San Luis Potosí, México (30 junio 2018).- Es viable e imperante que se dicte una sanción a las autoridades que resulten responsables de la omisión que permitió se cometieran los feminicidios en Rioverde en lo que va del año, esto a pesar que existían órdenes de aprehensión en contra de los agresores, señaló Jorge Vega Arroyo titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).

Señaló que ambos casos son atendidos por la Comisión junto con otros 18 casos que están bajo el criterio de feminicidio. A un año de que se haya emitido la Alerta de Género en el estado y que sigan existiendo este tipo de casos es un llamado a las autoridades para trabajar y hacer un mayor esfuerzo en medidas de prevención, además de que mejoren la estructura de las instancias de procuración de justicia.

Dijo que hacen falta dos unidades, creadas por medio de la ley Orgánica de la Fiscalía, para la protección a los sujetos procesales y otra unidad para medidas cautelares.

Al respecto el director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma José Abraham Oliva Muñoz, coincidió con que legalmente la PGJE tiene las herramientas para poder lograr una sanción respecto aquellos funcionarios que no cumplimentaron las órdenes de aprehensión y reparar el daño.

Dijo que cuando hay una iniciativa de delito es importante que este tipo de órdenes se cumplimente y ahora serán las propias autoridades de la Procuraduría las responsables de determinar hasta dónde llegó el impacto de la omisión.

Coincidió también en la necesidad de mejorar la operatividad de la Procuraduría de reforzar su estructura para evitar la burocracia en cuanto a la emisión de órdenes y la atención a los delitos.