Andrés Manuel López Obrador ha virado su enfoque para combatir la inseguridad pública de la "tolerancia cero", importada de Nueva York, a una ley de amnistía que pretende "perdonar" a los delincuentes. Cuando fue Jefe de Gobierno de la Ciudad de México (2000-2005), de la mano del entonces Secretario de Seguridad Pública, Marcelo Ebrard -quien ahora está propuesto para Canciller- López Obrador aceptó la contratación del ex Alcalde neoyorkino Rudolph Giuliani para que tropicalizara su estrategia de mano dura en el combate al crimen. El domingo pasado, López Obrador dio a conocer la realización de foros para discutir los alcances de la amnistía, con la cual -entre otras cosas- se pretende reconstruir el tejido social, la convivencia pacífica, el desarme, la desmovilización y la reinserción de miembros de la delincuencia organizada. En 2000, tras ganar la Jefatura de Gobierno, López Obrador anunció que el enfoque que utilizaría para combatir la criminalidad sería social, pues la delincuencia se debía a la falta de oportunidad que tenían las personas marginadas y comenzó a trabajar en las 70 Coordinaciones Territoriales de Seguridad Pública y Procuración de Justicia. Sin embargo, después de que durante los dos primeros años de su administración no logró reducir la incidencia criminal y tras la incorporación de Ebrard a la SSP en febrero de 2002, el tabasqueño apostó por el endurecimiento en la aplicación de la ley y por meter a la mayor cantidad de personas a la cárcel bajo la premisa de que con ello disminuirían los delitos. El 7 de agosto de 2003, Ebrard dio a conocer las 146 recomendaciones que Giuliani Partners Group había formulado para diminuir la delincuencia de la Ciudad de México, entre las que estaban ejercer un control estricto de los limpiaparabrisas, franeleros, niños de la calle, indigentes, grafiteros, prostitutas y del ruido. Giuliani, quien ahora es el abogado del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue Alcalde de Nueva York de 1994 a 2002 y durante esos años consiguió reducir la incidencia criminal en 57 por ciento bajo el concepto de cero tolerancia a cualquier tipo de falta administrativa, bajo acusaciones de brutalidad policiaca. La asesoría de Giuliani, a quien se le pagaron 4.3 millones de dólares a través de un fideicomiso privado, se contrató dejando de lado la propuesta "Comunidades Seguras", que había sido elaborada en la UNAM y que buscaba recuperar la seguridad pública a través de la recuperación del tejido social. El Plan de Acciones de Seguridad, Procuración de Justicia y Gobierno 2004-2006, dado a conocer el 23 de febrero de 2004, fijó como meta reducir en 15 por ciento anual la incidencia delictiva a partir de incrementar el número de detenidos, aumentar las consignaciones a los tribunales y reducir las sentencias absolutorias. También preveía reducir las libertades anticipadas de los reos, incrementar la vigilancia sobre 29 mil 750 delincuentes que compurgaban su sentencia fuera de prisión, con la intención de revocar ese beneficio. "A mayor número de estos individuos que estén en prisión, tendrás una reducción del índice delictivo. Por el contrario, no hay ninguna tesis alterna, comprobada, de que a menor población carcelaria va a haber menor índice delictivo", argumentó entonces Ebrard al cuestionársele por la apuesta punitiva. -- Reforma