En el proceso de entrega-recepción que habrá de llevarse a cabo al nuevo gobierno, hay un rubro que tiene que observarse con mucha precisión, es el estatus que guarda el cumplimiento de la Alerta de Violencia de Género. ¿Cómo dejan los gobiernos estatal y municipales el cumplimientos de la AVG? Esa sido la gran asignatura pendiente, entre otras tantas que el gobierno de Juan Manuel carreras heredará a Ricardo Gallardo. El tema de violencia contra las mujeres no obtuvo impulso económico del presupuesto local, sólo de recursos de la federación. La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) destinó recursos para financiar proyectos cuyo objetivo era disminuir las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres y prevenir la violencia, de tal manera que en esa fue la tónica de participación, si había recursos federales sí: Lamentablemente los proyectos traducidos en acciones no han sido visibles en la disminución de la violencia contra las mujeres, por el contrario, el municipio de San Luis Potosí, es de los primeros de 100 ayuntamientos de todo el país por número de feminicidios. El Nuevo Gobierno encontrará un rezago absoluto en ello, han habido simulaciones, porque a las mujeres nos siguen viendo como un tema de interés político, pero nunca con el objetivo de erradicar todas las formas de violencia y de discriminación que padecemos. Las nuevas autoridades deben revisar más allá de los documentos del informe de entrega, hacer investigación in situ para identificar que efectivamente los fondos otorgados por la Federación fueron aplicados de manera correcta. Ya hace seis años se denunció en los medios de comunicación que se desviaron recursos de la construcción del Centros de Justicia para las Mujeres de Rioverde para el financiamiento de la campaña de Juan Manuel Carreras López. Para poca fortuna de las mujeres y de las luchas emprendidas, el financiamiento de acciones para disminuir y erradicar la violencia, nunca ha sido auditado escrupulosamente, por lo tanto, se convirtió en la caja chica de la Secretaria General de Gobierno. Se han construido monumentales Centros de justicia para las Mujeres en Matlapa, Matehuala, Rioverde, y próximamente se entregará uno aquí en San Luis Potosí, que no son del tamaño de la atención que brindan. Estos centros forman parte de una política pública federal para ayudar y apoyar a las mujeres que son víctimas de violencia y que no tengan que andar dando vueltas de institución en institución, tienen la obligación de convertirse en el soporte de las mujeres, de lo contrario se convertirán en espacios muy bonitos, pero sin trabajo real.  Ahí radica la importancia de saber exactamente si los recursos que durante 2020 y 2021 se aplicaron fueron destinados completamente a ese objetivo, o bien se desviaron fondos otros rubros como pueden ser las campañas electorales. El reto para el nuevo gobierno es dejar de simular que se llevan a cabo acciones en beneficio de las mujeres, que si se hagan actividades contundentes encaminadas a erradicar la violencia. La alerta de violencia de género no puede servir sólo para la obtención de recursos federales no auditables, y seguir simulando que las cosas se hacen bien. El desafío para el gobierno de Ricardo Gallardo y para las mujeres potosinas, es ya no más a las simulaciones, no a las farsas, no a sacarle la vuelta, ni seguir generando brechas de desigualdad que nos ponen en desventaja y aumentan los riesgos de vivir violencia La violencia contra las mujeres no podrá disminuir mientras no haya una política de Estado orientada al cumplimiento de la Alerta de Violencia de Género, y la disposición ejecutar acciones mucho más allá que las que establecen dicha declaratoria.