Luego de que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) diera a conocer que ninguno de los 57 alcaldes que han acudido a comparecer, ha referido haber sido víctimas de corrupción por parte de diputados locales para limpiar sus cuentas públicas, el integrante de la organización civil Frente Ciudadano Anticorrupción, Alberto Narváez Arochi señaló que este no es el único elementos que existe para exonerar a los involucrados, pues la autoridad cuenta con otras pruebas, denuncias de particulares e investigaciones de campo que señalan hechos de corrupción. “Todos van a quedar exonerados, no va haber culpas qué perseguir y todo mundo tan contento, la verdad es una verdadera burla”.

Dijo desconocer si los alcaldes estén mintiendo en sus declaraciones, sin embargo dijo que la Procuraduría cuenta con la prueba más contundente que demuestra que sí hubo actos de corrupción, el video en donde se involucran varios diputados en actos de corrupción. “Él mismo está dando los elementos, él mismo se está denunciando, él y otros, esa es una prueba que tiene el Frente Anticorrupción y esa prueba la tienen todos, todos fuimos testigos”.

Por otro lado, el experto en temas jurídicos Jorge Chessal Palau, mencionó que la Procuraduría no solamente debe basar sus señalamientos en declaraciones de los alcaldes, quienes han referido no haber sido víctimas de corrupción, sino también debe encargarse de hacer otro tipo de indagatorias para fortalecer la investigación.

“Es fundamental no depender exclusivamente de testimonios, en este caso las declaraciones de los alcaldes, sino que esto es posible analizarlo a través de documentos, es revisar los papeles de trabajo, revisar los documentos que integran la contabilidad gubernamental de los municipios que pudieran estar involucrados”.

Con ello, dijo que se podrían cotejar los resultados de la auditoría con los resultados que aparecen en la contabilidad y si esto difiere se tiene una información distinta y cruzarlo con la declaración de los alcaldes y las cuentas bancarias de los diputados involucrados y alcaldes, para ver si hay movimientos de dinero que se vinculen entre uno y otro. Finalmente dijo que por la complejidad de la investigación, es un asunto que puede resolverse en uno o dos meses, pues el expediente exige un estudio a fondo de finanzas contables y sería muy prematuro emitir alguna resolución.