Como parte de un plan integral interinstitucional, el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las mujeres (SEPASEVM), como instancia intergubernamental y con representación ciudadana, dio a conocer que el 13 de marzo del presente año, se construyó una iniciativa para fortalecer la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, además de otra en el mes de junio, de reformas, adiciones y derogación de diversos artículos del código penal de San Luis Potosí, enviadas por el Poder Ejecutivo al Legislativo para su análisis, evaluación y posible aprobación. En cuanto a reformas, adiciones y derogación de diversos artículos del Código Penal de SLP, fue resultado de los trabajos dela Mesa Interinstitucional de Armonización Legislativa en materia de Derechos Humanos de las Mujeres. En ella se busca incrementar penas por feminicidio y la claridad de su tipificación, integrar la condición de género al artículo 74, aumentar las penas por violación a menores de 16 años, aumentar penas en abuso sexual, agregar situaciones de vulnerabilidad al delito de privación ilegal de la libertad, se aumenta la edad de la víctima en el delito de estupro, unificar bajo acoso sexual el hostigamiento y acoso sexual, incremento de las penas para el delito de violencia familiar. La iniciativa, que fortalece la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia contiene observaciones hechas en 2018 a México, por la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés). En esta propuesta se enfatiza la necesidad de la armonización legislativa acorde con los estándares internacionales, a fin de garantizar el acceso a la justicia de las mujeres y las niñas; además se destaca la necesidad de fortalecer el acceso de las mujeres al sector educativo y al mercado laboral, en igualdad de condiciones. Adicionalmente, se proponen mecanismos para superar estereotipos, cultura machista y de discriminación, publicidad sin estereotipos; garantizar derechos a sectores de la población en mayor riesgo de vulneración, tal como mujeres indígenas y personas con discapacidad; además del fortalecimiento de atribuciones de diversas autoridades del sistema y municipios para lograr el adelanto de las mujeres y la igualdad sustantiva. De la misma manera, se definen atribuciones de la Fiscalía General del Estado, de la Secretaría General de Gobierno y de los municipios, para la efectividad de la Alerta de Violencia de Género contra las mujeres, tales como refugios, bancos de datos, órdenes de protección, entre otros, así como órdenes de protección inmediata y de urgencia.