Miles y miles de personas salieron ayer a las calles de las distintas ciudades de Cataluña para protestar contra la violencia policial registrada el domingo pasado durante el referendo sobre la independencia. Las movilizaciones realizaron en el marco de un paro general que dejó los servicios públicos al mínimo e incluyó bloqueos en los accesos de las autopistas. El portavoz del Partido Popular en el Congreso, Rafael Hernando, no dudó en calificarlo como una huelga general política, de carácter nazi. La movilización fue organizada por los principales sindicatos, los partidos y organismos independentistas concentrados en las plazas y avenidas al grito de "Els carrers seran sempre els nostres" ("Las calles serán siempre nuestras"). También se observaron algunas marchas minoritarias, con muchos jóvenes, que apoyaban la integración con España y a las fuerzas policiales nacionales. Justo frente a la sede principal de la Policía Nacional, en el centro de Barcelona, se concentraron miles de personas para lanzar consignas, mientras los Mossos d'Esquadra los mantenían a distancia sin provocar actos de violencia. En un par de hoteles ocurrieron enfrentamientos verbales entre civiles y efectivos de la Policía Nacional, escenas de alta tensión que entre otras se reprodujeron en los medios y en las redes sociales. En Pineda del Mar, los pobladores gritaron "asesinos", y unos 50 policías de particular abarrotaron el lobby de un hotel y reclamaron a voz en cuello "¡que nos dejen actuar!". En otro establecimiento las tropas alojadas fueron obligadas por la gerencia del hotel a abandonar sus instalaciones, lo que provocó la protesta pública de las autoridades españolas. El Ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, al tiempo que daba orden a los efectivos de no abandonar sus alojamientos, dijo que denunciará la medida como un delito de odio. La vicepresidenta de Santamaría, Soraya Sáenz, calificó de mafiosa la supuesta presión municipal a los hoteleros para que decretaran tal desalojo. El duro discurso del Rey Felipe VI durante la noche cerró filas con el Gobierno del Partido Popular al responsabilizar a la administración de Carles Puigdemont de violar la ley. "Esas autoridades, de una manera clara y rotunda, se han situado totalmente al margen del Derecho y de la democracia", dijo el Jefe de Estado español. Los señaló, además, como factores de división que "con su conducta irresponsable incluso pueden poner en riesgo la estabilidad económica y social de Cataluña y de toda España". El Rey recibió el respaldo inmediato del Partido Popular y de Ciudadanos, mientras que la coalición Podemos lo reprobó y se producían caceroleadas en las ciudades catalanas. Dos horas después de la alocución real, no había habido ninguna reacción oficial del Gobierno de Puigdemont ni del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). --

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