitan protección y asistencia, que es responsabilidad primordial del Estado mexicano proporcionar", manifestó. "Esta sentencia demuestra una vez más el papel fundamental que pueden desempeñar las autoridades judiciales en la protección de los derechos humanos de las personas desplazadas". La sentencia del Tribunal colegiado se dio dentro de un amparo que interpuso la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), luego la CEAV se negara a reconocer como víctimas a 94 miembros de la familia Ponce Ríos, quienes debido a la violencia tuvieron que huir de Chihuahua en 2010. -- Reforma