La lógica dice que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) dejó fuera de sus indagatorias y del proceso penal a todos los miembros de la "ecuación corrupta" y concentró todo el proceso en contra del diputado con licencia Enrique Alejandro Flores Flores, dado que de lo contrario la carpeta de investigación, con la cual este martes se le vinculó a proceso a Flores, habría también incluido al resto de los presuntos implicados, consideró José Mario de la Garza Marroquín, analista jurídico, en entrevista para WFM 100.1. Dijo que la PGJE podría haber configurado el delito de asociación delictuosa y presentar de esa manera la carpeta de investigación al juez, en lugar de sólo acusar a Enrique Flores por el delito de cohecho, por lo que, aunque la PGJE podría abrir otras carpetas de investigación contra los demás implicados, la lógica dicta que se debió haber incluido todo en una misma carpeta, dado que se trata de un mismo asunto, por lo que se puede deducir que la autoridad ya no procederá contra los demás implicados. Explicó que la vinculación a proceso de Enrique Flores se puede interpretar como que el juez encontró elementos suficientes, en las pruebas presentadas por el Ministerio Público, como para iniciar un proceso penal en contra del diputado con licencia, dado que también pudo haber librado a Flores de dicho proceso, en caso de que no se hubieran presentado las pruebas suficientes, sin embargo esto tampoco quiere decir que ya se haya encontrado que Flores es culpable. Comentó que luego del inicio del proceso, el siguiente paso es que tanto el diputado como el Ministerio Público presenten las pruebas al juez sobre el caso, que pudieran ser desde videos, documentos, auditorías, información sobre la situación patrimonial del diputado, entre otras y luego el juez procederá a emitir una sentencia, la cual podría ser de privación de la libertad. Mencionó que el delito de cohecho es aquel que se imputa a un funcionario que pide dinero a cambio de obtener un beneficio indebido y en este caso se le acusa al diputado de solicitarle un pago por 4 millones de pesos al alcalde de Ébano, con el fin de limpiar todas las anomalías en el ejercicio de recursos de su ayuntamiento en la cuenta pública 2016; aunque cabe recordar que en un inicio se implicó en este asunto a otros tres diputados, los cuales actualmente se encuentran en sus curules.