El Ombudsman nacional Luis Raúl González Pérez se pronunció por no desaparecer las instituciones dedicadas a la atención de los adultos mayores, como señaló ayer el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Al presentar el "Informe Especial Sobre la Situación de los Derechos Humanos de las Personas Mayores en México", planteó que la atención que brindan esas instituciones difícilmente puede ser compensada con dinero. "Una de las necesidades que se hicieron evidentes (es) el fortalecer los mecanismos e instancias de atención y apoyo establecidos para tal efecto y no desaparecerlos, como parecería desprenderse de los anuncios hechos el día de ayer", declaró el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Ayer, en su conferencia matutina, el Presidente dijo que como los recursos públicos serán entregados directamente a la población objetivo no serán necesarios el Instituto para la Atención a Personas con Discapacidad ni el de atención a adultos mayores, en referencia al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. "Era una manera de simular que se atendían los problemas de los grupos vulnerable, de la gente necesitada, pero era pura simulación", afirmó López Obrador. Ante esta situación, el Ombudsman planteó que si se encontraron irregularidades o se cometieron ilícitos en dichas instituciones deben investigarse y sancionarse, o si los procesos operativos no dan los resultados deseados, deben revisarse y replantearse. "Lo que en este ámbito no puede contemplarse como opción, es que se prive a los millones de personas mayores de la posibilidad de recibir la asistencia y apoyos que requieren, los cuales en buena medida son de carácter prestacional, por lo que difícilmente pueden monetizarse como alternativa de sustitución", consideró. El informe especial elaborado por la CNDH detectó 11 problemáticas en la atención de los adultos mayores, entre los cuales destacan que el Estado mexicano carece de políticas públicas integrales para responder al cambio demográfico y que la mayoría de los programas consideran a las personas mayores como receptoras de asistencia social y no reconocen su carácter de sujetos de derechos. Ante esta situación, María de los Ángeles Fuentes Vera, presidenta del Comité de Derechos Humanos Ajusco, reclamó que existe una deuda histórica en la atención de los adultos mayores. "Este estudio nos ayuda a visibilizar la discriminación que vivimos este grupo, tal como lo demostró la encuesta nacional de discriminación, elaborado por la CNDH, INEGI y UNAM publicaron, donde 44.6 por ciento de los encuestados señalamos que las personas mayores y sus derechos son poco o nada respetados", planteó. "Las personas mayores somos sujetos de derecho, no somos objeto de la caridad o de la conmiseración, por ello, observarnos como sujeto de políticas públicas asistenciales nos preocupa, ya que refleja una limitada mirada de la acción efectiva del Estado". -- Reforma